Hay diversos cálculos acerca de qué efecto tuvo en las elecciones porteñas el video generado por inteligencia artificial difundido por los trolls libertarios en el que un supuesto Mauricio Macri anunciaba que había resuelto bajar la candidatura de Silvia Lospennato para que no gane el kirchnerismo en las elecciones porteñas. Algunos especialistas calculaban que le podría haber sumado unos dos puntos a la boleta del vocero presidencial Manuel Adorni, quien se impuso por menos de tres puntos a Leandro Santoro. El video, que muchos desprevenidos dieron por cierto, generó gran polémica y llevó a que el diputado radical Julio Cobos presente un proyecto de ley para restringir la circulación de contenidos generados con inteligencia artificial durante las campañas electorales. “Queremos un debate rápido para tener una campaña limpia”, sostuvo Cobos. Lo acompañaron legisladores de otros bloques opositores.
La justicia contravencional porteña investiga la difusión del video que salió de la cuenta @TheRealBuni, del tuitero libertario rosarino Franco Buoniconto, y luego retuiteado generosamente por todo el aparato comunicacional de redes que responde al asesor presidencial Santiago Caputo. “Buni” registra ingresos a la Casa Rosada habilitados desde la oficina de Caputo. El video generó la furia de Macri y la réplica burlona del presidente Javier Milei que lo llamó “llorón” y que parecía de “cristal”. El Presidente sostiene que las peores campañas sucias se las hacen a él, con lo que implícitamente da vía libre a sus trolls.
Según Cobos, no se trató de un chiste. El video tuvo 14 millones de reproducciones y hubo quienes lo creyeron, por lo que lo consideró grave. Su proyecto estuvo acompañado por diputados de los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre e, incluso, Marcela Pagano de La Libertad Avanza. La iniciativa apunta a modificar el Código Electoral para que regule lo que denomina “contenidos manipulados” para generar desinformación en plataformas que utilicen más de 100 mil usuarios.
“Las plataformas digitales de gran alcance deberán desarrollar e implementar procedimientos técnicos para detectar y eliminar contenidos materialmente engañosos si el contenido ha sido reportado conforme al procedimiento del presente capítulo”, sostiene el proyecto de Cobos. Traza una descripción de los contenidos que deberían eliminarse, listados en “a) Muestra a una persona candidata realizando o diciendo algo que no hizo ni dijo, y que razonablemente pueda afectar su imagen o intención de voto ;b) muestra a una autoridad electoral diciendo o haciendo algo falso que pueda socavar la confianza en el proceso electoral; c) muestra a una autoridad electa diciendo o haciendo algo falso que afecte la percepción sobre la legitimidad del proceso electoral; el contenido ha sido difundido dentro del período de restricción”.
En el proyecto le otorga 48 horas a la plataforma para eliminar el video cuestionado, hasta tanto deberá colocarle una leyenda que lo identifique como un contenido manipulado y no auténtico. También faculta al juez electoral para tomar una medida cautelar. En cambio, permite a medios de comunicación difundir el video para informar que se trata de una filmación falsa y con imagen adulterada. El proyecto cita antecedentes internacionales como el compromiso asumido por empresas tecnológicas de Estados Unidos para mitigar el impacto de negativo que podría tener el uso de AI en los procesos democráticos.
La preocupación es por lo que pudiera suceder en la campaña para las elecciones nacionales de octubre, en la que podrían multiplicarse la distribución de estos contenidos falsos, fácilmente viralizables. De hecho, luego del inicial de Macri, circularon varios otros, ya en tono de burla. Podría volverse complicado para la gente discernir cuáles videos son reales y cuáles los fabricados. Esto ya es un problema que se discute en el mundo. “Los deepfakes han demostrado ser una herramienta poderosa en la configuración del debate electoral, generando material que muchas veces es indistinguible de la realidad para los ciudadanos”, advirtien desde el portal de la ONG Transparencia Electoral.
El Destape