El encargado de la misión es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, siempre con la venia del presidente Javier Milei. En los últimos días analizaron los detalles de los nuevos decretos en el marco de lo que definieron como las reformas de «segunda generación».
Hay expectativa en el sector sindical ante la posibilidad latente de cierres, achicamiento o fusiones de organismos y dependencias estatales, que se traduciría en más despidos en el Estado.
Los próximos días serán decisivos y claves. El tándem Sturzenegger-Milei trabaja a contrarreloj ante el vencimiento del período de facultades delegadas otorgado por el Congreso nacional a través de la Ley Bases.
Las facultades delegadas terminan el 8 de julio y ya avisaron que no serán renovadas. Previo a ello se espera al menos una veintena de decretos y se espera que muchos de ellos avancen sobre distintos organismos del Estado, junto a medidas en materia de desregulación.
“En los próximos 50 días vamos a ver un movimiento bastante importante, van a ser 50 días bastante interesantes en el uso de las facultades delegadas”, anticipó Sturzenegger.
El Gobierno informó que desde diciembre de 2023 ya desvinculó a 45.164 trabajadores y disminuyó un 36% los cargos superiores. Pero todo indicaría que habrá más novedades al respecto en lo que queda del año.
Además, la semana pasada, la gestión Milei avanzó con nuevas normativas que impactaron muy fuerte en el ámbito laboral de los estatales y en el movimiento obrero organizado, en materia de restricciones al derecho a huelga y un reacomodamiento de la elección de delegados gremiales en el Estado.
A su vez, por medio de los Decretos 344, 345, 346 y 347/2025, el ministerio de Desregulación puso en marcha un amplio proceso de reorganización de la Administración Pública Nacional, que implicaron la disolución, fusión y transformación de más de 40 organismos públicos.
El propósito es el de reducir duplicaciones, eliminar gastos superfluos y poner fin a décadas de “despilfarro, descontrol y expansión injustificada de estructuras estatales”.
El diagnóstico oficial revela un crecimiento sostenido del aparato estatal en las últimas décadas: desde 1983, la cantidad de organismos descentralizados y desconcentrados creció más del 150% y hoy suman 111 los órganos de gobierno que emplean a más de 80.000 agentes, es decir, el 48% del personal de la Administración Pública Nacional.
Desde 2010, la dotación de estos organismos creció un 148%, mientras que la administración central aumentó sólo un 33%. El Gobierno remarca que existen más de 5.600 unidades organizativas y casi 700 autoridades superiores solo en estos entes, más del doble que en el resto de la administración.
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