La inflación acumulada de 2024 cerraría en torno al 118% según las proyecciones de las principales consultoras del mercado, favorecida por la desaceleración de precios de los últimos meses del año.
Sin embargo, a la espera de los datos oficiales que se conocerán este martes, un relevamiento sobre condiciones de vida mostró que, en un país donde cada vez menos personas pueden vivir de su trabajo, el desahorro y el endeudamiento marcan el día a día de la población: casi el 50% de las compras de alimentos en supermercados se financió con crédito, el porcentaje de quienes debieron usar ahorros pasó del 36% al 41%, a la vez que casi la mitad de quienes alquilan relegan gastos esenciales de salud para no quedar en la calle, y el 60% de titulares de AUH tomó deuda en billeteras virtuales.
Este panorama da cuenta del impacto de la crisis del mercado laboral, con pérdida de puestos de trabajo y deterioro del poder adquisitivo de los ingresos, en las y los trabajadores: el 41% de ocupados son pobres y el 10,3% indigente lo que genera mayor desigualdad en el consumo interno. Mientras la mayoría de la población no llega a cubrir consumos como lácteos, carnes y yerba mate, unos pocos acceden a autos importados (los modelos que llegan de afuera pasaron del 34 al 50%) y a productos de lujo.
Lo anterior se agrava si se considera el abandono por parte del Estado de medidas de contención social que atiendan la situación de más del 50% de la población bajo la línea de pobreza. Así, el porcentaje de personas pobres que percibían algún tipo de subsidio cayó del 41% al 35,2% (-5,8 puntos) y en el caso de la población indigente el desamparo aumentó en 12,4 puntos.
Menos ingresos, más deuda y pobreza
Pese a la desaceleración de los precios minoristas en los últimos meses, el impacto de la devaluación inicial del gobierno (120%), sumado al ancla salarial y la política cambiaria, generaron un deterioro continuo en el poder adquisitivo de los hogares, afectando especialmente a los de menores ingresos.
El consumo privado mantuvo en todo el 2024 su tendencia contractiva, reflejando la pérdida de poder de compra, agravada por la desregulación de productos de canasta básica y el alza de los servicios, que duplicaron su peso en un salario promedio en el primer año de gestión de Javier Milei (electricidad, gas y agua subieron 400%).
En esta coyuntura, si bien el empleo constituye la principal fuente de ingresos de la población para la subsistencia diaria, lo cierto es que el retroceso de las oportunidades laborales -crecimiento de trabajos informales y contratos precarios (+4% monotributistas)- y el recorte del gasto social, generaron que cayera de forma sostenida la proporción de personas que pueden vivir de su trabajo.
De esa manera, para poder subsistir las familias se vieron obligadas a recurrir también a otras fuentes de recursos que se han ido modificando a raíz de la política social y económica del actual gobierno. En lo concreto, “el desahorro y el endeudamiento han sido las estrategias más utilizadas por la población”, de acuerdo a un relevamiento realizado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP).
Se advirtió entonces que 2 de cada 5 personas (41,4%) debieron utilizar sus ahorros familiares afectando su patrimonio (+5,2 puntos respecto de fines del 2023) lo que, a su vez, escala a 6,1 puntos en la población debajo de la línea de pobreza. Por su parte, el endeudamiento afectó a toda la población general, pero impactó especialmente en las personas que batallan por su subsistencia: la porción de población pobre que usa la tarjeta de crédito aumentó en 3,1 puntos mientras en el caso de la pobreza extrema fue de 8,5 puntos.
Sobre el financiamiento vía tarjetas de crédito, los datos sobre evolución de las ventas en supermercados que difunde INDEC permiten observar cómo los consumidores ajustan sus hábitos en respuesta a cambios en su situación financiera. Según dicha fuente, casi el 50% de las compras de alimentos se obtienen postergando su pago. Durante años, el promedio de consumos pagados con tarjeta de crédito se mantuvo en torno al 36% sin embargo, actualmente ese valor se incrementó a 46%, alcanzando un nuevo nivel histórico.
Se agrega que, de acuerdo con el informe de los economistas Claudio Lozano, Ana Rameri y Agustina Haimovich, entre otros especialistas, un 18% del total de la población pidió préstamos a familiares o amigos (la mayor suba fue en la población con pobreza extrema donde creció 36%) así como se incrementaron los préstamos de bancos o financieras (12,1% del total de la población). A su vez, el 11,6% del total recurre a mercaderías, ropa o alimentos provistos por instituciones (iglesias, ONGs, organizaciones sociales).
Esto ocurre en un momento donde el 24,2% de las y los trabajadores ganan menos del salario mínimo por hora, porcentaje que asciende al 41% para cuentapropistas y 40,6% para la población asalariada informal, según el mismo informe del IPYPP.
Lo anterior coincide con los datos proporcionados para el cierre del año por el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) desde donde señalaron que “los indicadores sociales en general continúan en niveles críticos, principalmente aquellos que reflejan la carencia de una alimentación suficiente y adecuada” y sobre el endeudamiento familiar alertaron que “las tarjetas de crédito retomaron el primer lugar en el ranking de financiación de alimentos”.
De acuerdo con este centro de estudios cordobés, por falta de recursos económicos, 6 de 10 familias no pudo acceder plenamente a la Canasta Básica Alimentaria (CBA), el 88% tuvo que financiar alimentos (tarjetas de créditos 42,5%, al fiado 38,2 %, con dinero prestado el 7,2%) y el 19% se quedó sin alimentos en algún momento del mes.
A esto hay que sumarle el impacto de la derogación de la Ley de Alquileres que empeoró las condiciones para los diez millones de inquilinos del país: contratos de menor duración, mayor frecuencia en aumentos y crecientes desalojos.
Según la Encuesta Nacional Inquilina, el 62% de los hogares inquilinos tiene ingresos por debajo de la línea de pobreza a la vez que en Argentina el 45% de los ingresos totales de un hogar se destinan al pago del alquiler. En relación, como lo último que se deja de pagar es el alquiler para evitar justamente no quedar en la calle, quienes alquilan relegan gastos fundamentales: 45% redujo gastos en alimentos y el 48% afirmó tener que suspender gastos en salud. El 90% redujo gastos en restaurantes y cultura.
El negocio de la deuda
El gobierno nacional habilitó en abril 2024 – activando una resolución del 2019 fijada por el gobierno de Mauricio Macri – la posibilidad de que las personas titulares de prestaciones sociales (AUH, AUE, Prestación Alimentar, Asignaciones Familiares, Programa Hogar) cambien lugar y forma de cobro, migrando desde una entidad bancaria a billeteras virtuales, destacándose el caso de Mercado Pago, propiedad de Marcos Galperín.
“Se evidencia la orientación privatista y mercantilizadora que atraviesa a la política social”, analizaron al respecto desde el IPYPP y agregaron que “se trata de la promoción de un intermediario monopólico, para desplazar a las entidades bancarias, muchas oficiales, que operaban en el pago de los beneficios de las personas titulares”. Según lo relevado, ya el 60% de titulares AUH se endeudaron con las opciones de crédito que paralelamente ofrece Mercado Pago.
“Ello supone, además de la concentración del negocio económico en esta billetera virtual cuyo empresario accederá a un extenso padrón de nuevos clientes, los riesgos de seguridad que llevan implícitas las operatorias de billeteras virtuales y la profundización del endeudamiento domestico que trae aparejado”, explicaron los economistas.
En ese sentido “Mercado Pago no es una entidad financiera con lo cual los fondos acreditados no están garantizados conforme a la legislación, es decir, no cuentan con un sistema de seguro de garantía de los depósitos”.
Asimismo, “al ser una app sin oficinas, los canales de reclamos son más complejos y opacos, cuestión que no es menor por la mayor exposición a las estafas virtuales. Tampoco tiene mecanismos de reversión de operaciones denunciadas por los usuarios propietarios de las cuentas”.
Finalmente subrayaron que “la decisión del gobierno nacional implica la directa incorporación en la política pública de un negocio privado de intermediación financiera poniendo en desventaja a las herramientas públicas de intermediación existentes”.
El Destape