En su fallo, la magistrada los acusó de los delitos de la privación ilegal de la libertad agravada, abuso funcional, aplicaciones de severidades, vejaciones, apremios ilegales y aplicación de tormentos. Además, decretó el embargo de bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de 500 mil pesos.
En el documento se sostiene que “en este proceso se investiga la serie de hechos delictivos cometidos por miembros del Ejército y de las distintas fuerzas de seguridad, ocurridos en el periodo 1975-1983 en jurisdicción de la Provincia de Corrientes, en ámbito de la Ciudad de Goya y zonas de influencia, como ser secuestros de personas, privaciones ilegitimas de la libertad, tormentos, y desaparición forzada de personas, realizándose distintos procedimientos en el ámbito provincial con detenciones de personas, sin presentar órdenes de allanamientos u otro instrumento legal”.
“Estas personas irrumpiendo en las viviendas de las víctimas, las que apresadas habrían sido trasladas a los distintos centros de detención, escenario físico donde ocurrieron los hechos ilícitos que tendría por epicentro la Compañía de Telecomunicaciones 121 y Compañía de Ingenieros 7 del Regimiento de Goya, la primera, dependiente del II Cuerpo de Ejército Argentino con asiendo en Rosario y la segunda, dependiente de la Brigada VII, con asiento en la Ciudad de Corrientes, el “Club Hípico” ubicado frente a la Compañía Ingenieros 7 y Guardería de lanchas, o lugar llamado por los detenidos “La Pajarera”, ubicado sobre el Riacho Goya, ambos situados dentro de Campo Hípico, propiedad del Ejército Argentino y el lugar llamado Destacamento Policial “Puerto Boca”, denominado por los detenidos “Casa de los Murciélagos”, hoy casa abandonada ubicada camino al Puerto a unos 6 kilómetros de la ciudad de Goya”, señala.
Además, indica que las víctimas estuvieron “casi siempre vendadas, serian sometidos a interrogatorios, bajo apremios, vejaciones y torturas, como ser aplicación de descargas eléctricas, golpizas con manos y puntapiés, simulacros de fusilamiento, amenazas y presión psicológica entre otros métodos”.
”Las victimas en su mayoría habrían sido alojadas en los distintos centros que se mencionaran, posteriormente en algunos casos se las dejaría en libertad simplemente, puestas en libertad firmarían actas y en otros se las ingresaría al sistema legal y luego obtendrían su libertad y en otros casos, hasta el día de la fecha se desconocerían sus paraderos”, fundamentó la jueza.
El Litoral