El presidente del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), Germán Eduardo Oestmann, presentó una denuncia penal contra el fiscal federal subrogante de Sáenz Peña, Carlos Martín Amad, acusándolo de abusar de sus funciones y violar la autonomía universitaria mediante requerimientos arbitrarios y persecución institucional.
La denuncia, respaldada por la Resolución 240/2025 del Consejo Superior, fue radicada ante el Juzgado Federal local y expone tres ejes centrales de irregularidades.
Los hechos
La denuncia detalla que el fiscal Amad emitió tres oficios (97/2024, 99/2024 y 121/2025) en marzo de 2025, solicitando información confidencial sobre deliberaciones internas del Consejo Superior, actas de sesiones, y documentos administrativos vinculados a causas judiciales en trámite. Según Oestmann, estos pedidos instrumentalizaron investigaciones preliminares para recolectar pruebas de manera encubierta en causas ya iniciadas, vulnerando el debido proceso, atentaron contra la autonomía universitaria, consagrada en el Art. 75 de la Constitución, al exigir detalles de debates y posturas de consejeros, lo que Oestmann calificó como “hostigamiento institucional” y violaron el principio de mínima intervención penal, al judicializar asuntos que deberían resolverse por vías administrativas.
Gravedad institucional
La denuncia enfatiza que las acciones de Amad configurarían los delitos de abuso de autoridad (Art. 248 del Código Penal) y violación de deberes de funcionario público, destacando: desconocimiento normativo (uno de los oficios citó una ley derogada hace 70 años (Ley 13.031), intromisión en deliberaciones (se exigieron informes sobre “posturas y justificaciones” de consejeros, lo que, según la UNCAUS, criminaliza el debate académico) y contexto de causas previas (los requerimientos coincidían con órdenes judiciales en expedientes donde Amad ya estaba recusado por falta de objetividad).
Recusación y querella
Oestmann también solicitó la recusación de Amad y la auxiliar fiscal Pamela Michlig (esta última denunciada previamente por miembros del Consejo), argumentando “temor fundado de parcialidad”. Además, se constituyó como querellante, ofreciendo como prueba los oficios cuestionados y resoluciones universitarias.
El caso podría escalar a la Corte Suprema por su gravedad institucional, ya que afectaría principios republicanos como la división de poderes y la libertad académica. La UNCAUS sostiene que la Fiscalía intentó “fiscalizar políticamente” a la universidad, un precedente peligroso para el sistema educativo público.