La Provincia analiza medidas de contingencia y acciones legales para proteger a los usuarios del Área Metropolitana del Gran Resistencia. ante la comunicación realizada por la empresa ERSA Urbano S.A. U.T. respecto de un eventual cese de la prestación del servicio de transporte urbano las Líneas 2, 9, 101, 106, 107, 204 y 205.
En este sentido, el Gobierno provincial informa que se encuentra trabajando en todas las medidas administrativas, técnicas y operativas necesarias para garantizar la continuidad del servicio público de transporte de pasajeros del Área Metropolitana del Gran Resistencia, ante la comunicación realizada por la empresa ERSA Urbano S.A. U.T. respecto de un eventual cese de la prestación correspondiente al Grupo I del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana (SITAM).
El Grupo I comprende líneas estratégicas del sistema, entre ellas las líneas 2, 9, 101, 106, 107, 204 y 205, que representan una parte sustancial de la red de movilidad metropolitana. Su operación alcanza más de 25.200 kilómetros diarios y cuenta con más de cien unidades afectadas al servicio.
Frente a esta situación, el Gobierno Provincial ratifica que ninguna empresa concesionaria puede abandonar unilateralmente un servicio público esencial. El transporte público constituye una prestación indispensable para miles de usuarios que diariamente se trasladan a sus lugares de trabajo, establecimientos educativos, centros de salud y demás actividades cotidianas.
Se han instruido las actuaciones correspondientes para intimar a la empresa a garantizar la continuidad de la prestación, fiscalizar el cumplimiento de los recorridos, controlar la disponibilidad de unidades y verificar las frecuencias establecidas, documentando cualquier reducción o interrupción unilateral del servicio.
Asimismo, se encuentran en evaluación distintas alternativas operativas de emergencia destinadas a minimizar el impacto sobre los usuarios ante una eventual salida de la empresa. El objetivo central es asegurar que los vecinos del Área Metropolitana puedan continuar utilizando el transporte público con la mayor normalidad posible.
De manera paralela, la Provincia analiza las consecuencias administrativas, contractuales y patrimoniales que podrían corresponder en caso de concretarse el abandono del servicio, incluyendo la aplicación de sanciones, ejecución de garantías, reclamos por daños y perjuicios y demás medidas previstas en el marco legal vigente.
El Gobierno recordó además que el contrato de concesión obliga a la empresa a prestar el servicio de manera regular, continua y eficiente, y destacó que durante la vigencia del sistema se implementaron diversas herramientas de acompañamiento para sostener el funcionamiento del transporte público. “La prioridad es la movilidad cotidiana de la gente. Ninguna empresa puede dejar sin transporte a los usuarios. Vamos a defender la continuidad del servicio público y aplicar todas las medidas que correspondan dentro del marco legal”, señalaron desde el Ejecutivo provincial.
Finalmente, se solicita a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales del Gobierno Provincial y de la autoridad competente en materia de transporte, donde se comunicarán oportunamente todas las novedades y medidas que se adopten para garantizar el servicio.