El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) lanzó una moratoria destinada a familias que mantienen deudas con el organismo y buscan regularizar su situación para acceder al título de propiedad de sus viviendas. El presidente del organismo, Fernando Berecoechea, aseguró que la iniciativa está teniendo “muy buena respuesta” y reconoció que la morosidad todavía ronda el 50%.
En declaraciones a CIUDAD TV, Berecoechea explicó que el objetivo de la moratoria no es solamente incrementar la recaudación del Instituto, sino también avanzar en la regularización administrativa de viviendas que, en algunos casos, llevan décadas sin tener resuelta su situación dominial.
“Nosotros necesitamos que esa cuota se pague porque, en definitiva, es el recurso con el cual seguimos trabajando”, señaló. Al mismo tiempo, destacó que el proceso de regularización adquiere especial importancia para las familias que buscan obtener el título de propiedad.
Según explicó, el IPDUV viene vinculando ambos procesos: la regularización de las deudas y la entrega de títulos. “Para poder acceder al título de propiedad, por supuesto que tienen que estar al día con el organismo”, sostuvo.
El funcionario indicó que el organismo analiza cada situación familiar y que, en función de la capacidad económica de los adjudicatarios, se buscan alternativas de refinanciación, condonación o subsidio de las deudas.
“Discutimos y conversamos respecto a su situación económica familiar y encontramos siempre una salida”, afirmó.
Casi la mitad de los adjudicatarios mantiene deudas
Berecoechea reconoció que el nivel de morosidad continúa siendo elevado y que actualmente se ubica “rondando casi el 50%”.
A esa situación se suman barrios construidos hace más de dos décadas que todavía presentan problemas administrativos. Según explicó, el IPDUV comenzó procesos de regularización que incluyen trabajos de mensura y análisis de la situación económica de las familias.
En esos casos, el organismo también está aplicando mecanismos de condonación o subsidio de deudas. “La intención, repito, no es solamente recaudatoria, sino también regularizar y poner blanco sobre negro sobre muchas situaciones que no se habían resuelto en la provincia”, sostuvo.
El acceso al título de propiedad es, para el titular del IPDUV, uno de los principales objetivos de ese proceso. En ese sentido, destacó que ya se entregaron cerca de 7.000 títulos durante la actual gestión y que la meta fue elevada a casi 10.000 para los cuatro años.
“Para poder heredar esa vivienda a los hijos es indefectible, es absolutamente necesario tener el título de propiedad”, remarcó.
Chaco tiene un déficit de unas 67.500 viviendas
Durante la entrevista, Berecoechea también aportó datos sobre la situación habitacional de la provincia y diferenció entre el déficit habitacional general y la cantidad de viviendas que efectivamente deberían construirse.
Según explicó, alrededor del 59% del stock habitacional del Chaco presenta algún tipo de déficit. Esto no significa que falte ese porcentaje de viviendas, sino que se trata de un indicador multidimensional que contempla viviendas que requieren ampliaciones, refacciones, acceso a servicios básicos u otras intervenciones.
En términos de viviendas faltantes, estimó que en la provincia se necesitan alrededor de 67.500 unidades para atender a familias que no tienen acceso a una vivienda adecuada o que habitan construcciones consideradas irrecuperables.
A nivel nacional, señaló que el déficit habitacional alcanza aproximadamente al 40,3% de las viviendas y que existen cerca de seis millones de unidades con algún tipo de déficit.
En el caso chaqueño, además, una parte importante del déficit podría resolverse mediante intervenciones sobre viviendas existentes. Según el funcionario, poco más del 41% de las viviendas comprendidas dentro del indicador provincial podrían ser recuperadas mediante ampliaciones, refacciones o la incorporación de servicios básicos.
Casi 900 viviendas están en ejecución
En cuanto a la obra pública habitacional, el presidente del IPDUV aseguró que actualmente existen trabajos en ejecución en casi 25 localidades chaqueñas.
Según detalló, se trata de distintas operatorias que incluyen la recuperación de obras paralizadas, la construcción mediante empresas y proyectos articulados con municipios, donde la Provincia aporta materiales y los gobiernos locales la mano de obra. “Realmente casi 900 viviendas” están actualmente en ejecución en toda la provincia, afirmó.
Berecoechea señaló que una de las prioridades de la gestión fue recuperar proyectos que habían quedado paralizados. En Resistencia, mencionó trabajos realizados en la Chacra 137, en la zona de avenida Hernández al fondo, donde había cerca de 250 viviendas terminadas que no contaban con servicios básicos como agua, energía eléctrica o apertura de calles.
También mencionó viviendas recuperadas y entregadas en el sector de Carpincho Macho y las obras de la Chacra 214, donde ya se entregaron casi 70 viviendas y se encuentran en ejecución otras 22. A eso se suman otras 25 viviendas en la Chacra 138.
El funcionario sostuvo que una vez finalizada esta etapa de recuperación de obras paralizadas, el organismo podrá concentrarse con mayor intensidad en nuevos proyectos habitacionales.
Control sobre viviendas que no son ocupadas
Otro de los mecanismos que explicó Berecoechea es el control posterior a la entrega de las viviendas. Según detalló, en los barrios adjudicados durante la actual gestión se realizan controles a los 60 días para verificar que las familias hayan ocupado efectivamente las unidades.
Cuando se detecta una vivienda abandonada, se inicia un protocolo de recupero que, de acuerdo con el funcionario, tiene una duración administrativa aproximada de 90 días.
También pueden iniciarse actuaciones a partir de denuncias de vecinos por presuntos alquileres, ventas o cesiones de viviendas sociales.
Berecoechea recordó que las viviendas del Instituto no pueden ser prestadas, vendidas, alquiladas o cedidas mientras no hayan sido canceladas y escrituradas. Ante una denuncia, el organismo primero verifica la situación dominial y financiera del inmueble.
Si la vivienda no fue cancelada ni escriturada, se inicia el procedimiento de recupero y se garantiza al adjudicatario original la posibilidad de realizar su descargo. Luego interviene la Gerencia Legal antes de determinar si corresponde avanzar con la recuperación.
El funcionario señaló, no obstante, que algunas de esas decisiones terminan judicializadas mediante acciones de amparo, lo que puede extender los tiempos del proceso.
El padrón del IPDUV tiene unas 170.000 familias
Finalmente, Berecoechea insistió en la importancia de mantener actualizada la inscripción en el Instituto de Viviendas. Según explicó, el padrón histórico cuenta con alrededor de 170.000 familias y se extiende desde 1978 hasta la actualidad.
La actualización se realiza de manera digital mediante la aplicación del Instituto de Viviendas disponible a través de Tu Gobierno Digital. Con el número de adjudicatario o el DNI, las familias pueden acceder a su información y actualizar su situación.
El funcionario recomendó realizar esa actualización al menos una vez al año, incluso cuando no hayan cambiado las condiciones familiares o económicas.
“Necesitamos saber que esa demanda siga existiendo”, explicó, al señalar que la actualización funciona también como una forma de que el organismo pueda identificar cuáles son las familias que todavía necesitan acceder a una vivienda.