Caciques del pueblo Wichí de El Impenetrable Chaqueño solicitaron la “reconsideración y cese inmediato” de las auditorías e intimaciones que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el PAMI están llevando a cabo.
A través de un comunicado, denunciaron que estos procedimientos, aunque administrativos, son “prácticamente imposibles” de cumplir para los beneficiarios, tanto indígenas como no indígenas, que viven en condiciones de extrema pobreza y aislamiento.
Según el documento, las auditorías e intimaciones son inaccesibles debido a barreras estructurales como la distancia, los costos de transporte, y la falta de infraestructura de comunicación y salud. Por ejemplo, un viaje de ida desde una comunidad al pueblo de Juan José Castelli puede costar alrededor de 50.000 pesos por persona en un transporte informal, a lo que se suman gastos de alojamiento, comida y medicamentos.
La carga sobre los más vulnerables
El pueblo Wichí argumenta que las exigencias del proceso de auditoría son desproporcionadas y obligan a muchas personas a renunciar a sus derechos y a la pérdida de beneficios sociales. El comunicado resalta que las auditorías afectan la salud física, mental y emocional de los beneficiarios y sus familias, provocando estrés, ansiedad y miedo a perder sus ingresos mínimos. La situación se agrava porque la salud de estas personas ya está debilitada por las condiciones de vida precarias.
El texto denuncia que estas medidas estandarizadas constituyen una forma de “violencia institucional”. Los líderes Wichí cuestionan la lógica de los controles, preguntando si una persona que vive en la pobreza extrema del Impenetrable podría realmente cometer actos indebidos, y sugieren que se está responsabilizando al “eslabón más débil, más indefenso y más fácil de señalar” en lugar de a los responsables del diseño del sistema.
Solicitudes y reclamos del Pueblo Wichí
En el petitorio, los caciques y referentes Wichí solicitan un régimen de excepción para los beneficiarios de su territorio, que contemple sus particularidades culturales, geográficas y socioeconómicas. Además, exigen la cesación inmediata de las auditorías hasta que se implementen políticas públicas que consideren las condiciones de sus comunidades.
El comunicado también demanda la incorporación de nuevos sistemas de ayuda humanitaria basados en relevamientos que respeten la interculturalidad, la equidad y la dignidad. Para esto, proponen la participación de equipos interdisciplinarios con traductores e intérpretes. Por último, recalcan que la asistencia humanitaria y los beneficios sociales son un “derecho inalienable y fundamental” para prevenir la pobreza extrema y la desprotección.
Finalizan con un mensaje contundente: “Sin justicia para los Pueblos Originarios no hay verdadera democracia”. El documento está firmado por numerosos líderes y caciques de comunidades del Gran Impenetrable Chaqueño y de Tartagal, entre ellos Américo Quiroga, Zenón González, Oscar Villalba y Mariano González.