El director del Centro de Instituciones de Atención a Personas con Discapacidad del NEA, Jorge Pachecoy, advirtió que “los aranceles están congelados desde diciembre del año pasado” y que la situación del sector “es muy crítica”. Se refirió a la ley de Emergencia en discapacidad y cuestionó el decreto del Gobierno que reenvía al Congreso la definición de los fondos.
El director del Centro de Instituciones de Atención a Personas con Discapacidad (CIAD) del NEA, Jorge Pachecoy, de visita en los estudios de CIUDAD TV planteó la difícil situación que atraviesa el sector y analizó las últimas medidas políticas en torno a la emergencia en discapacidad.
“El sector se encuentra en emergencia desde hace mucho tiempo. En el cambio de gestión de Alberto Fernández a Milei ya veníamos con retrasos arancelarios marcados con relación a la inflación y a los aumentos generales de los costos de funcionamiento”, señaló.
Explicó que durante 2024 se otorgaron “algunos incrementos arancelarios, pero insuficientes” y agregó: “Desde diciembre del año pasado hasta hoy no tuvimos ningún aumento. Los aranceles están congelados desde diciembre de 2024, que ya venían atrasados”.
Pachecoy describió la situación de las instituciones: “Se hace muy angustiante trabajar de esta manera. Llegamos a fin de mes y no sabemos si podremos pagar los sueldos. Hay instituciones que recién terminaron de pagar aguinaldos. Casi todas estamos endeudadas con la AFIP o con bancos”.
Sobre la ley de emergencia en discapacidad, indicó que “fue sancionada a pesar de la voluntad del Gobierno de no otorgar aumentos para mantener el equilibrio fiscal”. La norma, dijo, “prevé incrementos en los aranceles desde diciembre de 2023 a hoy en base al IPC, descontando lo ya otorgado, y de ahí en adelante actualizaciones mensuales”.
En ese sentido, recordó que “el Gobierno vetó la ley, pero ambas cámaras rechazaron ese veto y la norma quedó vigente”. Agregó que “pasados los diez días se promulgó, y ahora el Gobierno sacó un decreto reenvíando al Congreso la definición de qué partidas se usarán para financiar la ley. Eso no es aceptable, porque el que ejecuta las partidas es el Gobierno”.
El dirigente explicó que el sistema de financiamiento “funciona con un 70% que aportan empleados y empleadores, un 20% de obras sociales, prepagas y PAMI, y solo un 10% del presupuesto nacional, a través de Incluir Salud”.
“En Argentina hay 1.200.000 personas con certificado único de discapacidad, de las cuales 120.000 fueron dadas de baja por el actual Gobierno. Se estima que el 12% de la población tiene algún tipo de discapacidad, lo que significa cerca de 6 millones de personas”, apuntó y advirtió que el sistema debe llegar a una mayor cantidad de habitantes con discapacidad con la asistencia.
Describió que la crisis presupuestaria afecta directamente al servicio de transporte y a las prestaciones de las instituciones. “Hay muchos transportistas que están dejando de trasladar personas con discapacidad porque lo que perciben no es retributivo. Si no hay transporte, no hay prestación, y eso afecta directamente la calidad de vida de las personas y a sus familias”.
Respecto del escenario futuro, analizó: “El Gobierno está pateando la pelota para adelante, hacia el Presupuesto 2026, donde prevé un aumento del 10,1% más un 5% para discapacidad. Eso nos dejaría siempre atrasados”.
“Es indeclinable la obligación del Estado de atender la discapacidad, la salud, la educación y la seguridad. No se puede renunciar a eso. La discapacidad es el sector más vulnerable de todos los vulnerables y no tiene otra solución si no se los atiende”, aseveró.