El programa que redujo el embarazo en adolescentes en la Argentina en casi un 50 por ciento en apenas cinco años y es modelo en Latinoamérica está en riesgo de desaparecer. El Gobierno de Javier Milei no la ve y no quiere renovar los contratos de sus 709 profesionales de equipos interdisciplinarios que vencen la semana próxima: son 112 que trabajan en Nación en ESI en los programas de Salud Sexual y Salud Adolescente y 597 en centros de salud, espacios comunitarios y escuelas en Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy y provincia de Buenos Aires. No es un programa caro. Prevenir cada embarazo no intencional en adolescentes le cuesta al Estado apenas unos 60 dólares al año.
El Plan ENIA –así se llama– que se puso en marcha durante el gobierno de Mauricio Macri y se profundizó en la gestión de Alberto Fernández, permite ahorrar 0,16 por ciento del PBI si se contabilizan los costos asociados a la atención de una gestación y el parto en chicas de 10 a 19 años, y las contribuciones que se pierde el Estado porque estas mujeres –está estudiado y probado– terminan en menor proporción la escuela secundaria y en su adultez estarán más desempleadas que aquellas que no tienen hijos a edades tempranas, según el estudio Milena, realizado por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).
“También está demostrado que la maternidad a edades tempranas es uno de los determinantes más importantes de la reproducción intergeneracional de la pobreza”, destacó en diálogo con Página/12 Silvina Ramos, socióloga e investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad.
El Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) surge en 2017 por iniciativa del Gobierno Nacional para abordar el problema desde una perspectiva integral. Se puso en marcha en 2018. Para tener una idea de su impacto, van algunas estadísticas oficiales:
En 2019, 69.803 adolescentes entre 15 y 19 años y 1.938 niñas menores de 15 años tuvieron un hijo o hija. Por entonces, 7 de cada 10 embarazos entre 15 y 19 años no eran buscados o planificados; y entre las menores de 15 años, esa proporción llegaba a 8 de cada 10 embarazos.
Entre 2018 y 2021, que son los últimos datos disponibles, se logró que la tasa de fecundidad adolescente (que mide la cantidad de hijos nacidos vivos por año sobre el total de adolescentes) se redujera de 49 a 27 por ciento. Es decir, solo 27 por ciento de chicas de 10 a 19 años se convirtieron en madres, lo que significa una caída de casi el 50 por ciento en tres años.
Además, se consiguió que en 2021 hayan sido madres 8,8 por ciento de las niñas de 10 a 14 años, lo que implicó una reducción del 43 por ciento de casos en esa franja, donde la mayoría de las gestaciones, se presume, provienen de situaciones de abuso o coerción sexual o violación, lo que hace más complejo aun su prevención.
Las últimas cifras disponibles muestran que 46.236 adolescentes entre 15 y 19 años y 1.394 niñas menores de 15 años tuvieron un hijo o hija en 2021. Es decir, hubo 23.567 menos chicas de 15 a 19 años que se convirtieron en madres y algo más de medio millar menos entre las más chiquitas.
¿En qué consiste el Plan ENIA?
La clave es que les ofrece a las adolescentes de sectores vulnerables espacios de consejería en anticoncepción, donde pueden optar por colocarse un método de larga duración como el implante subdérmico, lo que les permite terminar el secundario sin enfrentar un embarazo no planificado. Además, el Plan incluye el fortalecimiento de la educación sexual integral en escuelas y espacios comunitarios, explicó a este diario Valeria Isla, ex directora del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
Todo esto se implementa con un presupuesto de 2300 millones de pesos al año. “Hoy el Plan ENIA es modelo en América latina por sus resultados en un plazo muy corto”, destacó Isla.
Pero su continuidad está en riesgo si no se renuevan los contratos de los setecientos profesionales que conforman los equipos interdisciplinarios que trabajan fundamentalmente en escuelas y centros de salud y comunitarios en las 12 provincias, que fueron priorizadas por la magnitud del problema y la capacidad de impacto del programa.
Hasta ahora esta política intersectorial se llevó adelante por los Ministerios nacionales de Salud, Desarrollo Social y Educación; los dos últimos fueron absorbidos por la mega cartera de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello. Nación articulaba con las provincias.
“La principal inversión del Plan es en recursos humanos profesionales que son quienes brindan prestaciones educativas y de salud a la población adolescente, basadas en intervenciones probadas y en insumos de salud sexual y reproductiva”, señaló Ramos. El Plan cuenta con un consejo asesor conformado por 25 organizaciones de la sociedad civil, 6 expertas y organismos del sistema de Naciones Unidas. UNICEF y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) colaboraron desde sus inicios y lo siguen haciendo junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollos (PNUD).
En agosto de 2023 se firmaron convenios de adhesión con el resto de las provincias del país y la Ciudad de Buenos Aires para su implementación. Todo este trabajo puede desaparecer en una semana.
Página/12