La implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py acaba de transformarse en un problema institucional para todo el sistema de justicia, luego de una semana frenética. Tal como lo adelantó Ámbito el jueves, cuando ya se estaba por cerrar la semana, el Procurador General interino Eduardo Casal elevó una nota al Ministerio de Justicia en el que trazó un escenario apocalíptico de cara al 11 de agosto y le exigió al Poder Ejecutivo que disponga de los recursos humanos y materiales necesarios para poder avanzar en la implementación ya que de otro modo estará exponiendo a todo el sistema de administración de justicia de Capital Federal que tiene causas complejas a un colapso total.
Lo más jugoso del documento al que tuvo acceso este diario, leído entre líneas, es que solicita que el Ministerio de Justicia directamente le delegue la respuesta de cómo va a implementarse al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Economía. Una suerte de “puente” que barre a Mariano Cúneo Libarona del rol de interlocución y muestra músculo de la Procuración, tras el respaldo unánime (e inédito) de todos los fiscales federales que remitieron notas críticas al estado de los recursos sobre los que no ha habido respuesta oficial.
Todo esto ocurre cuando, por tercera vez, el subsecretario de política criminal Alberto Nanzer debió concurrir a una declaración testimonial en la causa contra Cúneo Libarona por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes que va tomando cada vez más temperatura. Lejos de bajar los decibeles, el caso amenaza en convertirse en un dolor de cabeza para el Ministro y fuentes judiciales no descartan que pueda derivar en un llamado a declaración indagatoria. Es un juego de pinzas porque el expediente también podría servir para evidenciar que el Ejecutivo jamás planificó de qué forma y con qué fondos se aplicaría el sistema acusatorio en la jurisdicción de Capital Federal bajo el axioma “no hay plata”.
Casal –sin llegar a mencionar en ningún tramo de la nota la palabra “prórroga”- invirtió la carga de la responsabilidad y aprovechó el DNU 188/24 con el cual el Ejecutivo se adueñó del proceso de implementación del nuevo Código, que estaba en manos del Congreso, para demandar que se haga cargo de las consecuencias de una fallida puesta en marcha. Una suerte de “si te lo llevaste, es tu problema”.
“Ese organismo debe o debió fijar como prioridad el avance de la implementación del sistema acusatorio a nivel federal, para lograr los recursos necesarios, pues tal como ya fue mencionado en las anteriores notas, el Ministerio Público Fiscal no cuenta con los medios tecnológicos, la estructura edilicia ni los recursos humanos y materiales necesarios para poder continuar implementando satisfactoriamente un nuevo sistema procesal que le otorga más funciones y obligaciones”, fustigó.
“Me permito solicitarle que, en su función de nexo con el Poder Ejecutivo Nacional (artículo 5° de la Ley Orgánica Ministerio Público Fiscal), eleve esta nota a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a fin de que su titular, en uso de sus atribuciones constitucionales de coordinar las actividades de las distintas carteras (art. 100 de la Constitución Nacional), pondere la decisión de implementar el Código Procesal Penal Federal junto con los requerimientos de recursos efectuados en los pedidos de presupuesto dirigidos anualmente al Ministerio de Economía, las notas oportunamente remitidas a su conocimiento y las que han suscripto todos los fiscales del fuero federal, a la luz de las previsiones del artículo 43 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación y en función del artículo 120 de la Constitución Nacional y las citadas convenciones internacionales”, fue el puenteo feroz que dejaría en manos de Guillermo Francos brindar una respuesta. Fue el mismo camino que el pedido de informes en la causa que instruye el fiscal Carlos Stornelli y donde desfiló Nanzer toda la semana. Ese recorrido tiene una segunda lectura: Casal trazó el marco legal de funciones y obligaciones que les corresponden a todos los funcionarios participantes de acuerdo al diseño constitucional, lo que podría abrir camino al frente judicial, no solo expresado en notas, sino en fallos.
“A partir de lo expuesto, se advierte que el cuadro de situación actual del proceso de instauración a la luz del diagnóstico que se acompaña al presente, resulta cuanto menos preocupante. Y mucho más preocupante aún es que no se advierta dicha circunstancia que viene siendo puesta en conocimiento de ese Ministerio recurrentemente en más de 20 presentaciones que intentaron ser resumidas en la del 7 de febrero pasado y que, claramente, no aparece siquiera considerada cuando se tomó la decisión que ahora motiva este oficio”, disparó Casal en una alusión directa a la inacción de Justicia frente a la olla a presión que se avecina. Para el acartonado lenguaje judicial esto implica lanzar un exocet directo a la línea de flotación del proyecto con el que el Gobierno aspiraba a implotar Comodoro Py y, de paso, llevarse una cucarda como guiño electoral.
Todo mientras el fiscal ante la Cámara Federal José Luis Agüero Iturbe respondió en una carta cargada de ironía al presidente de ese tribunal Mariano Llorens y a sus colegas que firmaron un desalojo de las oficinas de la fiscalía para hacer lugar a la futura Oficina Judicial. Entre sorprendido y ofendido por los términos de la Acordada, básicamente la descalificó al mencionar que debió haberse cursado vía Casación cualquier decisión de superintendencia sobre los espacios del edificio de Comodoro Py 2002. Y que además, la “anexión” eufemismo para un desalojo, podría estar al borde de incumplir la propia Constitución. El resumen sería “no nos vamos nada, que nos saquen a patadas”, al decir de los Fabulosos Cadillacs.
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