El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°8 de la ciudad de Buenos Aires homologó un acuerdo de juicio abreviado por el que el fiscal general Marcelo Colombo -a cargo de la Fiscalía General N° 8 ante los Tribunales Orales Federales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- acordó con las defensas la condena de tres años de prisión en suspenso, el decomiso de más de 1,3 millones de dólares y el pago de multas millonarias para dos empresarios argentinos considerados coautores del delito de lavado de activos, agravado por la habitualidad, provenientes del comercio de estupefacientes que realizaba en los Estados Unidos la empresa Goldpharma, según pudo comprobarse durante la investigación del caso realizada por la justicia de Winsconsin en ese país y en el fuero penal económico en Argentina, donde el caso fue impulsado por las procuradurías de Narcocriminaliad (PROCUNAR) y de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Los condenados son el contador Sergio Ferrari y el licenciado en administración Gastón Tomaghelli, a quienes se impuso el pago de multas de $49.679.770,50 y de $152.809.164,30, respectivamente, y se obligó a fijar domicilio y someterse al control de la Dirección de Asistencia y Ejecución Penal. Durante la pesquisa ambos declararon como arrepentidos, en los términos del artículo 41 ter del Código Penal, lo cual les permitió, tras realizar el aporte de datos relevantes para la investigación, reducir la escala penal del delito a la prevista para la tentativa.
En el caso se produjo el decomiso de sumas de dinero halladas en los allanamientos practicados a los domicilios investigados ($ 458.110 y U$D 273.639), y del recuperado a partir de la liquidación de inmuebles que habían sido adquiridos por Tomaghelli con el dinero que provenía de las operaciones de tráfico de estupefacientes, por un valor de U$D 1.082.851,28. El pago de las multas y las costas del proceso se canceló con unos 300 mil dólares en criptomonedas (U$D 292.701,85 es el monto exacto) que estaban en poder de la firma Smile Technologies SA., utilizada por los imputados para las maniobras.
La investigación por lavado se había iniciado en Argentina a partir de información aportada por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos a la PROCUNAR. Los datos remitidos daban cuenta de que en aquel país se investigaba a una red de farmacias en línea, Goldpharma, con sede comercial en Argentina, dedicada al comercio y distribución de sustancias controladas -sin autorización estatal para hacerlo- como oxicodona, hidrocodona, codeína, anfetamina, metilfenidato, tapentanol, alprazolam, carisoprodol, zolpidem y diazepam, provenientes de Rumania, India y Singapur.
El avance de la investigación pudo determinar que Goldpharma estaba integrada por Jorge Alejandro Paura y Conrado Frenzel, como líderes de la organización, y Luciano Brunetti, Lucas Paura y Santiago Videmato. Paura y Frenzel, además, son socios de JC Investment Group y estaban afiliados a la red de farmacias argentinas. Asimismo, Frenzel formaba parte del Consejo de la Cámara de Farmacias en nuestro país.
La investigación en Argentina estuvo a cargo de la PROCUNAR, cuyo titular es el fiscal federal Diego Iglesias, y de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°6. La pesquisa se orientó a la averiguación de las formas en las que Goldpharma canalizaba las ganancias de las actividades ilícitas que llevaba en el exterior, a través de su ingreso al sistema financiero formal de nuestro país.
La investigación, que contó también con intervención de la PROCELAC, a cargo del fiscal general Diego Velasco, pudo determinar que Ferrari y Tomaghelli llevaron a cabo la puesta en circulación en el mercado legal de los fondos con origen espurio, a través de la utilización de las cuentas bancarias pertenecientes al “Grupo Smile” y a la financiera DTS Consulting. Esas firmas son propiedad de Ferrari y Tomaghelli, respectivamente.
Según se estableció en el caso, para las operaciones de lavado los imputados se valieron de un sistema informal de transferencia de valores como mecanismo de compensación internacional de saldos entre sus clientes, conocido como “Hawala”. Operando por fuera de los sistemas financieros para evitar la trazabilidad de los fondos y resguardar la identidad de sus usuarios, este sistema les permitió retirar y/o ingresar divisas desde o hacia la Argentina y/o desde otros países.
En efecto, se pudo comprobar que los imputados recibieron depósitos de dinero en cuentas bancarias radicadas en el extranjero a cambio de entregar esos mismos montos en efectivo o en depósitos bancarios en nuestro país, según los requerimientos de sus clientes. Las operaciones no tenían por fin transferir dinero, sino que compensaban los fondos, eliminando la posibilidad de que los movimientos fueran detectados por autoridades bancarias o financieras.
En la investigación se pudo acreditar la adquisición de un departamento de lujo ubicado en Avenida del Libertador N° 6279, que forma parte del proyecto inmobiliario denominado “BE Libertador” S.A. La operación de compra se registró en 40 cuotas que se pagaron en diferentes fechas y por distintos montos, dado que trató de una compra “en pozo”.
La operatoria realizada por los imputados fue conocida en un primer término a partir del análisis de los correos electrónicos –que fueron intervenidos y remitidos oportunamente por la DEA-, los extractos bancarios aportados por los bancos con los que realizaron transferencias y las interceptaciones de conversaciones telefónicas realizadas en el marco de la investigación.
La hipótesis fue definitivamente corroborada a partir de la declaración brindada por ambos acusados en carácter de arrepentidos ante el fiscal coadyuvante de la PROCUNAR, Matías Álvarez, y la fiscal Gabriela Ruiz Morales, interinamente de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico N°6.
En esa instancia Ferrari y Tomaghelli reconocieron los hechos imputados y las pruebas en su contra, y brindaron detalles de la relación entre ambos y con los titulares de Goldpharma para llevar a cabo las maniobras que tuvieron por fin ingresar al país los fondos provenientes de la actividad ilícita realizada en Estados Unidos.
Los fiscales Jorge Dahl Rocha, Iglesias y Velasco solicitaron la elevación a juicio del caso, que finalmente pasó del fuero penal económico al federal y recayó en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°8. En esta instancia intervino el fiscal general Marcelo Colombo, quien -tras meses de tratativas- logró el acuerdo con las defensas de los imputados. El TOCF N° 8 lo homologó en una sentencia dictada el 31 de marzo pasado, que ya adquirió firmeza.
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