El 14 de agosto de 2025, el Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, adjudicó un contrato por $648.779.200 para la compra de pasajes aéreos, terrestres, internacionales y asistencia al viajero.
La decisión generó interrogantes: la segunda oferta presentada era casi $34 millones más económica, no se fijó un precio testigo y se priorizaron criterios técnicos que, según documentos del proceso, dejaron dudas sobre fees y posibles sobrecostos.
Modalidad y alcance de la contratación
La licitación se efectuó bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, con un plazo inicial de 12 meses prorrogables. En este esquema, el Estado contrata un paquete de servicios (en este caso, pasajes y asistencia al viajero) estableciendo topes máximos de gasto. Si durante el período no se agotan los montos comprometidos, la contratación puede extenderse hasta 2026 sin necesidad de reabrir la licitación, lo que otorga flexibilidad pero también reduce la transparencia frente a variaciones de demanda y precios del mercado.
Dudas sobre la evaluación y los costos
Fuentes vinculadas al expediente señalan que, pese a la diferencia de casi $34 millones a favor de la segunda oferta, la adjudicación se decidió por criterios técnicos evaluados en la comisión respectiva. Los puntos conflictivos que aparecen en el análisis son:
- Ausencia de precio testigo: sin un parámetro de referencia público, resulta más difícil evaluar si la oferta adjudicada resulta competitiva frente al mercado.
- Fees y comisiones: el pliego y la documentación de adjudicación no clarifican con detalle los fees incluidos en los servicios (por ejemplo, comisiones por gestión, emisión o asistencia), lo que impide determinar el impacto real sobre el costo final para el Estado.
- Posibles sobrecostos vinculados a servicios adicionales: la modalidad de Orden de Compra Abierta admite la incorporación de servicios complementarios dentro de los topes, lo que puede derivar en ampliaciones del gasto sin controles estrictos.
Implicancias y señales para la gestión pública
La decisión del Ministerio abre un debate sobre el equilibrio entre la valoración de aspectos técnicos (como experiencia, capacidad operativa y calidad de servicio) y la eficiencia en el uso de fondos públicos. Si bien la elección por criterios técnicos puede justificarse en la búsqueda de un servicio confiable para funcionarios y dependencias, la diferencia económica con la oferta más barata y la falta de mayor transparencia en la estructura de costos generan señales preocupantes en términos de control y buen uso del erario.
Qué seguir investigando
- Solicitar el informe técnico completo que motivó la adjudicación y los detalles del puntaje asignado a cada oferente.
- Acceder al desglose contractual de fees, comisiones y servicios adicionales incluidos en el monto adjudicado.
- Verificar si la Orden de Compra Abierta contempla mecanismos de revisión periódica de precios y de rendición de cuentas sobre lo consumido dentro de los topes.
En suma, la adjudicación por $648.779.200 del Ministerio de Justicia refleja una decisión administrativa que priorizó aspectos técnicos, pero que al mismo tiempo dejó sin resolver interrogantes relevantes sobre economía del contrato y mecanismos de control. La documentación completa del proceso será clave para disipar o confirmar las dudas planteadas.
¿Qué compraron?
- Pasajes aéreos nacionales: $255.000.000
- Pasajes aéreos internacionales: $250.000.000
- Pasajes de ómnibus y trenes: $30.000.000
- Asistencia al viajero: $34.500.000A estos gastos directos se suman comisiones fijas (“fees”) por cada gestión realizada por la agencia adjudicataria:
- 600 pasajes aéreos nacionales: comisión total de $45.738.000 (unos $76.230 por trámite).
- 200 pasajes aéreos internacionales: comisión total de $18.295.200 ($91.476 por trámite).
- 300 pasajes de ómnibus o trenes: comisión total de $7.623.000 ($25.410 cada uno).
- 200 trámites de asistencia al viajero: comisión total de $7.623.000 ($38.115 por gestión).
En otras palabras, además del costo de los boletos y seguros, el Estado debe pagar a la agencia cargos adicionales por cada pasaje emitido, modificado o anulado.
La empresa ganadora y la polémica por los precios
La licitación tuvo dos oferentes:
- Sudameria Incoming Solutions SRL, finalmente adjudicataria.
- ITS International Travel Services SA, que había presentado una oferta por $614,9 millones, casi $34 millones más barata que la ganadora.
El dictamen de evaluación, fechado el 6 de agosto de 2025, otorgó 90 puntos a Sudameria y 80 a ITS, inclinando la balanza a favor de la primera. No se presentaron impugnaciones.
Lo llamativo es que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) informó mediante la Nota NO-2025-80761008 que no pudo determinar un precio testigo de referencia. En estos casos, la ausencia de un valor de control dificulta la comparación con el mercado y eleva el riesgo de sobrepreprecios.
Detalle del servicio: software global y gestión “offline”
El pliego establece que la empresa adjudicataria debe proveer un software integral de reservas de alcance mundial, con acceso en tiempo real a vuelos y transportes, y la capacidad de emitir pasajes “offline” cuando no haya disponibilidad online.También incluye:
- Reservas de ómnibus, vans y trenes de corta y larga distancia.
- Cobertura médica extendida en el exterior, repatriación sanitaria y compensación por pérdidas de equipaje.
- Atención 24/7 y un ejecutivo de cuenta exclusivo para el ministerio.
- Informes periódicos sobre destinos, pasajeros, gastos y tiempos de gestión.
La disposición firmada por Montero establece que el gasto se imputará a las partidas de 2025 y 2026, lo que significa que el contrato sigue vigente más allá del ejercicio en curso. El esquema, por tanto, compromete a la próxima administración del presupuesto en un área que, en principio, debería responder a necesidades coyunturales de viajes oficiales.
El ministro Mariano Cúneo Libarona atraviesa un período de fuerte exposición política. En los últimos meses enfrentó cuestionamientos por la demora en la implementación del sistema acusatorio federal, las tensiones con jueces federales y la falta de definiciones en políticas sensibles del área de Justicia.
Su gestión también fue señalada por defender los nombramientos por decreto de Ariel Lijo y Garcia Mansilla como jueces de la Corte Suprema. Más que una compra rutinaria, esto exigirá auditoría pública: detalles de emisiones, reemisiones y comisiones deben estar disponibles ya, para que la ciudadanía sepa cuánto viaja el Estado y cuánto cuesta cada trámite.
NA