La defensora Interamericana por Argentina, Gisela Gauna Wirz, en declaraciones para CIUDAD TV resaltó el encuentro que mantuvieron integrantes del Ministerio Público Fiscal y personas privadas de su libertad a quienes dieron detalles del sistema de comunicación y el uso de celulares dentro de las cárceles y comisarías.
“Se trató de una reunión informativa, con el presidente del Comité para la Prevención de la Tortura, Darío Gómez, a explicarles a las personas privadas de su libertad cómo es todo el mecanismo para que pueda suceder o no esta situación, que se plantea frecuentemente en los medios, respecto de la restricción de este derecho del cual están gozando las personas privadas de la libertad en el Chaco”, detalló.
En abril de este año, el gobernador, Jorge Capitnaich, mediante un decreto presentado ante la Cámara de Diputados de la provincia, vetó en forma parcial el título y los artículos 1°, 3° y 4° de la sanción legislativa N° 3794-J, que establecen la “prohibición del uso de telefonía celular e internet en los establecimientos penitenciarios”.
La defensora no desconoció lo ocurrido en la Cámara de Diputados y advirtió que los “datos que se tuvieron en cuenta para sancionar esa ley no fueron aportados por nuestra propia provincia, sino que fueron datos del conurbano bonaerense y cárceles de otros lugares del país, como Rosario”. Y recordó que en “Chaco, el uso de celulares comenzó durante el tiempo de la pandemia y no hubieron incidentes que desaconsejaran su uso, por eso se prorrogó a través de un decreto y luego del veto parcial del gobernador, Jorge Capitnaich, a esta ley de la Cámara de Diputados, se siguen usando como hace tiempo atrás”.
“Tenemos que poner en contexto la situación y, en su momento, deberán los diputados escuchar a las personas que trabajamos en contexto de encierro o con las personas que están en contexto de encierro”, sostuvo Gauna Wirz.
También remarcó el hecho de que “hay gente que está muy alejada de su familias detenidas y está es la única posibilidad de contacto que tienen”. Y mencionó el “principio de intrascendencia de la pena que indica que la persona debe cumplir una condena pero esa condena no puede ser ejercible a su grupo familiar. Es decir, las relaciones familiares se pueden mantener a través del celular”.
Alertó además sobre la existencia de “un habeas corpus que está pendiente de cumplimiento, que presentamos todos los defensores oficiales del Chaco por las condiciones indignas en las comisarías, donde las personas viven absolutamente hacinadas y condenadas sin posibilidad de resocialización, rehabilitación, trabajo ni espacio de recreación”. “Cómo vamos aplicar una ley que les restringe la única posibilidad de tener conocimiento de lo que sucede en el mundo exterior, hablar con su familias e incluso denunciar malos tratos si es que los hubiere”, marcó.
El uso de celulares
Consultada sobre cómo se aplica el uso de los dispositivos entre las personas privadas de la libertad, la defensora General indicó que “hay muchos que tienen acceso a internet porque estudian. Pueden llevar adelante sus estudios a través de internet, de acuerdo a cada caso”.
Aclaró también que “no ingresa cualquier teléfono, todos están registrados y en caso de ocurrir algún tipo de delito se detecta a la persona que lo cometió. Ahora resulta mucho más fácil y factible detectar los ilícitos que cuando los celulares eran ilegales”. Además, resaltó que “se produce una autorregulación, en tanto todos ellos se cuidan de que nadie haga uso indebido del celular para evitar que, eventualmente, les sean sacados a todos”.
En cuanto a la postura de la ley vetada por el Ejecutivo, la defensora Pública Interamericana por Argentina, planteó que “en base a los tratados internacionales que suscribió Argentina, existe un principio de progresividad y de no regresividad en los derechos humanos, es decir que siempre se tienen que ir concediendo en más y avanzando hacia adelante. Cuando uno otorga un derecho no lo puede quitar y menos sin ningún tipo de fundamento válido”, aseveró.
“Avanzar en algo como esto sería no sólo inconstitucional sino inconvencional y pondría a la Provincia del Chaco y, por ende, a la Argentina en una situación de falta frente a los organismos internacionales de derechos humanos. Quizás sea preciso reconocer el terreno, saber en qué condiciones están viviendo las personas privadas de su libertad y después de ahí plantear algún tipo de propuestas que sea adecuada y, por supuesto, escuchando a todas las partes”, reafirmó.