El perito Informático, Pedro Cacivio, dialogó este jueves con CIUDAD TV sobre los alcances del decreto 383 que deroga la Ley Orgánica de la Policía Federal Argentina (PFA) y crea el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) para redefinir el perfil la de principal fuerza de seguridad nacional y habilitarla a tareas de ciberpatrullaje.
Para el experto, “es realmente necesaria la investigación en las redes sociales y sistemas” debido al crecimiento exponencial del cibercrimen y las estafas virtuales en los últimos cuatro años, especialmente desde la pandemia por COVID-19. “Ni siquiera podemos hablar ya del doble o el triple, crece de manera exponencial y más aún con el advenimiento de la inteligencia artificial (IA)” que crea nuevos escenarios de cibercrimen para los que el sistema legal, judicial, y la policía argentinos “no están para nada preparados”. Pero, además, “no existe en Argentina una policía hoy preparada para este tipo de accionar delictivo”, advirtió. “Hoy, los delincuentes utilizan tecnología de punta para cometer todo tipo de crímenes y de delitos. Y esto va a empeorar de manera grave con el uso de la IA. No contamos con una fuerza de seguridad para afrontar este tipo de crímenes”.
Consideró la preocupación de la población en cuanto al artículo que habilita a la Fuerza a investigar a cualquier ciudadano sin contar con una orden judicial o de un fiscal para hacerlo. Y remarcó que su opinión personal es que se trata de una práctica “que ya existía”. “Siempre existió bajo el denominado OSINT que es la Ingeniaría de las Fuentes Abiertas, por la cual cualquier fuerza de seguridad podía realizar una investigación ya sea en redes sociales o en sistemas de bases de datos”, por ejemplo, en la misma aplicación de MI Argentina, o el Veraz, Nosis, Facebook, Instagram y otros registros públicos.
Habló sobre el interrogante que existe en cuanto a la seguridad de los datos personales almacenados en grandes bases de datos como la aplicación MI Argentina, especialmente dado los incidentes de ataques de ransomware a organizaciones estatales. Y reiteró que tales investigaciones ya se llevan a cabo en Argentina y no son ilegales cuando se dirigen a grupos criminales a través de fuentes abiertas.
Cacivio apoyó el ciberpatrullaje para reducir las tasas de criminalidad, ya que en el 90% de los crímenes hoy involucran dispositivos electrónicos. “No me parece para nada mal un ciberpatrullaje para disminuir la tasa de crímenes y, de hecho, para prevenir estafas bancarias, a personas convencionales”.
Sin embargo, la principal preocupación es el posible uso indebido de esta información o sistema con fines políticos. “Me imagino que no es lo que una sociedad quiere ni apoyaría jamás. En teoría, no se podría utilizar para fines políticos, pero el tema es donde está la brecha porque si considero que cualquier persona puede ser un terrorista lo investigo o, simplemente, porque es un opositor y tengo el poder para poder hacerlo. Creo que hay interrogantes y el tema es qué tan clara es la ley y qué tanto se va a respetar”, acentuó.
Mencionó que leyes similares que permiten la investigación sin motivo aparente existen en los Estados Unidos desde el 11 de septiembre y en el Reino Unido incluso antes, con fines de seguridad nacional. De hecho, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) en los EE. UU. lleva a cabo espionaje global.
Cacivio concluyó que lo que está sucediendo ahora es en gran medida una legalización o “lavado de cara” de prácticas que siempre existieron en Argentina bajo diferentes nombres como “OSINT” o “investigaciones de inteligencia”.
Estas prácticas, incluida la centralización de datos a través de aplicaciones y bases de datos, fueron ya utilizadas por varios gobiernos.