El organismo resolvió por unanimidad dar curso a los pedidos de juicio político de un grupo de abogados contra el fiscal provisorio César Collado y al del propio Collado contra el juez Rodolfo Lineras, quienes fueron separados temporalmente de sus cargos mientras dure el proceso.
El Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia del Chaco informó hoy dos decisiones trascendentales que sacuden el ámbito judicial de la II Circunscripción, con sede en Presidencia Roque Sáenz Peña. Por unanimidad, el cuerpo aceptó formalmente las acusaciones presentadas de manera cruzada entre el fiscal provisorio César Luis Collado y el juez Gustavo Rodolfo Lineras, disponiendo la suspensión preventiva de ambos funcionarios en el ejercicio de sus cargos.
Dos acusaciones, dos suspendidos
En primer término, el Jurado dio curso a la denuncia impulsada por los abogados Oscar Olivieri, Roberto Pugacz y Cristian Arana contra César Collado, quien se desempeña como Fiscal -Provisorio- de la Fiscalía de Investigación N° 1 de Sáenz Peña. La acusación fue declarada procedente con sustento en los artículos 13 y 14 de la Ley 33-B, norma que rige el procedimiento de enjuiciamiento.
Como consecuencia, se resolvió la suspensión preventiva de Collado, medida que se fundamenta en el artículo 169 de la Constitución Provincial y el artículo 6 de la misma Ley 33-B.
Paralelamente, y también con el voto unánime de los miembros del Jurado, se aceptó la acusación que el propio César Collado había presentado contra Rodolfo Lineras, Juez de la Cámara Primera en lo Criminal de la II Circunscripción Judicial. De igual modo, se declaró procedente el pedido y el magistrado quedó suspendido en sus funciones mientras se sustancie el debido proceso.
Plazos y garantías procesales
El organismo informó que el siguiente paso será la evacuación del traslado que se conferirá tanto al fiscal como al juez suspendidos, por el término de 10 días hábiles, conforme lo establece la normativa del Jurado. En ese lapso, los acusados podrán ofrecer todo tipo de pruebas para ejercer plenamente su derecho de defensa.
Desde el Jurado destacaron que el proceso se llevará adelante “con prudencia y responsabilidad, garantizando el avance progresivo de cada etapa”, y remarcaron que se trata de “una exigencia constitucional, convencional y legal que condiciona la validez de cualquier resultado final”.
Aclaración fundamental
En un punto especialmente relevante, las autoridades del Jurado subrayaron que la admisión de la acusación no implica de ningún modo un pronunciamiento sobre el honor de los funcionarios suspendidos, ni anticipa un juicio sobre su responsabilidad. Enfatizaron que esa materia es precisamente el objeto central del procedimiento de enjuiciamiento que recién ahora comienza su fase activa.
De esta manera, el organismo judicial chaqueño abre un proceso que, más allá de las suspensiones preventivas, deberá resolver en los plazos legales si existen méritos para un apartamiento definitivo de ambos magistrados, o si por el contrario las acusaciones no prosperan. La investigación y el derecho de defensa serán, a partir de ahora, los ejes del trámite.