La protesta del sindicato de Camioneros por las complicaciones en su paritaria puso al descubierto una mecánica extendida del Gobierno: una evasión deliberada de su rol de contralor en las negociaciones salariales que habilita a los empresarios a retacear aumentos pactados por las propias cámaras sectoriales. La maniobra pudo ser verificada por este diario no sólo en el gremio de Hugo y Pablo Moyano sino también en los de alimentación, textiles, encargados de edificios, plástico, aceiteros, molineros, mineros y pasteleros, entre otros. Incluso un grupo de organizaciones del rubro industrial prepara por esta omisión una presentación judicial contra la administración libertaria.
La falta de homologaciones fue asumida por la propia Secretaría de Trabajo aunque con una explicación de orden administrativo: producto de la aceleración de la inflación la cartera laboral pasó de una dinámica de legalizaciones de negociaciones de una vez al año por cada sindicato a otra bimestral y hasta mensual, que venía de arrastre en la gestión de Alberto Fernández y se agudizó con la devaluación de Javier Milei y Luis Caputo.
En reserva, los funcionarios reconocen ante los dirigentes que las firmas sólo avanzan si los acuerdos contemplan las pautas salariales dictadas por el ministro de Economía: no más de 19% para enero, 15% para febrero y 12% para marzo. La suba de los valores de la canasta básica fue en igual período de 20,6% en enero, en tanto que para febrero se prevé alrededor de 15% y un valor similar para marzo. Esa distancia no contempla el salto de 25,5% de diciembre asociada de manera directa a la devaluación. Los acuerdos de partes tienen, para la administración libertaria, topes más estrictos incluso que los que plantearon anteriores gestiones peronistas y hasta la de Mauricio Macri.
El corrimiento de Trabajo en la legalización de los expedientes tuvo hasta ahora todo tipo de repercusiones en el ámbito laboral. Por un lado, la queja generalizada de aquellas organizaciones que se ven privadas de una herramienta necesaria en muchas ocasiones para reclamar los incrementos resueltos. En paralelo, una mayor reticencia de las empresas a pactar subas por valores que incluso su actividad permite a caballo del guiño del oficialismo y con un agravante: quienes no pagan esos aumentos pero contaban con los recursos para hacerlo pueden utilizar los fondos para invertirlos en lugar de liquidar ajustes a su personal, con la expectativa de que en el peor de los casos deberán pagar con retroactividad pero sin intereses.
Pero quizás la reacción más novedosa, que este medio constató por lo menos en un sindicato de servicios y en otro industrial, es la decisión de no llevar ante la cartera laboral sus cierres paritarios para evitar un eventual mal trago. Esos gremios alegan, con obvio pedido de reserva, que les resulta más sencillo garantizarse el cumplimiento de los aumentos mano a mano con las empresas de sus respectivas actividades que ante los funcionarios.
La maniobra en sí misma no es novedosa en la historia reciente de las relaciones laborales en la Argentina, en particular tras la caída de la convertibilidad y la reanudación de la gimnasia de negociaciones, pero sí lo es su carácter generalizado, coordinado y a priori indiscriminado. Lo que años anteriores era una prerrogativa de un gobierno para complicarle la vida a un dirigente sindical u obstaculiizar una suba salarial puntual lejana de las pautas previstas por el oficialismo de turno, en lo que va de 2024 es la norma en la Secretaría de Trabajo.
La homologación es un acto administrativo propio de las relaciones laborales que consta del control de legalidad por parte de las autoridades de Trabajo. Contra el criterio de normativas de décadas atrás, en las que el Ejecutivo se reservaba el derecho de analizar los convenios colectivos y los acuerdos paritarios bajo la lupa de criterios de “oportunidad” o “conveniencia”, la ley laboral 25.877 de 2004 sólo establece como límite el cumplimiento de la normativa vigente. El artículo 22 de esa ley indica que “la homologación deberá producirse dentro de un plazo no mayor de 30 días de recibida la solicitud, siempre que la convención reúna todos los requisitos establecidos a tal efecto” y agrega que “transcurrido dicho plazo se la considerará tácitamente homologada”.
De hecho en el caso de la paritaria de los encargados de edificios, el gremio Suterh alegó que consideraba tácitamente homologado el último acuerdo salarial alcanzado con sus contrapartes patronales. Tal como anunció a fin de febrero, el sindicato que lidera Víctor Santa María pactó una suba de 45% para los salarios de ese mes con la Unión de Administradores de Inmuebles, la Cámara de la Propiedad Horizontal y la Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal. A falta de una firma de la secretaría a cargo de Omar Yasín, el gremio emitió un acta conjunta con las cámaras empleadoras para dar por finalizado el plazo vigente para su homologación tácita, y por ende su plena vigencia.
Pero el episodio más conflictivo hasta ahora es el que dio a conocer Camioneros respecto de tres empresarios y referentes de entidades patronales de Córdoba, Santiago del Estero y Mendoza, a quienes acusó de haber “presentado infundadas impugnaciones intentando boicotear la homologación” del acuerdo salarial. Esos transportistas, alineados con la dirigente del PRO Florencia Arietto, desconocieron por falta de aval oficial el acta firmada por una de las cámaras patronales, Fadeeac.
Un relevamiento de este medio entre las principales organizaciones sindicales con paritarias resueltas estableció que la omisión es generalizada. En la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) el Gobierno evitó homologar subas acordadas por enero y febrero; lo mismo sucedió con la Asociación Obrera Textil (AOT), que acordó sumas de 100 mil pesos y $ 110 mil no remunerativas para enero y febrero, respectivamente, que se adicionaron a otros 40 mil pesos resueltos previamente para terminar de integrar los sueldos en los meses inmediatamente posteriores. Trabajo no validó esos entendimientos y el gremio que encabeza Hugo Benítez debió pedirle a la cámara industrial que enviara una circular a todos sus asociados para recordarles la obligación de saldar los aumentos.
En otros rubros, como el de la industria aceitera, la Ftciodyara no logró que se homologaran sus acuerdos salariales ya desde fin del año pasado; la Unión Obrera Molinera (UOMA) tampoco consiguió que se ratificaran en sede administrativa los incrementos resueltos con las cámaras FAIM, CEPA y Caena; en tanto que los mineros (AOMA) sufrió lo propio en cinco convenios colectivos de actividad y otra decena a nivel de empresas, aunque sus autoridades aclararon que “el 99% de los empleadores paga igual” los aumentos, y en el caso de los Pasteleros la omisión se verificó en las subas resueltas en enero para las cinco ramas de su actividad. Mientras que para el gremio de los plásticos (Uoyep) la objeción fue respecto de su arreglo en la rama de autopartes para febrero.
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