La coima y el ajuste más cruel: pasaban la motosierra sobre los discapacitados mientras recaudaban para la corona. En medio del escándalo por las coimas, el jefe de Gabinete aseguró que tienen todo listo para quitarle la ayuda a medio millón de discapacitados, un plan de ajuste sobre los más débiles revelado hace meses por PáginaI12. El propio Francos reconoció en el Congreso que ni siquiera fueron capaces de comunicar a los afectados la obligación de someterse a la auditoría trucha diseñada para perjudicarlos
En la Andis pasaban demasiadas cosas al mismo tiempo que corrían las coimas. Antes de salir eyectado del cargo por el escándalo de los medicamentos, Diego Spagnuolo le dejó servido al Gobierno un ajuste en las pensiones por discapacidad de dimensiones brutales.
En su informe ante el Congreso, Guillermo Francos renoció este miércoles que, gracias a la auditoría que impulsó el exfuncionario, el Ejecutivo está en condiciones de dar de baja del beneficio nada menos que a unas 500 mil personas. El número surge del total de beneficiarios que según informó el jefe de gabinete nunca recibieron la carta documento con la indicación de someterse a los estudios médicos y otros trámites que la Andis les exige para no caerse de la ayuda estatal.
De acuerdo a un decreto firmado por Federico Sturzenegger en septiembre pasado, no recibir la citación para auditarse en tiempo y forma es causal suficiente para la baja. La intención era culpar a los beneficiarios por supuestamente no haber actualizado su domicilio, como una forma de justificar la poda. Según consta en las metas del presupuesto 2025, el ajuste ya era cosa juzgada: de las 1.266.945 pensiones que estaban vigentes a principios de este año, el Ejecutivo planea entregar en diciembre solo 749.451. Una meta muy en línea con el plan motosierra.
De lo expuesto por Francos a pedido de los diputados de la oposición y de los datos que figuran en las metas de presupuesto surge que la Rosada tenía proyectado de antemano el ajuste en las pensiones. Mientras Sturzenegger le puso la firma al marco legal del ajuste, con el decreto 843/24 que introdujo nuevas causales de baja y culpabiliza a los beneficiarios, Spagnuolo se encargó de la operatoria, a través de la auditoría. En uno de los audios filtrados que publicó Página/12, el exfuncionario dice que el ministro desregulador estaba interesado en meterse en el proceso. “Bajar las pensiones es tarea mía”, se lo escucha decir, al tiempo que protestaba porque le mandaban a decir desde Balcarce 50 “cómo hacer las cosas”.
La auditoría avanzó y los beneficiarios tuvieron serios problemas para cumplir con lo que se les exige. En las últimas semanas, según pudo saber este diario, se acercan hasta la oficina de la Andis en la calle Yrigoyen, a pocos metros del Congreso, entre 200 o 300 personas por día para quejarse porque están afuera del beneficio.
“Muchos vienen porque fueron al cajero y se encontraron con que no les habían depositado. Entonces vienen a preguntar por ventanilla qué pasó. Llegan de a cientos, la cola da la vuelta manzana. Y nosotros les explicamos de la auditoría. Casi nadie sabe que existe, es un maltrato descarado a la gente con discapacidad que realmente necesita la ayuda. No nos da la cara para decirles que ya no van a cobrar”, le contó a Página/12 un trabajador del organismo.
Por lo menos desde junio de este año, Spagnuolo bajó la línea de apurar el proceso de bajas. Los trabajadores de la Andis están siendo presionados para tomar horas extra los fines de semana para dar la mayor cantidad de bajas posibles, que son directamente al voleo: se hacen desde una computadora, visualizando un expediente interno, sin entrar en contacto con la gente.
La primera parte de la tarea en ese sentido la hizo Mauricio Macri, que durante su gestión en la Rosada mandó a recortar todo el despliegue territorial de la Andis y despidió a buena parte de las trabajadoras que realizaban los esutdios socio-económicos de los beneficiarios. Spagnuolo completó la tarea con sus propios despidos, más de 300. Hoy más que nunca, los pensionados son un número en una planilla de Excell.
Para la politóloga Belén Arcucci, directora del área de Discapacidad ACIJ, “la auditoría fue una excusa para ajustar”. Las bajas, explica, “están vinculadas al propio diseño de la auditoría, que no fue pensada para las personas a las que estaba destinada”. “A pesar de que el gobierno dice que hay miles de pensiones mal otorgadas, la realidad es que las bajas están siendo arbitrarias, lo que vulnera derechos fundamentales de las personas”, agrega.
Te audito, después te ajusto
Spagnuolo anunció la puesta en marcha de las auditorías sobre las pensiones en octubre del año pasado. El objetivo, solía decir públicamente, era detectar irregularidades en su entrega durante el gobierno anterior. Esperaba encontrarse con miles de casos extravagantes, pero apenas halló un puñado: según Francos, se contaron solo 7211 personas fallecidas que lo cobraban, además de otras 9027 renuncias voluntarias al beneficio. Una porción bastante menor en un universo de más de un millón de pensiones.
Lo que produjo la auditoría, en cambio, fue un trastorno para las personas con discapacidad que en todo el país debieron someterse a estudios médicos para comprobar sus padecimientos pese a haber nacido con ceguera, tener enfermedades congénitas o haber sido diagnosticados desde chicos con algún trastorno del desarrollo, por citar algunos casos.
Más de la mitad de las cartas documentos que la Andis envió a los domicilios de los auditados, para colmo, nunca llegaron a destino, en muchos casos por problemas de logística o porque los domicilios estaban desactualizados.
A quienes sí les llegó la carta, según revela un informe reciente de ACIJ, les surgieron otro tipo de problemas: debían viajar cientos de kilómetros para someterse a los estudios médicos requeridos, no encontraban turnos disponibles, no sabían qué documentos entregar o simplemente no entendían las indicaciones. La auditoría fue lanzada sin tener en cuenta los apoyos que las personas con discapacidad necesitan, algo que fue oportunamente denunciado por las organizaciones del colectivo.
Según el informe de Francos, la auditoría arrojó hasta ahora los siguientes resultados:
- De las 997.654 cartas documento enviadas por la Andis, rebotaron 504.802
- Sólo acudieron a iniciar los trámites unas 451.579 personas
- Sólo 40 mil personas recibieron la notificación y decidieron no auditarse.
- Hasta ahora, aprovechando el decreto de Sturzenegger, el Gobierno ya lleva recortadas 111.463 pensiones. Y contando.
Spagnuolo, Sturzenegger y Andreani
En uno de los audios, Spagnuolo reconoce que Sturzenegger le envió un funcionario de su riñón a meterse en el proceso de licitación con la empresa de correos Andreani, que fue la elegida para enviar las cartas documento a las personas con discapacidad. “Yo venía negociando con ellos y me mandaron a uno a meterse y me hicieron quedar para el culo”, protesta en uno de los audios.
Spagnuolo se refiere a la licitación millonaria que firmó con Andreani, con el Correo Argentino y Correo Express. Andreani se llevó la parte más jugosa de la licitación, adjudicándose cuatro de los renglones más caros, por un total de 13 mil millones de pesos.
La licitación total supera los 20 mil millones, un dineral invertido en enviar a todo el país poco más de un millón de cartas documento. A todas luces resultó un éxito para el Gobierno: como 500 mil de esas cartas nunca encontraron destinatario, ahora tiene a mano un argumento para justificar la poda.
Más trucho que la radiografía
“Mirá la comunicación – dice Spagnuolo en uno de los últimos audios –, el pelotudo de Adorni que le pasamos toda la información, la radiografía del perro le dijimos: esa pensión no se otorgó. ¿Y hoy qué dicen? ‘Esa pensión se otorgó”. La mención es clara a la operación de prensa que se montó con la radiografía trucha del perro, que le sirvió al gobierno para justificar las pensiones. Según el audio, Adorni estaba al tanto. “‘Ey, están mintiendo’. Flaco, te lo pasé clarito, esa pensión no se otorgó”, cierra la filtración.