El senador Jorge Capitanich, en un detallado informe, analizó el impacto que el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 tendrá en nuestra provincia, con foco en la inversión nacional, las obras de infraestructura y las partidas destinadas a educación y asignaciones sociales. “El proyecto no recompone el punto de partida del año 2023, ni en el país ni en el Chaco”, resumió.
El documento
”El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación en el marco del artículo 75 inciso 8 de la CN que ingresó a la Cámara de Diputados el 15 de septiembre, prevé un gasto de la Administración Nacional 26,7% más bajo respecto al año 2023. En el Chaco, el gasto nacional localizado sigue 19,9% por debajo de aquel año y la inversión nacional por habitante es una de las más bajas del país.
Nuestra provincia reproduce este patrón con agravantes, pues su recomposición es menor que la del conjunto de las provincias, la obra pública nacional en su territorio es marginal y buena parte de lo autorizado para 2026 llegó a fin de septiembre sin ejecutarse. La alianza política entre la UCR y LLA en la provincia no significa más inversión pública, ni más financiamiento para la educación ni tampoco un financiamiento adicional para el financiamiento del déficit previsional pues las estimaciones del resultado en la provincia para el año 2027 resultan equivalentes al 80 % de la partida estimada de 500.000 M de pesos para las 13 cajas previsionales no transferidas por las provincias a la Nación.
El gasto total de la Administración Nacional pasa de $275,71 billones devengados en 2023 a $202,10 billones proyectados para el ejercicio fiscal del año 2027. Las proyecciones fiscales de mediano plazo prevén que el gasto primario del Sector Público Nacional, que fue 19,5% del PBI en 2023, quedaría en 14,2% en 2027 y bajaría a 13,8% en 2029.
El superávit que el Gobierno exhibe como logro central es acotado. El resultado financiero proyectado del Sector Público Nacional es de $3,30 billones, el 0,23% del PBI, y el de la Administración Nacional apenas el 0,02%. Un desvío de recaudación de 0,25 puntos del producto alcanza para consumirlo, en un año en que la recaudación cayó 3,8% real entre enero y agosto.
En contraste, la renuncia fiscal estimada por el propio proyecto suma $51,91 billones, el 3,67% del PBI: unas quince veces el superávit. De ese total, $16,04 billones corresponden a beneficios sectoriales, regionales o personales. El costo del RIGI no está cuantificado, y la exención de Ganancias a magistrados y funcionarios judiciales crece 30,3% real en un año.
El ajuste por función es profundo: frente a 2023, Vivienda y Urbanismo cae 98,9%, Agua Potable y Alcantarillado 93,0%, Promoción y Asistencia Social 77,2%, Educación y Cultura 44,1% y Ciencia y Técnica 37,9%. Las universidades nacionales quedan 25,0% por debajo de 2023, con una brecha de unos $2,4 billones respecto de lo que exige la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. El Fondo de Compensación Salarial Docente, clave para las provincias con menor capacidad fiscal, cae 99,4%.
La Asignación Universal para Protección Social tuvo un aumento del 82,5% por encima de 2023 pero en el presupuesto 2027 perderán contra la inflación proyectada, mientras que las jubilaciones mantienen el bono para haberes mínimos congelado en $70.000 y los complementos previsionales caen 60,8%.
Los recursos que las provincias reciben por regímenes automáticos, como la coparticipación, suben 7,8% real en las proyecciones para el año 2027, hasta $104,03 billones: la primera recuperación tras tres años de caída. Lo que depende de la decisión de la Nación va en sentido contrario. Las transferencias de capital a provincias caen 19,7% real frente a 2026, y las transferencias presupuestarias no automáticas quedan 82,8% por debajo de 2023.
La obra nacional localizada en las 24 jurisdicciones suma $1,05 billones, apenas el 1,01% de lo que reciben por regímenes automáticos, y cuatro distritos concentran el 57,0%. Mientras tanto, el programa «Otras Asistencias Financieras» reúne $7,68 billones sin criterios generales de asignación en el articulado, y los Aportes del Tesoro Nacional ($300.994 millones) tampoco tienen criterios de distribución propios en el proyecto.
La ejecución de 2026 anticipa el riesgo: a agosto, las transferencias discrecionales a provincias habían ejecutado el 32,5% de su crédito, frente al 67,4% del gasto total.
Chaco cae 19,9 % respecto al año 2023
El proyecto asigna a la Provincia del Chaco un gasto nacional con ubicación geográfica de $3.190.898 millones. Es 3,54% más que el cierre estimado de 2026 en términos reales, pero 19,9% menos que lo efectivamente gastado en la provincia en 2023. La caída se concentró en 2024 (−25,4%) y 2025 cerró todavía 22,8% por debajo de 2023.
La recomposición también es desigual: el +3,54% chaqueño queda por debajo del +3,86% del conjunto de las jurisdicciones y ubica a la provincia en el puesto 16 de 24. El Chaco recibe el 1,58% del gasto total de la Administración Nacional.
Una aclaración es indispensable: el gasto “ubicado en Chaco” incluye pagos a personas y a organismos nacionales en la provincia. No es dinero que ingresa a la Tesorería provincial ni debe sumarse a las transferencias.
Inclusión social, agua y escuelas: las partidas más golpeadas
De once políticas nacionales localizadas en la provincia que pueden seguirse entre 2023 y 2027, diez caen. Las partidas de inclusión social pasan de $277.431 millones a $5.075 millones, medidas en pesos de 2027: una baja de 98,2%. Como los programas tienen denominaciones distintas en cada año, la comparación es funcional y no atribuible a la supresión de un programa puntual.
La infraestructura hidráulica y de saneamiento cae 92,1%, lo cual impide finalizar las obras programadas de acceso al agua potable. La infraestructura educativa baja 90,6%, los complementos previsionales 85,5% y Vialidad Nacional 71,4%. Empleo y capacitación (−49,7%), educación superior (−45,3%) y políticas alimentarias (−43,2%) quedan cerca de la mitad del nivel de 2023. Solo las prestaciones previsionales crecen (+9,8%), aunque esa partida no mide la evolución del haber de cada jubilado.
A esto se suma que el crédito autorizado no se traduce en gasto. Al 26 de septiembre de 2026, 42 actividades localizadas en el Chaco tenían $19.335 millones de crédito vigente y ejecución cero. Entre ellas, $12.506 millones para obras de transporte de energía eléctrica y $2.341 millones para fortalecer los sistemas provinciales de salud. Las Acciones de Empleo habían ejecutado el 0,6% de sus $11.612 millones y el mantenimiento de Vialidad, el 2,3%. Son las mismas áreas que concentran las mayores caídas desde el año 2023.
Obra pública: entre las últimas del país
La inversión real directa, la obra que el Estado nacional ejecuta por sí mismo, suma $11.612 millones para 2027. Equivale a $10.280 por habitante, frente a $32.855 del conjunto de las 24 jurisdicciones: el Chaco ocupa el puesto 22 y queda 59,3% por debajo de la mediana provincial.
La Planilla N°12 del proyecto, que detalla la obra por ubicación, asigna a la provincia $10.494 millones: el 1.00% del total localizado y el puesto 21 de 24. Ese monto exige lectura cuidadosa. Incluye $3.169 millones de una actividad de mantenimiento de Vialidad de alcance nacional, imputada por distrito. Y $566 millones figuran bajo el nombre de la variante de Corrientes, el mismo importe que el proyecto asigna en 2027 a la variante de paso de Resistencia: una divergencia que debe aclarar la Oficina Nacional de Presupuesto.
La autovía de la RN 11 en la travesía urbana de Resistencia aparece con $7 millones.
Forma parte de las obras programadas para la ejecución de la obra del Puente Chaco-Corrientes que ha sido abandonada por el gobierno luego de la aprobación del Directorio del BID el 02/11/2023.
Los $161.272 millones de obra vial que circularon públicamente no son crédito de 2027. Son el costo total plurianual de dos obras: la variante de Resistencia ($27.131 millones, con apenas el 2,08% previsto para 2027) y la C.RE.MA. Malla 405A entre General Pinedo y Quimilí ($134.141 millones). Para 2027, ambas suman $16.595 millones, y la segunda figura en la planilla de obras como “interprovincial”.
Menos transferencias y más decisiones libradas al Ejecutivo
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, las transferencias nacionales al Chaco cayeron 16,7% real entre 2023 y 2025, y las no automáticas 66,4%. En el primer semestre de 2026 siguieron bajando: −3,9% el total y −34,9% las no automáticas. Las automáticas cayeron lo mismo que en el país (−8,4%); la diferencia está en lo discrecional. El dato pesa: los recursos de origen nacional fueron el 70% de los ingresos provinciales en 2025.
El proyecto nombra al Chaco en dos planillas: un aval del Tesoro por hasta USD 120 millones para obras hídricas, de saneamiento y viales, y las dos obras plurianuales ya mencionadas. En cambio, no fija montos para la provincia en otros instrumentos.
El artículo 60 prevé $503.325,9 millones para cajas previsionales provinciales no transferidas (80 % del monto estimado del déficit previsional para 2027 de nuestra provincia), como el INSSSEP, pero deja en manos de la ANSES cuánto recibe cada una. Los Aportes del Tesoro Nacional y la refinanciación de deudas provinciales del artículo 62 tampoco tienen asignación específica para nuestra provincia.
El articulado incluye además reformas permanentes dentro de una ley anual. El artículo 17 deroga la movilidad legal de las asignaciones familiares y la AUH sin regla que la reemplace. El 21 elimina el 0,65% sobre las importaciones que financia al INTA, el SENASA y el INTI. Los artículos 36 a 39 vuelven incompatible la pensión por invalidez con el empleo formal y dejan que cada financiador fije los aranceles de discapacidad agudizando la grave emergencia que padece el sector.
Lo que está en debate
El proyecto de presupuesto para el año 2027 no recompone el punto de partida del año 2023, ni en el país ni en el Chaco. El debate parlamentario debe enfocarse en el severo ajuste del gasto social, en la derogación de reglas de actualización para asignaciones contributivas y no contributivas, en la discrecionalidad de los fondos que quedan librados a decisiones administrativas, en la distancia entre el crédito autorizado con respecto a la obra efectivamente ejecutada y en la destrucción del financiamiento educativo para Universidades y educación básica (incluye FONID, Fondo de Compensación Salarial, Educación Técnica, infraestructura escolar, etc), para la ciencia y la tecnología (que incluye también INTA, INTI, SENASA), para la atención de la discapacidad y para el sostenimiento de la inversión pública.
Para nuestra provincia constituye un evidente perjuicio. No hay obras programadas salvo una garantía del tesoro para financiamiento con organismos multilaterales que pueden servir para financiamiento de FONPLATA, CAF y otros. No se prevé la construcción del puente Chaco-Corrientes que tantos años de trabajo ha costado. No resuelve las partidas esenciales para recomponer el ingreso de los trabajadores docentes. Tampoco resuelve el financiamiento de salud mediante el programa Remediar, Sumar y el cumplimiento del cronograma de vacunas.
Tampoco asigna los recursos para las Rutas Nacionales ni mucho menos para la emergencia del “Súper Niño”. En fin, nada nuevo bajo el sol. Más ajustes interminables y menos certezas esperanzadoras”.
Jorge Milton Capitanich
Fuentes: Proyecto de Ley INLEG-2026-90001755-APN-PTE y planillas anexas; Mensaje, Anexo al Mensaje y Anexo Estadístico del Presupuesto 2027 (Cuadro 6 y Planillas 12, 13 y 18); Presupuesto Abierto, corte 26/09/2026; Oficina de Presupuesto del Congreso; INDEC, Censo 2022. Variaciones reales con IPC promedio anual, base 2023. Las cifras corresponden a la versión original remitida al Congreso y pueden cambiar durante su tratamiento.