Tras las acusaciones de diversos bloques políticos por la difusión de supuestas fake news, ahora el diputado nacional de Unión por la Patria, Emiliano Estrada, podría ser investigado en los tribunales de Comodoro Py. Por el escándalo, dos de sus colaboradores ya fueron condenados el 14 de mayo. Y es que, a partir de una nueva denuncia en su contra, el fiscal Guillermo Marijuan y el juez Sebastián Casanello solicitaron a la Justicia federal de Salta que se inhiba de la causa en curso contra el legislador.
¿Qué se busca? Establecer si Estrada, que fue electo por la provincia de Salta y también fue ex ministro de Economía durante la gestión de Juan Manuel Urtubey, llevó a cabo la realización de “una orquesta” de noticias falsas con el fin de embarrar a políticos opositores a su partido, junto con empresarios y periodistas.
Aquellos que ejecutaron las tareas y ya fueron condenados hace quince días eran empleados del Congreso Nacional. Se trata de Florencia Arias Bustamante y Javier Alonso Allemand. Ambos admitieron su culpabilidad para acceder a un juicio abreviado en la justicia salteña. De hecho, llegaron a un arreglo: pena de un año y cuatro meses de prisión con “ejecución condicional” como partícipes secundarios. El delito que se les imputa: intimidación pública. Tampoco podrán ejercer cargos públicos durante un año.
Los implicados aseguraron en su defensa que consideraban las campañas difamatorias como parte de sus “responsabilidades laborales” y que no eran conscientes de estar cometiendo actos ilícitos. Utilizaban principalmente cuentas de TikTok con nombres como “La Casta Salteña”, “Casta Salta” y “La Casta de Sáenz” para viralizar los ataques, que si bien apuntaban en distintas direcciones, estaban enfocados mayoritariamente en el gobernador Gustavo Sáenz, que era asociado con corrupción y narcotráfico. Incluso existe un tercer integrante del equipo de Estrada que fue investigado por la fiscal de Ciberdelitos, Sofía Cornejo Solá, pero fue sobreseída previo a la elevación a juicio.
Cómo llegó la justicia a investigar a Estrada
La investigación comenzó a partir de que un abogado presentara una denuncia en los tribunales porteños por los mismos hechos que ya se investigan en Salta, y el sorteo judicial hiciera que el expediente recayera en el juzgado de Sebastián Casanello, con la investigación delegada en el fiscal Guillermo Marijuan. Así se abrió un nuevo frente, esta vez en la Ciudad de Buenos Aires, por presunta malversación de caudales públicos, intimidación pública, incumplimiento de autoridad y violación de deberes de funcionario público.
La Justicia porteña ya avisó que su interés está puesto principalmente en las sospechas de “peculado” (malversación de fondos públicos). Según argumentaron Casanello y Marijuan al pedir la inhibición de la justicia salteña, parte de los fondos usados para financiar la presunta usina de fake news habrían salido del Congreso Nacional. Además, la elaboración y difusión de los videos se habría realizado desde el propio despacho del legislador. Con esos elementos, los magistrados consideran que la causa debe investigarse en la Capital.
Pero en Salta no piensan ceder fácilmente. El fiscal Carlos Amad fue claro al anticipar su rechazo al pedido de inhibición y reclamó que se tenga en cuenta el avance ya logrado en la investigación local. “Adelanto mi oposición”, escribió, y avisó que fundamentará su postura en la audiencia correspondiente. Mientras tanto, sigue adelante con el caso: pidió la imputación formal de Estrada y lo citó para declarar el próximo 6 de junio.
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