Con expositores invitados, la Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados tratará un proyecto que busca imponer penas por hechos de vandalismo rural y es impulsado por el pampeano Martín Ardohain (Pro), presidente de la comisión.
El encuentro se realizará este martes, desde las 15, en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja y, además de ese tema, el temario contempla una docena de proyectos de resolución y declaración.
El proyecto ya fue puesto a consideración en la Comisión de Legislación Penal, que es cabecera del mismo, dado que consta de tres artículos con modificaciones al Código Penal.
En el primero se propone la incorporación del artículo 150 bis al CP, el que cual establecería una pena de prisión de un mes a un año al que “entrare en establecimiento rural, terreno o sus dependencias, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo”.
“Se presume la voluntad de exclusión por la sola existencia de cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso”, añade el texto, al tiempo que aclara que “no se configurará el delito cuando el ingreso responda a una necesidad justificada, razones de auxilio o cuando la configuración del lugar no permita distinguir claramente el límite con la vía pública”.
Además, plantea incorporar el artículo 184 bis al CP, que prevé penas de prisión de 2 a 8 años y multa de 3 a 12 veces “el valor del daño causado, el que, sin causar una situación de peligro común, destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare” elementos que afecten “de manera directa el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura del establecimiento agropecuario”. En ese sentido, se enumera cereales no cosechados, silobolsas, ganado, leña, etc.
“En idéntica pena incurrirá quien destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare instalaciones tecnológicas destinadas a la provisión de energía o extracción de agua”, suma y agrega que “la pena mínima se elevará al doble si el autor o quien hubiere determinado a otro a cometer el hecho fuere funcionario público o se dedicare habitualmente a la actividad agropecuaria”.
Finalmente, se modifica el ya existente artículo 209 del Código Penal, que contempla actualmente pena de prisión de 2 a 6 años para el que públicamente instigare a la comisión de un delito y se incorpora que “la pena se aumentará en un tercio si la instigación se realizare a través de medios de comunicación masiva, redes sociales o plataformas digitales”.
En los fundamentos de su proyecto -que fue acompañado por el Pro, UCR, MID y un diputado de LLA-, Ardohain defendió que la iniciativa “no nace de una mera ambición técnica, sino de la necesidad urgente de reconocer que el campo argentino está siendo afectado por modalidades delictivas que la ley hoy ignora o minimiza, dejando al productor en un estado de absoluta indefensión. Estamos ante un escenario donde el daño a un silobolsa o la destrucción de la infraestructura tecnológica estratégica se pretenden juzgar con herramientas del siglo pasado”.
En ese sentido, aseguró que “esta iniciativa tiene por objeto adecuar y actualizar las normas penales para dar una respuesta sistémica, eficaz y moderna a una problemática que impacta directo en el tejido social y económico del país, diseñando una arquitectura técnica precisa que dote a los magistrados, fiscales y fuerzas de seguridad de tipos penales operativos, objetivos y desprovistos de las ambigüedades procesales que históricamente han dificultado la persecución del delito en el sector”.
Fuente: Parlamentario