El juez Pablo Cayssials, uno de los integrantes de la comitiva de jueces que viajó junto a funcionarios políticos y directivos del Grupo Clarín a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido quedó sorteado para definir si es constitucional o no la reforma de la Policía Federal. Se trata de la «renovación» anunciada a comienzos de semana por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El pasado miércoles, el abogado Daniel Valmaggia presentó en la Justicia un planteo en contra del decreto 383/2025, en el que el gobierno formalizó la aprobación de un nuevo estatuto para la fuerza federal e incorporó una serie de modificaciones vendidas como un proceso de reforma y modernización de la fuerza. La medida había cosechado cuestionamientos principalmente a la luz verde que se le dio a la fuerza para hacer ciberpatrullaje en redes sociales abiertas sin orden judicial, entre otros puntos.
Tras el anuncio, el letrado pidió a la Justicia que declare la inconstitucionalidad de la medida y el dictado de una medida cautelar que declare la «inmediata suspensión».
La presentación fue realizada ante los juzgados en lo Contencioso Administrativo Federal. Se trata, nada menos, que del llamado «fuero de la gobernabilidad», donde recaen todas aquellas quejas judiciales contra medidas dictadas desde el Poder Ejecutivo. El pedido fue sometido a sorteo y el azar hizo que el planteo recayera en el Juzgado a cargo del juez Cayssials.
Cayssials y Lago Escondido
Cayssials es uno de los cuatro jueces que estuvo en la comitiva de «huemules» que viajaron a Lago Escondido en octubre del 2022. Ese nombre, alusivo a un animal conocido en esa zona andina, fue el que eligieron para autodenominarse los viajeros que, una vez conocido el escándalo, debatieron por Telegram cómo surfear las acusaciones y consultas de los medios.
Además de Cayssials, vale recordar que fueron de la partida el juez de primera instancia de Comodoro Py Julián Ercolini; el camarista de Casación Carlos Mahíques y Pablo Yadarola, juez en lo Penal Económico. La comitiva, además, la integraron el fiscal general porteño Juan Bautista Mahíques, el exministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, un hombre sindicado como exintegrante de la SIDE llamado Leonardo Berghot, el publicista Tomás Reinke y los directivos del Grupo Clarín Pablo Cassey y Jorge Rendo.
Todos ellos estuvieron formalmente bajo investigación judicial luego de una denuncia presentada por el gobierno nacional a instancias del expresidente Alberto Fernández. Pero en diciembre del 2023, el juez federal Sebastián Ramos sobreseyó a todos los imputados y declaró la nulidad de lo actuado. Entre otras cosas, porque «las evidencias sobre las cuales se delineó la denuncia fueron obtenidas en violación a las garantías constitucionales». El juez aplicó la teoría del fruto del árbol envenenado, que postula que si una evidencia es obtenida de manera irregular, cualquier otra cuestión derivada de ella se considera inválida. Y caso cerrado.
Cayssials, que integró esa comitiva, tiene ahora que definir respecto de la presentación contra el decreto que tiene la firma de Patricia Bullrich. De momento, según pudo saber Tiempo, el Juzgado le corrió vista al fiscal Fabián Canda para que dictamine respecto de la presentación.
Ambos deberán revisar si son admisibles los argumentos esgrimidos por el autor de la presentación, que sostuvo, entre otras cosas, que la medida en cuestión permite actos represivos y violatorios de garantías y derechos constitucionales, como el derecho a manifestarse en forma pacífica, transitar y permanecer libremente por el territorio, y de expresar ideas sin ningún tipo de censura.
Fallos adversos
En rigor, más allá de la catalogación que tiene este fuero en relación con la gobernabilidad de las diferentes gestiones que están frente al Ejecutivo, Milei ha recibido varias decisiones adversas. Por ejemplo, en una de las últimas, el Contencioso frustó el intento oficialista de sacar la queja de la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el DNU anti-huelgas 340/25 del Fuero Laboral. Fue luego de que un juez rechazara un pedido del gobierno para pedir la inhibitoria de la jueza Moira Fullana.
En abril pasado, además, la Cámara ordenó la suspensión de algunos artículos del DNU 70/23 que, entre otras cuestiones, permitían la venta de analgésicos y antiácidos en kioscos, como pretendía el ministro de Desregulación, Federico Sturzegger. Ese mismo mes, otra Sala ratificó una sentencia que obligó al Ministerio de Capital Humano a reanudar la entrega de alimentos a comedores.
En enero, además, el gobierno recibió un revés en su lucha contra las políticas de género. En ese caso, el Contencioso le puso freno al avance de la eliminación de programas orientados a la prevención y asistencia a víctimas de violencia de género.
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Tiempo Argentino