La Corte Suprema despidió el año y a Juan Carlos Maqueda con un gran regalo para Mauricio Macri en la causa del Correo: es un fallo que podría ayudarlo a eludir el pago de la deuda millonaria que acumula con el Estado desde 2001. Para esto, los supremos habilitaron –como pedía el expresidente– que el expediente que tramita en el fuero comercial nacional donde se declaró la quiebra de la empresa postal en 2021, sea revisado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires. No sólo eso, el alto tribunal porteño, donde el macrismo tiene ascendencia, podrá revisar los recursos no sólo del fuero comercial sino del civil, del laboral y del penal.
El caso del Correo lleva en su carátula el nombre de SOCMA AMERICANA SA, empresa medular del grupo Macri, controlante del Correo, que debería ser la que afronte la quiebra si quedara firme, lo que podría causar la ruina económica para la familia. El expediente por la deuda del Correo se inició en el 2001 pero recién dos décadas después la jueza Marta Cirulli hizo la declaración de quiebra, que quedó suspendida con la apelación. La magnitud y las implicancias del tema se hicieron visibles en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando la fiscala ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, detectó se había armado un acuerdo espurio con el propio Estado para licuarle el 98,87 por ciento de la deuda, que ella logró frenar. Esto también derivó en una causa penal. Boquin reveló cada vez más irregularidades en el trámite del concurso de acreedores. Los Macri echaron mano de cuanto recurso judicial (y político) pudieron para no pagar la deuda. Uno de los planteos fue que los recursos ante la Cámara sean revisados por el TSJ porteño.
El caso testigo supremo
Cuando llegó la discusión por la competencia a la Corte Suprema, los cortesanos tenían otro expediente en estudio que podía servirles como leading case y que fue el que encabezó esta serie de fallos de fin de año. Es una demanda civil de la familia del artista plástico León Ferrari contra el panelista Gabriel Levinas, a quien le había dado unos cuadros para exponer en París en 2008, no se los devolvió, dijo que los vendió “por razones de urgencia” y no le dio el dinero. Un fallo ordenaba ordenaba pagarle a sus herederos 88.000 dólares. Esto fue confirmado por la Cámara Civil. Para discutir esa sentencia, Levinas hizo el intento que luego repitieron los Macri: apeló el fallo ante el TSJ porteño para llevarlo a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, donde esperaba tener más suerte que en la justicia nacional. El propio TSJ trabajó la discusión por la competencia, que quedó en manos de la Corte.
En la causa del Correo, la Corte ya de por sí le había dado tres años de oxígeno al Grupo Macri hasta dictar la sentencia de este viernes. El resultado de “Levinas” fue replicado automáticamente en cuatro expedientes del Correo, lo que incluye las recusaciones de Cirulli y Boquin, además de la quiebra propiamente dicha, que ahora pasará a territorio amigo de los Macri. Buena parte de los tribunales porteños responden a sus designios. El TSJ está integrado por Inés Weinberg (fue candidata fallida de Macri a la Procuración General), Santiago Otamendi, ex viceministro de Justicia de la gestión Germán Garavano, y Vivian de Langhe, exdirectora en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad, durante la administración de Macri en la Ciudad. El juez Luis Lozano a menudo está alienado con ellos, no así Alicia Ruiz.
La Corte Suprema finalmente estableció que el STJ porteño interviene en los recursos extraordinarios de la justicia nacional ordinaria que funciona en la Ciudad de Buenos Aires donde, según el voto mayoritario existe una “situación anómala” porque coexisten coexisten la justicia local y la nacional con competencia ordinaria (civil, comercial, laboral y penal). Eso ocurre, cuestiona el fallo, pese a que el artículo 129 de la Constitución Nacional garantiza la autonomía local, y en esa línea surgen disposiciones de la Constitución porteña (que los jueces nacionales de los fueros ordinarios de la Ciudad sean transferidos al Poder Judicial local) así como compromisos de las autoridades legislativas nacional y local para traspasar las competencias judiciales.
La sentencia de la Corte, hace una suerte de traspaso de hecho de la justicia. Regaña: “A treinta años de la reforma de la Constitución Nacional, a veintiocho de la sanción de la constitución porteña, a nueve de Corrales, a siete de la firma del último convenio –lo que ya evidencia un proceso político estancado- y a cinco del fallo ‘Bazán’, se mantiene el ‘inmovilismo’”. Por eso dice que, para continuar su propia jurisprudencia, sigue “adecuando su actuación a aquella que le impone el texto de la Constitución Nacional, más allá de que el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires perpetúen la situación descripta”. Para ellos es irregular que aunque la CABA esté incorporada al sistema federal, el STJ no pueda revisar sentencias de jueces que aplican el derecho común.
Insistió con su objetivo de modificar una situación de “desigualdad o asimetría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto de las provincias”. Definió: “el TSJ es el órgano encargado de conocer en los recursos extraordinarios que se presenten ante la justicia nacional ordinaria de la ciudad” y “debe concentrar las facultades jurisdiccionales en torno al derecho local y común y erigirse como el superior tribunal de las causas”, igual que los tribunales superiores provinciales. El fallo aclara que no afecta “la continuidad transitoria de la justicia nacional ordinaria dentro de la estructura del Poder Judicial de la Nación hasta tanto no se efectivice el traspaso”. La nueva jurisprudencia se aplicará a “casos pendientes de decisión en los cuales ya se hubiera planteado un conflicto análogo y a las apelaciones dirigidas contra sentencias de cámaras nacionales”.
Desde la Unión de Empleados Judiciales de la Nación salieron a cuestionar la decisión. “Lo fallado, entre gallos y medianoches, solo tiene como objetivo principal el control del fuero del Trabajo y del fuero Comercial, pero fundamentalmente garantizar la impunidad de Mauricio Macri en la causa Correo Argentino en desmedro del Estado nacional”, dijo en un comunicado el titular del gremio, Julio Piumato.
También surgieron críticas desde el Sitraju. “Macri busca un tribunal adepto”, denunciaron desde el gremio que conduce Vanesa Siley. “El TSJ no respeta los derechos de sus trabajadores. Repudiamos esta sentencia con que esta corte termina de ensuciar la democracia argentina”, agregaron.
Votos con sorpresa
La posición mayoritaria lleva la firma de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. La sorpresa fue la disidencia de Carlos Rosenkrantz, cuya cercanía con Macri y con su operador Fabián “Pepín” Rodríguez Simón (impulsor de la designación de los supremos por decreto) es conocida.
Según Rosenkrantz el TSJ de la Ciudad no tiene competencia para revisar una sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, ni la Comercial, no otra del fuero ordinario nacional. Los tribunales nacionales, sostuvo, fueron creados por leyes del Congreso de la Nación, están integrados por magistrados designados por órganos constitucionales del gobierno nacional, sujetos a un régimen disciplinario también nacional y su competencia está regida por normas también nacionales. Cambiar esto implicaría un rediseño institucional de significativa trascendencia en el sistema federal argentino. El TSJ pasaría a tener, aunque sea transitoriamente, el carácter de tribunal nacional. Además dijo que ningún tribunal tiene la facultad de asignar de manera directa, ni siquiera de modo transitorio, las competencias propias de un tribunal nacional a uno local, alterando las disposiciones procesales. Para cambiar algo, dijo, deberían avanzar los convenios de transferencias de competencias del Estado Nacional a la Ciudad, que son parte de un proceso político que está en marcha aunque es innecesariamente lento.
El Correo
En el expediente por la quiebra del Correo, no solo el Grupo Macri aspira a no pagar su deuda millonaria sino a que queden en la nada una cantidad importante de anomalías que se fueron ventilando en el proceso del concurso de acreedores. Boqien denunció maniobras de vaciamiento, manipulación de las mayorías y otros fraudes incluso con los acreedores. Son aspectos determinantes en cuanto a las consecuencia económicas para la extensión de la quiebra a SOCMA. Pero, además, el grupo empresario aspira en otro fuero, si sale ganador, conseguir alguna clase de resarcimiento por la expropiación de la empresa.
Fuente: Página/12