El Parlamento chaqueño sancionó este miércoles la Ley de Leyes, una iniciativa que ingresó en la Legislatura y establece una erogación total de tres billones cuatrocientos cuarenta y tres mil seiscientos noventa y seis millones setecientos treinta y nueve mil ciento doce ($3.443.696.739.112). Según su composición $3.387.255.147.343 estarán destinados a recursos corrientes y $62.537.274.655 a recursos de capital.
El Presupuesto General 2025 fue sancionado con 28 votos afirmativos, de 30 diputados presentes. Votaron por su permanencia en cartera los diputados del Frente Grande, Tere Cubells, y del Frente Integrador, Darío Bacileff Ivanoff. Si bien se plantearon modificaciones en la votación en particular de sus articulados por parte de la oposición, ninguna prosperó durante el debate y quedó firme el texto original.
El debate
Obró de miembro informante el diputado de Juntos por el Cambio, Iván Gyoker y agradeció la participación respetuosa de los sectores que aportaron a fortalecer el proyecto del Ejecutivo. Habló de un presupuesto “de responsabilidad, de orden, basado en las pautas macrofiscales que establece el gobierno nacional, con un supuesto inflacionario del 18%”.
Aseguró que está orientado al mejoramiento de las prestaciones estatales, “reconociendo la situación crítica que estamos viviendo en Chaco” y asignar “los recursos magros, a administrar la escasez, para esta crisis que estamos viviendo”. Hay un gran énfasis en materia presupuestaria para salud, para desarrollo humano, para infraestructura, para viviendas”, dijo y defendió una proyectada “política social activa, de reactivación de la obra pública como dinamizadora de economía y de mejora en los servicios”. Habló de la independencia del Poder Judicial en materia presupuestaria y de un presupuesto “que muestra muy bien cómo orientamos los recursos en cuestiones conducentes para la baja de la pobreza en la provincia”. Además, destacó la masa salarial para contener la inflación y la regularización de contratos informales en el Estado, “un compromiso que queremos materializar en este Presupuesto”.
Le continuó el diputado del Frente Chaqueño, Santiago Pérez Pons, exministro de Hacienda de la provincia, quien adelantó el acompañamiento casi como definición del resto de todos sus pares de bloque, no sin antes hacer una observación de al menos 10 puntos sobre el proyecto de la ley de leyes. “Es la primera vez que veo que las reglas macroeconómicas no están en un presupuesto”, cuestionó. “Es una falta de respeto que no lo sepamos”, afirmó.
Derribó entonces algunas afirmaciones del oficialismo, entre ellas, la del “orden fiscal”. “En 10 años tuvimos superávit financiero, fue lo que pasó y el gobernador no acompañó tres años el presupuesto. Seguramente el año que viene la provincia tenga déficit fiscal y empiece un proceso de endeudamiento. Los gastos van a ser mucho más excesivos que los ingresos”, aseguró.
En relación a la reducción de impuestos, sostuvo que la presión impositiva es la más alta de los últimos 8 años y que “va a ser mayor para el sector productivo el año que viene”.
Sobre la recomposición del salario, precisó que la Oficina de Presupuesto de la Cámara de Diputados señala “un ajuste muy fuerte en los salarios y el único sector que casi empató a la inflación fue el docente que tuvo cláusula gatillo, pero no aumento adicional”. “Ningún sector tuvo aumento al menos por inflación”, y lo mismo planteó en cuanto a la proyección hacia 2025.
En materia de infraestructura aseguró que “cayó un 47%” en relación al año anterior. “El Gobernador gastó más en el cartel que en la obra a terminar”, dijo. Y, en relación al pago de deudas de gestiones anteriores, repasó que “en septiembre de 2023 era $537 mil millones y en septiembre de 2024 fue de $680 mil millones. No pagaron, acumularon deuda en 2024. No son palabras mías, es su presupuesto”.
Sobre la “gestión trasparente”, mencionó las “compras directas”, sin embargo, tomó un solo caso testigo: “Había 72.300 cargos en el Estado y dejamos la gestión con 68.815 mil, personas que se jubilaron”, dijo y señaló que el presupuesto 2025 proyecta 74.141 “para pasar a militantes radicales a planta. Hablan de gestión trasparente y gestionan los cargos públicos sin ver las leyes. Tampoco mencionan que debe hacerse por concurso de antecedente y oposición. No hay gestión trasparente demostrada en la letra de la ley”.
Habló de ajustes muy grandes en educación, que pasa de una partida del 25% al 22%; seguridad, del 7% al 6%, y “también en salud con cierres de programas”.
Respecto a los servicios públicos, sostuvo que el déficit de las empresas es más grande, “no les alcanzó el 700% de aumento que le metieron a la luz”. “Decidieron para el año próximo que el aumento de tarifas continúe. Secheep estaría trabajando para que en enero haya audiencias públicas de vuelta para aumentar la energía. Hubo 1433% de aumento en un año en el transporte, el 75% de la gente no puede subir al colectivo. Hay 35% menos de pasajeros en tarjeta SUBE y en un mes quieren subirlo a $1300 al pasaje”.
También hizo mención a los dichos sobre el “ordenamiento” de las cuentas del InSSSeP, y aseguró que en 2024 el déficit es de $296.927 millones, 10% en términos reales más que el año pasado. “Es necesario gestionar con nación el envío de fondos”, aseguró.
Se hizo eco del reclamo que oficializó la UPCP ante la falta de diálogo con el Ejecutivo y pidió por último bajar “el nivel de violencia que están generando”. “No es momento cuando la gente la está pasando mal que se construyan esos mensajes. Es necesario el respeto institucional y que se cumplan las leyes. No me gusta nada el Gobierno que están haciendo. Y haré modificaciones particulares”.
Le continuó el diputado radical Carim Peche y respondió primeramente a la expresión sobre el gasto de carteles por obras. Habló de las transferencias discrecionales por fuera de la coparticipación en 2023, de $70 mil millones. “Mucho más”, respondió Pérez Pons desde su banca y acotó que fueron recibidos “de manera legal”.
Peche aseguró que esos fondos no fueron recibidos por este gobierno y que la anterior gestión “lo destinaba a piqueteros amigos del poder”.
Afirmó que “para este gobierno ajustar es dejar de regalar el dinero a los piqueteros, administrar con austeridad y trasparencia el dinero público. Sino que le pregunten a los docentes y a los jubilados si no le ganamos a la inflación este año”. Dijo que “ajuste es poner orden y trasparencia en el manejo del dinero público de los chaqueños; es haber recuperado más de 100 vehículos en manos de piqueteros; invertir en obras como el segundo acueducto; revertir la crisis energética”.
Defendió los pases a planta establecidos en la ley ya que se trata de los contratos informales de trabajadores que hace más de 15 años prestan servicios para el Estado. Y aseguró que el presupuesto marca “el enorme esfuerzo para ordenar la provincia que dejaron quebrada con 65% de pobreza y 25% de indigencia. (…) Es un presupuesto comprometido con las necesidades de los chaqueños”.
El diputado justicialista, Nicolás Slimel cuestionó que “se niegue un ajuste siendo cómplices del gobierno nacional y contra los trabajadores”. Mencionó el corte de subsidios, la paralización de la obra pública, el desfinanciamiento de las universidades y la réplica en Chaco de las políticas nacionales.
Habló de 230 mil puestos de trabajo perdidos, de un recorte de Nación de más de 350 mil millones de pesos, de la paralización de la obra pública. “Somos la segunda provincia con menos asignación de recursos, después de Formosa. Me preocupa que no se reclame esos fondos que nación no nos va a otorgar”, sostuvo.
Adelantó el acompañamiento general al proyecto. Sin embargo, la disidencia en particular en la política salarial ya que establece un aumento del 7% u 8%; en el pase a planta de 5 mil cargos sin concurso, planteando la inconstitucionalidad del artículo 7 por atentar contra la autonomía y la autarquía y no respetar “el paraguas de un convenio colectivo de trabajo”. Mencionó también las “desprolijidades” en relación a la obra pública, y mencionó el edificio legislativo y la obra para juicios por jurados. También rechazó la “deuda flotante” incluida en el proyecto por requerir, desde su punto de vista legal, el voto de los dos tercios.
Su par de bloque, la diputada Pía Chiacchio Cavana, dijo no estar de acuerdo “con las prioridades que define este gobierno, ni en Chaco ni en Argentina”, y aseguró que la normativa “es a imagen y semejante del presupuesto general de la Nación que condiciona el crecimiento de Argentina con un ajuste a los gobernadores de 65 mil millones de dólares”. “Estamos ante el mayor ajuste de la historia de la humanidad. Es el más cruel y violento que a mi generación le tocó vivir”, apuntó.
Respecto de la normativa en debate, habló de “un sistema de contención social con fondos absolutamente insuficientes, incluso las políticas alimentarias que no contemplan a los más pobres. Tenemos familias completamente endeudadas para poder subsistir con bancos, entidades financieras, casa de electrodomésticos supermercados es caótico”.
No obstante, manifestó que “no es una alternativa que el presupuesto no salga y se prorrogue porque la gente va a estar peor. Es importante que este presupuesto se apruebe con el más amplio consenso porque es lo que observan y miran los organismos a los que se acude por un crédito”. Dicho esto, concluyó que “acompañar es el mal menor para la sociedad chaqueña”.
Por el NePar, el diputado Juan José Bergia, aseguró que se trata de una herramienta financiera que se le da al Gobierno provincial y que “es necesario analizar el contexto nacional con un presidente que tendrá 20 millones de manera discrecional para manejar si no le aprueban su presupuesto. Y se habla mucho de lo que perdió Chaco, es muy difícil ser gobernador hoy. Puede ser un sueño de quien ocupa un cargo político, pero el sueño de los otros que lo hicieron llegar van quedando en el camino. Debemos ser realistas todos. No hay una mirada federal”, dijo y planteó diferencias en el recorte presupuestario a las partidas del Poder Judicial, al salario de los trabajadores y al del sector productivo. “Hay gente que la está pasando muy mal”, subrayó.
Por el Frente Integrador, el diputado Darío Bacileff Ivanoff habló de un presupuesto que “baja la vara” y adelantó su rechazo y su voto para que se mantenga en Comisión. En materia de obra pública, dijo que la realidad dista de la proyección y que “no se prevé una gran inversión para el año que viene. Hay un claro retroceso para la provincia”. Cuestionó la falta de especificaciones en componentes como ambiente y niñez, adolescencia y familia donde hay partidas sin destino. “Es verso que eliminaron los intermediarios, lo único que hicieron fue solucionar el tránsito con los cortes de calle, pero no hay normativa que tienda a reducir la pobreza. Veo más clientelismo, colas y colas de vecinos esperando una cajita de mercaderías con cinco o seis productos. Lo único que cambió es quien administra el clientelismo”, afirmó y remarcó: “No veo un programa que combata la pobreza y la indigencia”.
“No podemos acompañar esta iniciativa, aseguró y mencionó que el Estado sigue siendo el mayor negrero, que incluye la tima de una deuda sin fin específico ‘cheque en blanco’ que requiere de una votación de los dos tercios del cuerpo y no una mayoría simple”, manifestó.
Desde el Frente Chaqueño, Rodrigo Ocampo, habló de un presupuesto “inconsistente” con una proyección de inflación del 18,4% “que va a ser por encima, la del mercado, del 38%”. “Se viene una devaluación y va a ser a posterior de las elecciones del año que viene. La especulación está a la orden del día y los valores del dólar no van a ser los previstos acá sino superiores”. Dicho esto, dio por sentado que el resto de las pautas planteadas no podrán sostener como están planteadas en la norma. Además, con una orden de ajuste para las provincias por parte del gobierno nacional.
“Vamos a ser la provincia del NEA con menos recursos constantes y no hay una estrategia real de cómo vamos a afrontar esa situación. Todo presupuesto de ajuste deriva en pobreza y en mayor conflictividad social”, sostuvo. Cuestionó el endeudamiento previsto. Aseguró: “Necesitamos que el Estado funcione porque si no la gente la pasa mal”.
La diputada Tere Cubells, del Frente Grande, adelantó su voto “en cartera”. Lamentó que se trate de un presupuesto con medidas que no cumplen con lo mínimo. “Es muy malo el presupuesto. En nuestro partido lo llamamos presupuesto de la pobreza. Se empeoró en todo y acá lo han explicitado”, afirmó y señaló, entre algunos aspectos “un incremento interanual de poco más del 100% que el del año pasado cuando la inflación duplicó esa cifra, con un perjuicio profundo para trabajadores con un castigo en todas las previsiones, con incrementos inferiores al general. No se diseñó una sola estrategia para mejorar ingresos”. “Es el peor incremento interanual de la historia” y cuestionó las partidas a niñeces, géneros y ambiente, “es una vergüenza”.
Por su parte, el diputado justicialista Rubén Guillón, recordó que votó la ampliación del presupuesto y también la autorización para colocar letras del tesoro. “Cuando asumí la banca, asumí el compromiso de no votar ninguna ley que implique un ajuste salarial ni un endeudamiento. Voy a votar en general este presupuesto porque entiendo que es una herramienta que todo el gobierno necesita. Pero formularé propuestas y oposiciones en particular porque es un proyecto totalmente libertario”. “Es un presupuesto ajustador y que los empleados públicos sepan que no estamos mintiendo. Prevé aumentos de tarifas nuevos, impagables”, advirtió.
Por el bloque CER, la diputada Andrea Charole, describió una situación de crisis social muy profunda con familias chaqueños que no llegan al mes, que no tiene para comer. Valoró las reformulaciones dadas en el marco de las rondas de consultas. “El presupuesto es el instrumento por excelencia para nuestra provincia. Es de suma importancia”, dijo y aseguró que sería un “obstáculo” no aprobarlo. Adelantó su cuota de confianza con el primer presupuesto de esta gestión “sabiendo que en la última instancia será el pueblo quien determine el veredicto”.
Por el radicalismo, la diputada Silvina Canteros Reiser, aseguró que el desafío “es mantener la solvencia fiscal” dijo y apuntó que por ello se proyectan fortalecer las políticas en salud, educación y desarrollo humano además de afrontar el pago de deudas de gestiones anteriores. “La realidad no es que Chaco quiera recibir menos recursos”, aseguró y desgranó el proyecto y los distintos ítems o componentes de un presupuesto ajustado a esa realidad.
Defendió al respecto de varis expresiones: “Estamos haciendo los reclamos y si hay que judicializar se judicializará”.
“Vamos a darle la herramienta al gobernador para poder cumplir con las metas”, concluyó.
Le siguió la diputada justicialista Mariela Quirós y subrayó que “no es menor que quienes venimos sosteniendo y defendiendo cuestiones que el gobierno viene llevando adelante en desmedro de los trabajadores. Fuimos agraviados con plata del Estado. Se sostienen muchas mentiras y da pena. No solo Zdero, todos votaban en contra de esta herramienta institucional. Los antidemocráticos no somos nosotros. Este presupuesto tiene muchísimas inconsistencias. Aportamos a esta herramienta nos parece importante”, dijo e insistió en que se incorpore el reclamo de los trabajadores, salarial, de actualización, de bonificaciones. Por último, recalcó la importancia de transparentar los fondos destinados a la pauta oficial. “No quiero volver a ser destinataria de amedrentamientos que se paguen con fondos públicos”, recalcó.
Cerró el jefe de la bancada de JxC, diputado Sebastián Lazarini, y afirmó: “Puedo contestar un montón de cuestiones, pero me quedo con eso del cruel ajuste”, dijo y mencionó múltiples inversiones en materia de adquisición de elementos para distintas áreas. “Es un presupuesto ajustado a los tiempos de hoy. En Chaco, no nos podemos despegar de la realidad nacional en cuanto al crecimiento”, sostuvo y afirmó: “Voy a acompañar este proyecto. Es una ley madre y vamos a darle una herramienta a todos los chaqueños para que quien conduce los destinos de la provincia pueda beneficiarlos”.