A menos de tres semanas de las elecciones provinciales en Misiones, el Tribunal Electoral local dictó una resolución que generó una ola de repudios en las últimas horas: prohibió votar a policías y miembros de las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales, amparándose en una cláusula de la Constitución misionera. La medida, adoptada mediante el Acta Acuerdo N°1221, afecta directamente al universo que rodea al suboficial retirado Ramón Amarilla, detenido hace siete meses y actualmente candidato a diputado provincial desde la cárcel.
La resolución establece que, el 8 de junio próximo “no podrán votar los soldados pertenecientes a las fuerzas armadas ni los agentes de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales”, en línea con el artículo 48 inciso 10 de la Constitución de Misiones. Para cumplir con esa norma, el Tribunal recibió y oficializó las listas de personal activo enviadas por las autoridades de Gendarmería, Ejército, Prefectura, Policía de Misiones, Policía Federal, Servicio Penitenciario, Seguridad Aeroportuaria y hasta el Liceo Naval Almirante Storni. En cada caso, se ordenó la tacha de esos votantes del padrón electoral.
Aunque se presenta como una aplicación técnica de la normativa vigente, la decisión tiene claras implicancias políticas. Amarilla, que se convirtió en símbolo de la protesta policial que puso en jaque al poder del “misionerista” Frente Renovador de la Concordia en 2024, necesita unos 25.000 votos para lograr una banca en la Legislatura. La prohibición de que voten sus camaradas en actividad limita severamente su base electoral.
Desde la oposición no dudaron en denunciar la maniobra. “Esto es un intento de proscripción encubierta. Saben que Amarilla es competitivo incluso desde la cárcel y quieren anularlo”, apuntó un dirigente misionero que no forma parte del espacio y que prefirió resguardar su identidad. Por su parte, Rita Flores, dirigente libertaria y segunda en la lista “Fuerza y Compromiso con Misiones”, fue más allá: “Por más que sea legal, esta decisión carece de legitimidad”, sostuvo en diálogo con elDiarioAR. Explicó que la cláusula en la que se basa la inhabilitación —incluida en la reforma constitucional de 1988—, “al haber sido post dictadura, tenía algún sentido, pero pasado el tiempo ya es una ley que ha quedado totalmente obsoleta”.
En los pasillos judiciales y políticos de Posadas, se da por hecho que el oficialismo provincial, acorralado por el malestar social y la amenaza del avance libertario, busca blindarse incluso a costa de las formas institucionales. Sin embargo, justifican la medida con una defensa institucional del rol de las fuerzas. Roque Gervasoni, exdiputado provincial y actual presidente del Instituto de Macroeconomía Circular (IMaC), una de las espadas más activas de la Renovación en redes sociales, sostuvo en Facebook que “están trastocados los valores y la interpretación de lo que es la política”.
“La policía está para resguardar derechos, sostener el juramento de defender los valores de la democracia”, indicó el funcionario, para quien la fuerza “no debe identificarse con ningún partido político, credo religioso o grupo social determinado”. En ese sentido, consideró que “tener un candidato que supuestamente represente a los uniformados desvirtúa la situación” y que esa distorsión fue la que motivó la intervención del Tribunal Electoral.
“El estado de confusión total que intentan instalar representa la idea de una fuerza policial gobernando. Retazos de dictadura. Un puñado de sediciosos hoy nuevamente intenta confundir a la sociedad misionera y marcar una grieta. No han entendido que no es por ahí”, concluyó Gervasoni.
Punto de inflexión
El caso Amarilla sintetiza el punto de inflexión que vivió Misiones hace exactamente un año. En mayo de 2024, docentes, policías y trabajadores estatales salieron a las calles en un estallido social sin precedentes desde que Carlos Rovira consolidó su hegemonía hace ya más de 20 años. Las protestas llegaron hasta la puerta de su casa. La respuesta no fue la negociación: fue la represión judicial. Ocho efectivos de la Policía provincial fueron detenidos y acusados de sedición, entre ellos Amarilla, quien —según la acusación— habría participado de un grupo de WhatsApp donde se planeaba tomar autobombas y ocupar dependencias policiales.
Preso en la cárcel de Cerro Azul, a 70 kilómetros de Posadas, Amarilla sostiene que su detención tiene fines ejemplificadores ya que el proceso judicial está sin avanzar. “Quieren meter miedo, que nadie más se anime a reclamar. Pero yo no me voy a callar”, le habría dicho a sus allegados. Su entorno denuncia irregularidades en la causa: desde incomunicación arbitraria hasta pruebas armadas con mensajes de WhatsApp fuera de contexto. “Toda esta causa se desarrolló de manera ilegal”, le dijo el año pasado a elDiarioAR Matías Orrego, hermano de otro de los policías detenidos.
Ahora, con una boleta oficializada, Amarilla intenta transformar su encarcelamiento en bandera electoral. Encabeza la lista “Fuerza y Compromiso con Misiones”, una alianza que busca canalizar el malestar de las bases policiales y docentes frente al oficialismo. La eliminación del voto de las fuerzas de seguridad representa un nuevo escollo. Pero también deja al descubierto algo más profundo: el sistema político misionero, que durante años se jactó de su gobernabilidad, hoy se defiende como un régimen asediado.
“Acá está en juego el pedido de justicia”, remarcó Flores. Y completó: “Le pedimos a la comunidad misionera que vote masivamente por Amarilla para ponerle un freno a este atropello”.
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