Los jueces federales Juan Manuel Iglesias, Fabián Cardozo y Eduardo Belforte dieron a conocer los extensos fundamentos de la sentencia condenatoria contra el clan Hipperdinger y su red de cómplices, acusados de defraudar al Estado con fondos destinados a los más vulnerables y lavado de activos de la corrupción.
El documento, de más de 700 páginas, detalla con rigor el funcionamiento de una organización criminal que durante años desvió millones de pesos de programas de vivienda para pueblos originarios y comunidades rurales del Chaco.
La investigación judicial, que se inició a partir de denuncias de la ex legisladora Ana María Canata y el periodista Luis Alberto Mancini, expone una trama sistemática orquestada desde la Municipalidad de Villa Río Bermejito. Los principales condenados, el ex secretario de Gobierno José Héctor Hipperdinger y su hijo, el asesor legal Héctor Adrián Hipperdinger, junto al ya fallecido intendente Lorenzo Heffner, crearon una red de cooperativas de trabajo ficticias para captar los fondos federales.
Según los fundamentos, la organización utilizó como herramienta principal la “Federación de Cooperativas del Impenetrable Chaqueño Ltda.”, una entidad que agrupaba siete cooperativas irregulares. Esta federación, bajo el control absoluto de los Hipperdinger, funcionó como un mero canal para recibir las transferencias del Estado, mientras las obras de viviendas jamás se ejecutaban o se realizaban de manera precaria y defectuosa.
El fallo describe con lujo de detalles el mecanismo de desvío de fondos. Los dineros, transferidos por Nación a las cuentas municipales, eran extraídos mediante cheques librados a nombre del propio municipio, pero cobrados personalmente en ventanilla por el intendente Heffner o por José Hipperdinger. Esta maniobra, que burlaba todo control, les permitió disponer físicamente de más de 219 millones de pesos entre 2011 y 2018.
La magnitud del fraude quedó al descubierto con las inspecciones de Gendarmería Nacional y auditorías del Tribunal de Cuentas. Los peritos constataron que en las coordenadas donde debían existir viviendas solo había terrenos baldíos, que se informaban ubicaciones duplicadas, y que las pocas casas construidas presentaban graves deficiencias: falta de instalaciones sanitarias y eléctricas, materiales de ínfima calidad y estructuras incompletas. En algunos casos, los supuestos beneficiarios declararon nunca haber recibido una vivienda.
El enriquecimiento ilícito de los acusados fue exponencial. Con el dinero de los programas sociales, el clan Hipperdinger construyó un barrio privado de cabañas de lujo –utilizando el prototipo de vivienda social– que alquilaba como complejo turístico, adquirió hoteles, estaciones de servicio, supermercados, numerosos vehículos de alta gama y extensas propiedades. La sentencia fundamenta que estos bienes constituyen el resultado de un sofisticado lavado de activos.
Además de José (15 años de prisión) y Héctor Adrián Hipperdinger (13 años de prisión), fueron condenados otros miembros de la familia y colaboradores, como Rosana Giménez –ex concejal y exesposa de José– a 13 años de prisión, Rolando Oscar Hipperdinger, David Ricardo Lescano –sobrino de Heffner– y a las hermanas Silvia y Alejandra Hipperdinger y Nanci Beatriz Giménez -en los tres casos a tres años de prisión condicional-, quienes cumplieron roles clave en la simulación de contratos, la administración de empresas pantalla y la adquisición de bienes con dinero de origen ilícito.
Los jueces destacaron la “afianzamiento estructural y profundo” de la corrupción en la Municipalidad de Villa Río Bermejito, que permitió el vaciamiento del erario público durante años. La sentencia subraya la especial gravedad de los hechos, ya que los fondos defraudados estaban destinados a paliar la emergencia habitacional y humanitaria de comunidades indígenas qom, sumidas en la pobreza extrema y la vulneración sistemática de sus derechos.