La ex intendenta de Resistencia y ex funcionaria del gobierno de Mauricio Macri, Aída Ayala, afronta desde este miércoles su segundo juicio oral por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión como secretaria de Asuntos Municipales de la Nación. El proceso comenzó a las 8:30 y gira en torno a supuestos hechos de corrupción en el manejo de fondos nacionales destinados a municipios.
En diálogo con medios locales, Ayala explicó que su defensa presentó un recurso legal. “Los abogados han presentado un recurso de nulidad por algunas actuaciones ya que, según los abogados, no estarían bien hechas”, detalló. No obstante, consideró que el juicio continuará: “El juicio seguirá seguramente y seguirán investigando”.
Cabe recordar que la causa es por la firma de un convenio con el municipio de Quitilipi, para la compra de herramientas y máquinas en el que se pagaron sobreprecios.
Ayala apuntó al ex intendente de esa localidad, Sergio Casalboni, también investigado, asegurando que su testimonio revela contradicciones clave: “Casalboni reconoció su mala actuación cuando fue intendente. Lo que no entiendo es que si él reconoció que compró con sobreprecio, adquirió los equipos, ¿cuál sería mi intervención, en ese sentido?”.
Sobre los cuestionamientos a su rol en la Secretaría de Asuntos Municipales, Ayala remarcó que el organismo no tenía capacidad para fiscalizar directamente la ejecución de los fondos en todos los municipios del país. “Teníamos en Nación todo un circuito de controles y acá tiene que controlar el Tribunal de Cuentas. La Secretaría de Asuntos Municipales no puede estar controlando a los 2.300 municipios que accedían a estos programas y que eran supervisados por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio”, sostuvo.
Además, consideró exageradas las imputaciones en su contra: “Esto es totalmente descabellado, que un intendente reconozca su propia torpeza, alegue su torpeza, y quiera compartirla con alguien que no tiene nada que ver”.
Ayala aseguró estar “tranquila” tanto en relación con esta causa como con la ya resuelta por el Plan de Intervención Municipal (PIM), en la que fue condenada a tres años de prisión en suspenso por fraude a la administración pública vinculado a contratos de recolección de residuos durante su paso por el municipio capitalino.
Por último, planteó dudas sobre el proveedor involucrado en los proyectos financiados: “Hubo más de 40 o 50 proyectos en la provincia y tendría que investigar la Justicia si todos son con el mismo proveedor”.
El caso
La causa cuyo juicio comenzará en la jornada de este miércoles es por la firma de un convenio con el Municipio de Quitilipi, para la compra de herramientas y máquinas en el que se pagaron sobreprecios.
Ayala, como secretaria de Asuntos Municipales, firmó en 2016 un convenio con el ex intendente de Quitilipi, Sergio Casalboni, para la compra de máquinas y herramientas con un subsidio de 960.093 pesos. En el acuerdo intervinieron Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte, ex funcionarios de Ayala en Resistencia, para direccionar la compra a la empresa “Service Hogar”, de Claudio Tolosa, con sobreprecios. Esto fue avalado por Ayala con la firma de la rendición final, según la acusación que hizo el fiscal federal Patricio Sabadini, cuando el caso pasó a la etapa de juicio oral. Balmaceda además es el yerno de Ayala.
La ex intendente es juzgada por el delito de defraudación contra la administración pública junto con Casalboni, Balmaceda Paiva, Vilte y Tolosa.