“Con los votos de las juezas Rocío Alcalá y Patricia García se ha confirmado el procesamiento de 11 oficiales y suboficiales, tanto del Ejército Argentino como de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco y del Servicio Penitenciario Federal”, detalló Vigay. La medida había sido dictada en primera instancia por la jueza federal Zunilda Niremperger el 30 de diciembre de 2023.
El fiscal señaló que la causa aborda “crímenes, fundamentalmente privaciones ilegítimas de libertad y tormentos tanto físicos como psicológicos cometidos contra detenidos por razones políticas”. Los hechos ocurrieron entre 1974 y 1979, y las víctimas fueron alojadas en el Centro Clandestino de la Brigada de Investigaciones, la Alcaldía Policial y la cárcel federal U7.
“Estamos hablando de hechos que ocurrieron entre el año 1974 y el año 1979, fundamentalmente procedimientos de detención ilegales en el marco de la madrugada, de fuerzas conjuntas, de la Dirección de Investigaciones y del Ejército, y después el traslado a este centro clandestino donde las víctimas eran torturadas sistemáticamente durante una semana, dos semanas, incluso hasta un mes”, explicó.
Entre las 23 víctimas, se identifican militantes de centros de estudiantes, parroquias, gremios, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y la Juventud Peronista. También se incluye a cinco niños. “En un caso, un bebé de ocho meses que estuvo detenido junto a su mamá y el caso de cuatro hermanas menores que estuvieron detenidas en su domicilio durante varios días”, precisó Vigay.
Con la confirmación del procesamiento, la causa está próxima a ser elevada a juicio oral. “Ya quedaría la etapa de elevación a juicio, que entendemos puede ser en las próximas semanas”, anticipó el fiscal. Sin embargo, indicó que todavía “quedan pendientes algunas indagatorias que la fiscalía está insistiendo en que se puedan tomar”.
Además, la Cámara revocó dos faltas de mérito, por lo que “el juez tiene que volver a dictar una nueva resolución en cuanto a la situación procesal de estos dos imputados por dos casos puntuales”.
Vigay señaló que se trata de un juicio de gran magnitud, “porque estamos hablando de 11 imputados, y pueden sumarse algunos más, y por lo menos 23 víctimas”, y proyectó que el juicio oral podría comenzar “a principios del año 2026”.