Expresó su satisfacción por estas nuevas incorporaciones en las que venían trabajando a partir de “demanda de los distintos usuarios”.
Habló de una crisis habitacional, profundizada por una situación económica “producto de las políticas nacionales que impactan directamente en la provincia”, de la falta de inversión en obras públicas, y en políticas habitacionales, y de acceso a una vivienda para una clase media que años atrás contaba con la posibilidad de una adjudicación a través del PROGRESAR y de sectores más “populares” que también podían acceder a un techo propio.
“Hoy eso se ve complicado, pero además a eso se le suma lo que llamamos la epidemia de las plataformas de alquileres temporales”, dijo y mencionó que muchos adjudicatarios de viviendas sociales, es decir, de viviendas del Estado, la pagan con cuotas a “muy largo plazo, pero además “hacen usufructo no para una vivienda familiar sino para viviendas temporales. Y, en este caso impiden no solo que otras familias accedan a este a este derecho que es poder tener una vivienda digna sino también impiden en el marco de los alquileres, la posibilidad de alquilar. Tampoco se pueden alquilar para viviendas familiares”.
“Entendemos que hay una crisis”, acentuó la legisladora que trabajó el proyecto de reforma junto con sus pares de bloque Nicolás Slimel y Rodrigo Ocampo “la posibilidad de generar estas modificatorias”.
Aclaró que la ley de adjudicación de viviendas ya cuenta con impedimentos explícitos para quienes son adjudicatarios. Indicó que, por ejemplo, “la gente recibía la casa, vendía la llave, permutaba. Y eso, en tanto vos no seas el propietario de la vivienda, la ley prohíbe justamente estas cuestiones”.