“Un puente lo puede hacer la gente sola tranquilamente, no necesita del Estado. Si vos tenés en el medio al Estado y, claro, van a esperar que lo haga el Estado, obvio, pero lo pueden hacer solos”, declaró hace unos meses Javier Milei. Durante la campaña, el propio Presidente y sus candidatos aseguraban que “los vecinos debían organizarse para hacer las obras”. Promesa cumplida: por la paralización total de la obra pública y los recortes a las provincias, en Puerto Madryn, Chubut, aprobaron una ordenanza que establece que los vecinos deben organizarse y pagar los materiales para que les asfalten sus cuadras.
En 2024 las transferencias automáticas de parte de Nación a las provincias cayeron en promedio un 10% en términos reales (descontando una inflación con una medición desactualizada, motivo por el cual en realidad la pérdida es mayor), según se desprende del informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). En el caso de Chubut, la caída fue del 9,3%. Además, durante el año pasado la provincia patagónica sufrió una caída real del 79,8% de las transferencias no automáticas, es decir, aquellas no regidas por ley como la coparticipación.
Al mismo tiempo el Gobierno eliminó de cuajo la obra pública, abandonando incluso aquellas que ya estaban en curso. Ni escuelas, ni hospitales, ni rutas, ni viviendas. Nada de eso está en la agenda de la administración Milei. Los municipios sufren directamente el ajuste de las transferencias y se ven imposibilitados de llevar adelante obras de infraestructura. Es el caso de Puerto Madryn, que con más de 100.000 habitantes es la tercera ciudad más poblada de Chubut. En noviembre de 2024 su Concejo Deliberante aprobó una ordenanza para que los vecinos tengan que organizarse y pagar si quieren que se les asfalte la cuadra de su casa.
“Lo que nos lleva a hacer esto es la falta de financiamiento que antes teníamos de Nación. Tenemos que tratar de hacer las obras con recursos propios y es muy complejo”, asegura Tommaso Grioni, secretario de Obras Públicas de Puerto Madryn, en diálogo con elDiarioAR.
¿Cómo funciona el modelo de obra mixta de Puerto Madryn?
El modelo de obra pública mixta entre vecinos y el municipio fue aprobado el 7 de noviembre de 2024 por el Concejo Deliberante de Puerto Madryn. El mismo establece que los vecinos que quieran asfaltar o colocar adoquines o cordones cuneta (se utilizan para delimitar el borde de calles y veredas) deben organizarse y elegir dos delegados para gestionar el trámite ante la municipalidad. Los responsables deben presentar un formulario de adhesión con los datos de la calle y una declaración jurada de los propietarios de los frentes, junto a los certificados de titularidad. Para avanzar con el trámite es necesario que al menos el 70% de los frentistas esté de acuerdo.
Una vez que estos requisitos se cumplen, la municipalidad les detalla en una planilla el precio de la calle con los valores estimados de mercado. Los vecinos pagan los materiales, la municipalidad la mano de obra y el movimiento de suelo (preparación previa a la obra) es compartido. Cada vecino tiene un valor a pagar según el ancho del terreno. En una misma cuadra alguien que tiene un terreno de 20 metros de frente paga más que alguien que tiene uno de 10, por ejemplo. Luego el Concejo Deliberante debe abrir los registros de oposición a nivel público para asegurarse de que nadie se oponga a la ejecución de la obra (en tal caso debe presentar los argumentos para tal postura), motivo por el cual se realizan anuncios en los medios durante 5 días.
“Después de que se cierra ese trámite administrativo con el Concejo Deliberante, se hace un contrato general con la cuadra. Ahí los vecinos se comprometen a comprar los adoquines, que es lo que eligen todos al ser más económicos que el hormigón. No hay acuerdos con proveedores, les damos a los vecinos 2 o 3 referencias de precio y las especificaciones técnicas de los adoquines, pero pueden elegir a cualquier empresa, siempre que cumpla con las especificaciones técnicas correspondientes”, cuenta el secretario de Obras Públicas. En una misma cuadra todos deben contratar el mismo tipo de adoquín. Eso puede cambiar en las cuadras aledañas, aunque Grioni sostiene que las diferencias entre proveedores son milimétricas.
El precio varía según la extensión de la cuadra y el material elegido. “El metro cuadrado de adoquín cuesta aproximadamente $36.000”, cuenta el funcionario de obras públicas. Para afrontar los altos costos, los vecinos pueden acceder a un crédito del Banco del Chubut. El mismo surge de un convenio firmado entre el municipio y la provincia: se le otorgan al solicitante hasta $8 millones con una Tasa Nominal Anual del 34,5% fija durante los primeros 24 meses y la opción de pagarlo en hasta 60 cuotas. Sencillamente los vecinos deben organizarse entre sí y endeudarse a largo plazo con un banco para tener asfalto.
Pero si se requiere una adhesión mínima del 70% de los propietarios de una cuadra para comenzar con la obra, ¿cómo se le cobra al otro 30% que no está de acuerdo? “Ese dinero lo pone la Municipalidad, pero a esos vecinos se les cobra por el ABL. Pero se les cobra todo, incluso el movimiento de suelo y la mano de obra, además de los materiales. Entonces conviene 1000 veces adherirse”, explica Grioni.
“Estamos sujetos al desfinanciamiento. La situación económica no te habilita a hacer obras, sino lo haríamos al método tradicional. Lamentablemente no tenemos la condición de hacerlo de esa forma”, agrega el secretario de Obras Públicas. A mediados de 2024 el concejal oficialista Dardo Petroli (PJ) presentó un proyecto para que se cobrara una tasa del 5% sobre el valor de venta de propiedades, con el objetivo de que lo recaudado por la misma fuera destinado a la obra pública. Finalmente, tras reuniones entre el Ejecutivo municipal del intendente Gustavo Sastre y las empresas de la construcción, el proyecto quedó trunco.
Desde la reglamentación de la ordenanza se realizaron 81 pedidos de obra y más de la mitad ya fueron aprobados. “No estoy de acuerdo con este modelo, es lo que aparece cuando el Estado se retira y deja que los vecinos se las arreglen como puedan. Me parece que trae mucha competencia y desacuerdos. Hace confrontar a los vecinos”, opina Segundo, un hombre que vive en la ciudad y es delegado de su cuadra, la cual se organizó junto con otras seis para gestionar la colocación de adoquines. Denuncia que hubo aumentos muy fuertes en el ABL y que en los últimos años se han realizado pocas obras en la ciudad, aunque advierte que “eso no significa que entonces haya que usar este sistema”.
Por su parte, el secretario de Obras Públicas sostiene que la falta de financiamiento nacional es lo que provocó el congelamiento de las obras. “Por ejemplo se frenaron las obras del SISU (fondos nacionales para urbanizar barrios) del Barrio Perón, donde teníamos previsto hacer red eléctrica, red de agua y cordones cuneta. Todo eso quedó frenado”, detalla.
El Barrio Perón está en la periferia de la ciudad, alejado de la zona turística. Allí las calles son de tierra y gran parte de los precarios hogares no tienen ni luz, ni gas ni agua. Tampoco llegan los colectivos. En los últimos meses la llegada de personas que hasta hace poco tiempo habitaban en barrios que contaban con todos los servicios básicos, pero que tuvieron que mudarse al no poder pagar sus alquileres, ha hecho crecer al barrio de forma exponencial.
Lo que ocurre con esta modalidad de obra mixta es que el asfalto no llegará nunca a aquellos barrios donde los vecinos no tienen el poder adquisitivo para costear las obras. Es el caso de Agustín y sus vecinos del Barrio Patagonia: “Acá cuando había obra pública asfaltaron hasta la cuadra anterior a la nuestra. Cuando se congelaron las obras intentamos organizarnos con los vecinos, pero no llegamos al 70% de adhesión porque la mayoría no podía pagarlo. ‘El asfalto no se come’, nos decían”.
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