En busca de los votos para aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, postergado en reiteradas ocasiones, La Libertad Avanza en el Senado cedería cambios en el capítulo de la Ley de Tierras, según trascendió en el arranque de una semana clave para esa iniciativa.
La nueva versión del texto (modificado numerosas veces puertas adentro desde la firma del dictamen), que circuló desde el viernes pasado entre los senadores, establece un límite del 25% “por provincia” para la venta de territorio a extranjeros, con autorización tanto del Poder Ejecutivo Nacional como del gobierno provincial.
De confirmarse esa modificación, el giro sería total, ya que de la propuesta para eliminar casi totalmente los límites y las restricciones se pasaría a un porcentaje mayor que el que rige actualmente, que es del 15% (artículo 8 de la Ley 26.737).
Los cambios al proyecto serían anunciados este martes en conferencia de prensa por la propia jefa de LLA, Patricia Bullrich. En tanto, las modificaciones son evaluadas por el Poder Ejecutivo.
De acuerdo al nuevo borrador, al que tuvo acceso parlamentario.com, se establecería “la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas jurídicas, cualquiera sea su naturaleza jurídica o denominación, así como de agrupaciones de colaboración, uniones transitorias de empresas y demás vínculos asociativos, todos ellos con participación estatal extranjera directa o indirecta, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”. Y agrega que “el Poder Ejecutivo Nacional no podrá delegar esta potestad de autorización en un funcionario con rango menor a Secretario de Estado”.
Otro de los incisos sobre lo que sería el nuevo artículo 3 de la Ley de Tierras es el que dispone “la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas, de nacionalidad extranjera, por encima del veinticinco por ciento (25%) en el territorio de cada provincia”.
A su vez, se indica que toda adquisición “deberá ser inscripta en el registro inmobiliario de cada provincia consignando en un asiento especial los datos y la nacionalidad del adquirente”, mientras que en el caso de las empresas con participación estatal extranjera deberá adjuntarse la autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y la del Poder Ejecutivo Nacional.
“Las disposiciones de la presente ley deberán interpretarse y aplicarse de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Nacional y con la Ley General del Ambiente N° 25.675”, se incorpora, en referencia a la legislación ambiental, dado la enorme polémica por el uso de los recursos naturales estratégicos.
Por otro lado, en cuanto a las tierras ubicadas en zonas de frontera, la venta deberá también contar con autorización de la provincia y la Nación y se añade que el PEN “comprenderá en las materias no delegadas, sobre seguridad nacional, objetivos estratégicos y defensa nacional”.
El pasado 16 de julio, el oficialismo propuso pasar a un cuarto intermedio en la sesión para tratar el proyecto este jueves 6 de agosto, dado que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, había puesto reparos a las incorporaciones definidas en torno a la potestad de las provincias.
Aunque Bullrich afirmó haberlo convencido durante un encuentro en el Senado el pasado 23 de julio, en las dos semanas de receso legislativo el rechazo social al proyecto fue creciendo y los votos para aprobarlo seguían sin aparecer para LLA. Ahora, con esta nueva propuesta, hay quienes se esperanzan en que los números se reviertan, pero la definición de los aliados será la clave.
Al oficialismo ya no le asusta tanto un empate, dado que como el Presidente Javier Milei viajará a Ecuador y Colombia, la vicepresidenta Victoria Villarruel no presidiría la sesión. Con duras críticas, la vice ha rechazado la extranjerización de la tierra.
En tanto, para el 6 se espera una importante movilización en las afueras del Congreso (y otros puntos del país), promovida por la oposición más dura, organizaciones sociales, ambientales, de derechos humanos y sindicales, bajo las consignas de “Argentina no se vende” y “Las Malvinas son argentinas y el resto del territorio también”.
Fuente: Parlamentario