El circo represivo que Patricia Bullrich se encarga de montar cada miércoles frente al Congreso alcanzó niveles de violencia que parecen fuera de control. En los primeros cinco meses del año, los palos y los gases de las fuerzas de Seguridad ya dejaron más heridos en contexto de protesta que durante todo el 2024. Así lo indica un informe realizado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) para Página/12, en base a un monitoreo de 25 movilizaciones protagonizadas por los jubilados y otros actores sociales y políticos. Entre enero y lo que va de mayo, la CPM relevó que 1231 manifestantes terminaron lastimados y debieron ser asistidos por distintas lesiones durante los operativos policiales, contra los 1216 que contó entre diciembre 2023 y diciembre 2024. Las cacerías también van en aumento: este año se contabilizaron 132 detenidos, contra los 98 del año pasado. La brutalidad no discrimina entre trabajadores de prensa, menores de edad, socorristas, hinchas de fútbol o curas en opción por los pobres: todos cobran, sin importar si la concentración es masiva o sólo se trata de decenas o centenares de personas.
“En menos de cinco meses, las personas heridas superaron en proporción y de manera exponencial a las de todo el primer año de gestión de Milei, así como también la cantidad de personas detenidas”, describió a este diario Roberto Cipriano García, secretario de la CPM, una de las organizaciones de derechos humanos que asiste en la calle con sus socorristas y abogados a los manifestantes de cada miércoles. “Los datos dan cuenta de una profundización y un agravamiento de la represión. La violencia se volvió sistemática”, agregó.
La represión tocó un pico el 12 de marzo de este año, cuando las fuerzas del orden detuvieron a más de 114 personas y dejaron centenares de heridos, entre ellos el fotógrafo Pablo Grillo (recibió el impacto de un cartucho de gas en la cabeza), la jubilada Beatriz Blanco (le abrieron la cabeza) y el hincha de Chacarita Jonathan Navarro (quedó ciego de un ojo). A partir de ese accionar violento se abrieron nuevas causas judiciales contra las fuerzas federales (en total se presentaron este año unas 13 denuncias penales y dos habeas corpus), pero ninguna logró avanzar lo suficiente para motivar un freno o límites más claros a la aplicación del protocolo de la ministra, que logró prácticamente institucionalizar la violencia institucional.
“La intervención judicial fue nula hasta ahora para ordenar el cese de esta violencia e investigar hechos graves, como en el caso de Grillo”, aportó García, y agregó que la CPM ya presentó “decenas de denuncias penales” que “no son investigadas”. “No sólo el Gobierno, sino que los jueces y fiscales que no cumplen con su trabajo son los responsables de esta violencia estatal que se agrava cada día. La continuidad de estás políticas y la falta de controles efectivos de los poderes públicos sobre estás violencias estatales generan un debilitamiento muy claro de nuestra democracia”, sostuvo.
Heridos y detenidos
El informe de la CPM para Página/12 se basa en el monitoreo de 25 movilizaciones de este año que terminaron en represión, en su mayoría frente al Congreso. Allí interviene, cada miércoles, un operativo casi siempre integrado por Prefectura, Gendarmería, la Policía Federal y la porteña. Muchas veces hay más efectivos que manifestantes. Por lo general, la intersección entre Callao y Rivadavia permanece cortada por las vallas que plantan las propias fuerzas de seguridad, lo que redunda en un sinsentido del propio protocolo, creado supuestamente para evitar cortes.
Quienes marchan cada miércoles describen que la secuencia se repite mas o menos sin variaciones cada semana: un cordon de efectivos empieza a presionar a los manifestantes para correrlos hacia una esquina o rincon, creando un “corralito” sobre la vereda. Allí empiezan los empujones, que derivan en gases pimienta, palazos y la caza al voleo de algún manifestante. Según el informe de la CPM, así se produjeron este año:
*Unas 1231 personas heridas producto de los gases y los golpes en apenas cinco meses, contra los 1216 de todo el 2024.
*Unas 132 detenciones, mucho más que las 88 contadas durante todo el 2024.
*Dentro de las personas heridas, se relevaron al menos 142 trabajadores de prensa, 20 referentes de organismos de derechos humanos que monitorean las marchas o realizan tareas de socorro y asistencia, y tres menores de edad. El resto de los lesionados son manifestantes, entre ellos varias decenas de jubilados.
*Se registraron lesiones como: quemaduras químicas en ojos, rostro y cuerpo; traumatismos, heridas contusas, esguinces, luxaciones; síncopes, lipotimias, dificultades respiratorias agudas y ataques de pánico.
*En todas las movilizaciones monitoreadas se registraron tareas de inteligencia ilegal de parte de las fuerzas de seguridad.
“Los discursos del gobierno nacional defendiendo y avalando estos delitos de las fuerzas de seguridad generan impunidad y liberan de ataduras a las fuerzas que actuan cada vez con más saña y violencia incluso contra defensores de derechos humanos, personal de salud que asiste a los heridos y trabajadores de prensa”, sostuvieron desde la CPM.
“La punta del iceberg del descontento”
Pese a los palos, los jubilados y quienes los apoyan no aflojan. Las marchas y actividades frente al Congreso seguirán, pese a las contradicciones sobre la posibilidad de terminar naturalizando la violencia oficial, que se repite cada semana. “Es evidente que no hay proporción entre las movilizaciones y la cantidad de efectivos policiales, y la represión posterior”, dice a Página/12 al respecto el Padre Francisco “Paco” Olveira.
“En parte, el Gobierno pega porque le sirve a su nucleo duro. Y también, por supuesto, busca disciplinar”, agregó el cura, que este miércoles volverá a movilizarse, con lectura de poesía incluída, sobre la Avenida Entre Ríos.
Para Paco, las represiones tienen también como trasfondo el “miedo” del Gobierno a una resistencia “todavía desorganizada”, pero que puede “crecer”. “Los jubilados on la punta del iceberg de un descontento que está por debajo y que aún no aflora, pero que en algún momento va a salir a flote”, dice. “Entonces, intentan que eso no ocurra; quieren dejar en claro que no van a permitir ningún tipo de disidencia, que nos quieren domar, disciplinar, y que lo va a hacer sin importarle la forma. Pero, por supuesto, vamos a seguir en la lucha”.
Página/12