El Parlamento chaqueño rechazó este miércoles en una votación unánime el veto del Ejecutivo a la sanción legislativa 4101-A, que crea el Observatorio de Conflictos de Tierras y Territorio en la órbita legislativa.
El autor de la iniciativa que había sido votada por unanimidad, el diputado del Partido del Trabajo y del Pueblo, Rodolfo Schwartz, defendió el observatorio como “una herramienta ágil para dar respuestas más rápidas y con más fundamentos de justicia a crecientes problemas que tenemos en nuestra población en temas de tierras y de territorios”.
Para el legislador, “no hubo un asesoramiento correcto para fundamentar este veto”. Mencionó que en el primer punto, se plantea que ya existe el organismo y explicó que el observador viene a ser el organismo articulador de todo el resto. Acentuó que “los problemas de ocupación territorial que tiene nuestro pueblo, que es creciente, no puede esperar un año porque en ese año aparecen los desalojos, las represiones y la injusticia creciente”.
Planteó su preocupación por el tercer punto con el que se fundamentó el veto. “Me desconcierta”, sostuvo y dio lectura: “No tenemos facultades constitucionales para resolver conflictos. No voy a opinar sobre eso”.
“Pido a mis colegas que ratifiquemos lo que por unanimidad aprobamos en ese momento y hablaron absolutamente todos los representantes de bloques”, pidió el legislador.
Desde el NePAR, el diputado Juan José Bergia marcó “errores” en el veto y adelantó su apoyo a su par preopinante y aseguró que “cada día que pasa ocurren cosas que realmente preocupan porque esta posibilidad que se abría con esta ley era para un trabajo coordinado y que puede resolver muchísimos conflictos”.
Mencionó uno actual en el Lote 408 y 409 del Interfluvio por la ejecución de una ruta que quiere llevar adelante Vialidad provincia y un productor “que no deja avanzar porque es una ruta que va de río grande a río chico. Este productor está metido, usurpando 140 mil hectáreas y hubo en el anterior gobierno una funcionaria que autorizó RUBH dentro de esas 140 mil hectáreas que tiene título de propiedad”, alertó.
Alentó el trabajo de su par preopinante “que lo planteó sin mezquindades y le dio una herramienta fundamental al Gobierno para solucionar conflictos. El trabajo de muchas personas se hace valioso en este proyecto que votamos en su momento y ojalá tengamos la capacidad de rechazar hoy este veto para dar respuesta a esto”.
Desde Juntos por el Cambio, el diputado Francisco Castelán, también inclinó su voto por el rechazo al veto del Ejecutivo. “Creo que se democratiza el control de las tierras, realza el valor del Poder Legislativo. Nosotros acompañamos de la mejor manera el control de lo que ha sido prácticamente una inmobiliaria y un defalco en todos los gobiernos anteriores donde hubieron problemas en el ex Instituto de Colonización, en el ex Ministerio de Desarrollo Territorial”.
“Es más que importante que no quede el control o el manejo de esta información de los conflictos de tierras en un solo Poder. El problema de las tierras sigue siendo el problema del futuro, de manera que acompaño este Observatorio”, subrayó.
La diputada justicialista Andrea Charole también apoyó la ley y aseguró que el conflicto de tierras en la provincia “no es ajeno a cualquiera”. “Hubo conflictos en el territorio de nuestros pueblos originarios, Misión Nueva Pompeya, Fuerte Esperanza, Sauzalito y todos los parajes, y hay un grave problema en Miraflores”, señaló.
Expresó su respeto por las comunidades criollas asentadas en esas zonas hace más de 80 años, “en territorios de nuestra comunidad”. “Muchas veces el conflicto se genera desde afuera, una persona que va, se instala y luego vuelve a Resistencia dejando el conflicto en la familia de nuestra comunidad, de nuestros pueblos originarios y criollos que son vecinos”, apuntó.
“Es muy importante que esta ley se aplique y podamos trabajar en conjunto porque el problema existe. felicito a Rodolfo porque es un legislador está recorriendo, que trabaja en el terreno”, acentuó.
El diputado justicialista Rubén Guillón, quien se presentó como un entendido de la problemática a partir de los cargos públicos que ocupó años atrás, habló de la necesidad de regularizar la situación dominial de cientos de familias que viven en tierras ocupadas o usurpadas. Solo en 2023, en su rol de coordinador de la mesa de tierras de Miraflores, se contabilizaban 100 lotes de tierras en conflicto.
Para Guillón, el observatorio es un paso fundamental. “Las dos manos levanto para votar este proyecto de ley rechazando el veto e insistiendo en este texto porque tengo la plena convicción que representará una herramienta crucial y definitiva para ir resolviendo paulatinamente los miles de casos de conflicto que se registran en toda la geografía provincial”.