El 6 de marzo se llevó a cabo la audiencia pública donde los 28 postulantes a defensor del Pueblo titular y adjunto expusieron sus propuestas, escucharon opiniones y respondieron preguntas. En ese marco, Sotelo dio a conocer en detalle las tres propuestas concretas de su postulación, que tienen que ver con el “fortalecimiento institucional a través de la administración de los recursos financieros y humanos”.
En primer lugar, planteó que el “presupuesto asignado para este organismo de control que tiene rango constitucional representa tan sólo el 1% del Presupuesto General de la provincia con tantas cuestiones para ocuparse y resolver en esta realidad de crisis social y económica”.
Dentro de la administración de los recursos humanos, expuso la “necesidad de trabajar en mejorar la situación de empleados que han recibido su último incremento salarial en el mes de diciembre del 2023; y poder trabajar y fortalecer la carrera administrativa a través de la creación de un Centro de Fortalecimiento Institucional”.
La otra propuesta tiene que ver con la extensión de la Defensoría del Pueblo. “Actualmente se está trabajando con convenios con distintas facultades, universidades y con el Superior Tribunal de Justicia para que los juzgados de paz del interior puedan ser receptores de las demandas del instituto”, adelantó.
En ese contexto, Sotelo propone un “convenio interinstitucional con los diferentes organismos particulares de cada temática, que son los que tienen el conocimiento específico” y sostiene la urgencia de “modernizar el instituto a través de convenios con la UTN y la adquisición de los servicios de la empresa ECOM para dar un salto tecnológico y accesible”.
“El último eje está vinculado a la transparencia que hace a la rendición de cuentas, a la necesidad de establecer un Observatorio de Políticas Públicas para controlar las acciones de la gestión de Gobierno”, detalló.
Como propuesta complementaria, marcó la “necesidad de modificar los mecanismos de selección y designación del instituto a través de un concurso de oposición y antecedentes, de esa manera se puede garantizar idoneidad, objetividad y darle la posibilidad al Poder Legislativo de que a través de una nómina de postulantes elijan los mejores perfiles”.
“Hoy, la selección y designación del defensor del pueblo responde únicamente a los acuerdos que se puedan dar en el ámbito legislativo. Eso es necesario revertir porque muchas veces no responde a la demanda social. El defensor del Pueblo debe ser el interlocutor válido entre la sociedad y la gestión de gobierno. Es necesario una persona que tenga la visión de poder establecer diferentes líneas de acción, garantizar el diálogo y ejercer las acciones ante el caso de desatención, incumplimiento y necesidades urgentes”, remarcó.