En diálogo con CIUDAD TV, la secretaria gremial de la UTEP, Johana Duarte, anticipó los preparativos para la gran marcha nacional que tendrá lugar el próximo 7 de agosto junto a la CGT y a las dos CTA. En ese contexto, analizó el impacto que tendrá en Chaco la baja de 45 mil programas “Volver al Trabajo” decidida por el gobierno de Javier Milei. Alertó por la caída del consumo local, el retroceso del Estado en los barrios y riesgo de que el vacío lo ocupen los circuitos de préstamos informales.
El 22 de julio, en el marco de una agenda de lucha construida junto a la CGT y las dos CTA, distintas organizaciones sociales acompañaron la ronda de jubilados en el Congreso, una movilización semanal que —señaló Duarte— suele terminar con represión y “operativos desmedidos” por parte de las fuerzas de seguridad. Pero la jornada estuvo marcada por una noticia previa que la dirigente calificó como “muy preocupante para el sector de la economía popular”: la Cámara Federal de San Martín había dejado sin efecto la medida cautelar conseguida en abril, que garantizaba la continuidad del pago del salario social complementario, conocido como programa Volver al Trabajo.
La cámara hizo lugar a la presentación del Gobierno nacional. La consecuencia directa, explicó Duarte, es que desde agosto más de 900.000 familias en todo el país dejarán de cobrar el programa. “Eso nos lleva a una situación de mucha preocupación y de mucha complejidad, porque en un momento donde efectivamente cada vez alcanza menos la plata, cada vez ingresa menos plata en las familias argentinas”, planteó.
Según precisó, son 930.000 los trabajadores de la economía popular que percibían el programa en todo el país. En Chaco, la cifra alcanza a 45.000 personas. Junto con Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy, la provincia integra el grupo de distritos del norte argentino con mayor cantidad de beneficiarios.
Un salario congelado desde 2023 y desenganchado del salario mínimo
Duarte remarcó que la afectación no es solo la pérdida del ingreso, sino también su historia reciente. El salario social complementario quedó congelado en 78.000 pesos desde la asunción del actual Gobierno nacional, en diciembre de 2023, y fue desenganchado del salario mínimo, vital y móvil, al que antes estaba atado. “Antes, cuando aumentaba el mínimo vital y móvil, aumentaba el salario social”, explicó. Fue en abril de este año, cuando el Gobierno decidió directamente eliminarlo, que las organizaciones lograron la cautelar por vía judicial, “porque obviamente esa quita afecta directamente la posibilidad de acceder a derechos básicos como la alimentación en esas más de 900.000 familias”.
El impacto económico en el circuito local
Para la dirigente, el golpe no se limita al trabajador individual: repercute en todo el entramado económico donde ese ingreso circula. En Chaco, los 45.000 titulares del programa representan más de 3.000 millones de pesos que dejarán de ingresar por mes a la provincia. “Esa plata en realidad en donde la gasta el trabajador, la gasta en su circuito económico: compran en el almacén del barrio, compran en la verdulería del barrio”, detalló. Ese es, según Duarte, el dinero que dejará de entrar en una provincia donde “ha caído estrepitosamente el consumo” y donde “cada día se bajan las persianas de los comercios”.
La dirigente subrayó que las provincias del norte, entre ellas Chaco, tienen una proporción de trabajadores informales mayor que la de empleo formal, lo que profundiza el impacto de la medida. Fue en ese marco que las organizaciones sociales convocaron a la jornada de lucha federal del 22 de julio, con epicentro en el Puente Pueyrredón, en Buenos Aires, pero con réplicas en todo el país.
“78.000 pesos alcanzaban para la garrafa o para cargar la SUBE”
Duarte insistió en que, aunque la cifra pueda parecer baja, el salario social complementario cumplía una función concreta en la economía cotidiana de miles de familias. “Uno dirá ‘bueno, son 78 mil pesos’, pero 78 mil pesos alcanzaban quizás para comprar la garrafa, para cargar la SUBE, para hacer alguna changa”, explicó. También mencionó el rol del programa en comedores y merenderos comunitarios, donde varias trabajadoras aportaban una parte de ese ingreso para comprar arroz y fideos destinados a la comida del barrio.
“Hay un avance del crimen organizado” en los barrios
Uno de los ejes más fuertes de la entrevista fue la advertencia sobre el vacío que puede dejar el Estado en los territorios. Duarte lo describió con un ejemplo concreto de Resistencia: “Uno puede recorrer la zona sur de la Ciudad de Resistencia y el retiro del Estado es la complejidad de que avanza toda la red de criminalidad en el territorio”, afirmó. Según explicó, ese avance se expresa en los préstamos informales que endeudan a las familias: “Vos tomás un préstamo en la informalidad y lo tenés que devolver en 30 días con el 80% de interés. Si no lo devolvés, esas personas te caen en tu casa y eso se traduce en situaciones de mucha violencia.”
Para la dirigente, la quita del salario social “lo único que va a hacer es acelerar esos niveles de conflictividad”. Y lanzó una advertencia dirigida a las autoridades locales: “Si fuera gobernador o intendente, estaría muy preocupada por esta situación, porque efectivamente donde confluyen las primeras situaciones de crisis, cuando no hay forma de resolver cuestiones básicas como la comida, terminan estallando en los municipios, en las gobernaciones.” Por eso, reclamó que los gobiernos provinciales y locales “se tienen que poner al frente de esta lucha” y exigir al Gobierno nacional la continuidad de los fondos que sostienen las economías locales.
Sin diálogo con el Gobierno nacional y capacitaciones con escasa inscripción
Consultada sobre si hubo alguna respuesta oficial, Duarte fue categórica: “El Gobierno nacional no solamente no habla con nosotros, no habla con ningún sector.” Cuestionó además el argumento oficial de que el programa Volver al Trabajo es reemplazado por un esquema de formalización laboral. Según indicó, de las 900.000 personas alcanzadas por la medida, el propio Gobierno reconoció que solo se inscribieron alrededor de 1.500 en las capacitaciones ofrecidas en todo el país, y la mayoría de esas instancias se dictan en la Ciudad de Buenos Aires, lo que dificulta el acceso de quienes viven en las provincias.
La dirigente cuestionó también el diagnóstico económico que sostiene la medida: “Hay familias enteras que hace más de un año que buscan empleo formal y no se encuentran, porque no hay una reactivación de la economía en la Argentina.” Habló, en cambio, de “un industricidio, una destrucción de las industrias y una destrucción de las pymes”, sectores que a su juicio están íntimamente ligados al desarrollo de la economía popular.
Apelación en curso y una nueva movilización para el 7 de agosto
Duarte confirmó que, tras el fallo de la Cámara Federal de San Martín, las organizaciones presentaron una apelación que deberá resolver la Corte Suprema. Mientras tanto, adelantó que continuarán con el reclamo y la denuncia de la situación, en el marco de la construcción, junto a la CGT y las CTA, de una nueva jornada de movilización prevista para el 7 de agosto.
Según explicó, se trata de una fecha con fuerte carga simbólica: se cumplen diez años de la primera gran marcha de los movimientos populares y remite, además, a la histórica jornada por “Paz, Pan y Trabajo” convocada por Saúl Ubaldini frente a la última dictadura. Duarte anticipó que la convocatoria del 7 de agosto confluirá con otros reclamos —los colectivos de discapacidad, el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario y el rechazo a la firma prevista para el 6 de agosto sobre los territorios— y que el reclamo por el salario social complementario tendrá allí “una fuerte carga simbólica” en el aniversario de esa primera movilización.