Desde aquel 4 de diciembre de 2024 a la 1.30 de la madrugada, cuando fueron detenidos en el Puente de la Amistad –el que une Ciudad del Este y Foz de Iguazú– ambos permanecen en prisión domiciliaria en Asunción. En Argentina Kueider está imputado por lavado de dinero en la justicia de San Isidro y se lo investiga también enriquecimiento ilícito en Entre Ríos. Pero el pedido de extradición que hicieron la jueza Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez no avanza, con llamativas excusas burocráticas.
Qué pasa en Paraguay
Todo indica que en Paraguay buscarán que Kueider permanezca allá, con o sin condena. El delito de contrabando allí prevé hasta cinco años de prisión. Cuando supera los dos años es de cumplimiento efectivo. También existe como alternativa la posibilidad de que, en lugar de la cárcel, se imponga una multa. Kueider y Guinsel Costa “fueron hallados en flagrancia, movilizando dinero en efectivo en territorio aduanero, sin la documentación que acredite su introducción legal al país, donde se procedió a la retención y verificación de un vehículo de la marca Chevrolet con chapa N°AE797OJ-AR”, describe la acusación –a la que accedió Página/12– del fiscal de Ciudad del Este, Ysrael Villalba Ramírez, titular de una Unidad Especializada en la Persecución de Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
El mismo texto cuenta que llevaban los dólares en la parte de atrás del vehículo y que también tenían 640.000 guaraníes y 3,9 millones de pesos. Agrega que le devolvieron 9.900 dólares, que es lo que tenía permitido ingresar sin explicar nada. El vehículo fue incautado. “Al analizar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, encontró que la conducta desplegada por los hoy acusados es típica, antijurídica, reprochable y por ende punible, pues al abocarnos al análisis de las circunstancias que motivan esta Acusación, hallamos que existen suficientes elementos de convicción que permite sostener la existencia del hecho, del modo relatado en la plataforma fáctica y la participación de los acusados”, dice la acusación de la fiscalía.
El próximo paso será una audiencia ante le juez Humberto Otazú, quien definirá si acepta la elevación a juicio oral o pide alguna medida adicional. La fiscalía tenía un plazo para llevar adelante la pesquisa hasta este viernes. Como está planteado no es un caso de gran complejidad. El fiscal propone apenas seis testigos del Departamento de la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional y de la Gerencia General de Aduanas, más algunos documentos.
Lo que ya concluyó es un procedimiento administrativo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) –el órgano recaudador paraguayo, como si fuera ARCA de Argentina– que confirmó que Kueider y Guinsel Costa cometieron contrabando y dispuso que sean incautados los fondos para mandarlos al Tesoro Nacional y que la camioneta sea subastada.
En el país vecino se abrió también una causa por lavado de activos contra Kueider y su acompañante. Dos semanas después de la detención de la pareja, el empresario Carlos Guasti, CEO de Petra Urbana, una firma de Real Estate con peso en el mercado inmobiliario paraguayo, reveló en Radio10 que la joven había intentado comprar departamentos en Asunción, por cerca de 700 mil dólares. Fue el 18 de junio del año pasado, cinco días después de la aprobación de la Ley Bases, para la que el voto del entonces senador Kueider fue decisivo. A Guasti le llamó la atención que Guinsel Costa quería hacer la operación “en efectivo” y “a las apuradas”. Semanas después, la revista Análisis, de Paraná, reveló informes de inteligencia financiera de Paraguay, que decían que los pagos por seis departamentos se hicieron, uno antes y otro después de la aprobación de la ley en cuestión, pero finalmente le reintegraron el dinero porque la operación no se concretó.
Esa pesquisa quedó llamativamente en el freezer en Paraguay, o por lo menos eso es lo que se les comunicó a los investigadores en Argentina, con argumentos enrevesados sobre dificultades para que interviniera Interpol. Es conocido el buen vínculo entre el presidente Javier Milei y su par Santiago Peña.
En Argentina y contando dólares
El fiscal Domínguez, de San Isidro, imputó a Kueider por lavado en una causa que está conectada con un megaexpediente por pagos ilegales de la empresa Securitas –de seguridad privada– a funcionarios públicos de diversas provincias. El exsenador estuvo vinculado a la empresa de Energía de Entre Ríos (Enersa) y fue secretario general de la gobernación durante la gestión de Gustavo Bordet. Desde marzo último hay siete personas detenidas en ese caso –por impulso del fiscal y orden de Arroyo Salgado– todos ligados a Kueider, entre ellos Daniel González, colaborador en el Congreso, a nombre quien estaba la camioneta con la que cruzó a Paraguay y con quien se asoció en la firma Betail S.A, a nombre de la cual adquirió tres departamentos de lujo en Paraná. La cuestión patrimonial es investigada también en Concordia por el fiscal José Arias.
Con las órdenes de detención se conoció un video donde Kueider aparecía contando dinero en su oficina en Paraná cuando era secretario de la gobernación. Las imágenes estaban en un disco rígido hallado en un allanamiento de un departamento del exsenador en Recoleta. Cuando salieron a la luz, el exsenador salió a decir que eran “fondos reservados de la provincia de Entre Ríos”. Fuentes de la investigación dijeron a este diario que está corroborado que eran dólares, que hasta se pueden ver los números de los billetes en una imagen detallada y que es evidente que no existen fondos reservados en dólares, con lo cual es algo muy difícil de explicar.
Arroyo Salgado envió ya dos veces el pedido de extradición de Kueider y Guinsel Costa a Paraguay. Técnicos en Cancillería le dijeron que nunca vieron un pedido tan fundado, pero desde ese país esgrimen distintos argumentos para pedirle que lo reformule y trabar el procedimiento. Primero el Ministerio Público Fiscal paraguayo alegó que no había claridad acerca de qué tratado internacional debían aplicar, ya que citaban varios superpuestos lo que les complicaba definir qué órgano debía intervenir, y lo mismo respecto de los delitos imputados. En una segunda ocasión la respuesta fue que el documento tenía “inconsistencias” y pedía las leyes que regulan los tipos penales más resoluciones judiciales argentinas. La jueza y el fiscal, de todos modos, insisten en que sea extraditado junto a la secretaria.
Página/12