Los bloques opositores nacionales buscan repetir este miércoles en la Cámara Baja lo logrado con la Emergencia en Discapacidad y darle otro golpe político y constitucional al Presidente. Por ahora estarían asegurados los votos para ratificar la Emergencia Pediátrica y hay final abierto para el financiamiento universitario.
La oposición busca repetir lo que logró con la Emergencia en Discapacidad y darle otro golpe al Presidente. Desde la Casa Rosada enviaron fondos a un grupo de provincias para intentar torcer el voto de algunos diputados.
Así, al filo de las 14, con el voto afirmativo de más de dos tercios de los diputados, comenzó el debate conjunto de ambos temas, que será con tiempos acotados. Luego se votará por separado cada uno de los dos proyectos.
La sesión especial fue impulsada por los bloques de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Coalición Cívica y Democracia para Siempre. Es para debatir los vetos a las leyes de Garrahan y universidades, pedidos de interpelación a funcionarios del Gobierno y emplazamientos para debatir la ley de DNU.
De prosperar lo rechazos a los vetos, se girarán al Senado, que tendrá la palabra final. Allí los libertarios se encuentran en una posición extremadamente débil y es improbable que frenen la ofensiva opositora para voltear definitivamente los vetos.
La ley de emergencia pediátrica dispone una recomposición salarial para todo el personal del área, elimina el impuesto a las ganancias sobre guardias y horas extras, habilita compras directas de insumos y financiamiento con fondos de contingencia. También refuerza el sistema de residencias médicas. Define que se financiará con una reasignación de fondos y uso de reservas.
El proyecto de financiamiento universitario prevé actualizar automáticamente por inflación los gastos de funcionamiento, hospitales universitarios y partidas de ciencia y tecnología, con retroactividad a 2024 y ajuste bimensual.
También dispone un aumento salarial inicial del 40,8%, paritarias trimestrales y subas mensuales atadas al IPC, además de la recomposición de becas y auditorías de la AGN. Milei ya había vetado una norma similar el año pasado. Según la OPC, el costo fiscal para 2025 rondaría los $1,9 billones, equivalentes al 0,23% del PBI.
Página 12/La Nación