Mientras incumple la ley vigente, el Ejecutivo envió un proyecto que pone un techo del 14% a la suba sobre gastos de funcionamiento y salarios en las Universidades Nacionales, en base a la inflación imaginada por el INDEC. Si bien el Gobierno de Milei envía este proyecto en tiempo de extraordinarias y lo agregó al temario de las mismas, está claro que no será tratado en lo que resta de este período, sino quedará para ordinarias.
Finalmente ingresó a través de la Cámara de Diputados un proyecto para modificar la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, con el declarado objetivo de “armonizar las necesidades de financiamiento de las universidades nacionales… con las reales posibilidades de financiamiento en relación con la Ley N° 27.798 de Presupuesto 2026”.
El proyecto del oficialismo busca reemplazar la ley vigente de financiamiento universitario, aprobada a fines de 2025 por el Congreso, que el gobierno incumple deliberadamente, a pesar de haber sido vetada por el Ejecutivo, revalidada en el Parlamento, y promulgada.
La iniciativa pone como techo una suba en los gastos de funcionamiento y en salarios de docentes y nodocentes de Universidades que no será mayor de 14,3% en 2026, en base a la inflación armada en el nuevo INDEC libertario.
Si bien el Gobierno envía este proyecto en tiempo de extraordinarias y lo agregó al temario de las mismas, está claro que no será tratado en lo que resta de este período, sino quedará para ordinarias.
Lo que cambia en números y compromisos
El artículo 3° del proyecto (que sustituye el art. 3° de la 27.795) ata la actualización de los gastos de funcionamiento a la inflación observada (IPC-INDEC) por encima del 14,3%, que es “el valor promedio anual utilizado para la confección del proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2026”.
Es decir, si la inflación efectiva supera ese 14,3%, el crédito para las actividades 14 (Funcionamiento), 15 (Hospitales Universitarios) y 16 (Ciencia y Técnica en Universidades) del Programa 26 se ajustará para preservar el incremento real.
En paralelo, el artículo 4° dispone un refuerzo específico para el sistema de salud universitario: “Increméntase en la suma de $80.072.460.000 el crédito presupuestario de la Actividad Presupuestaria 15 ‘Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios’… con el fin de financiar el funcionamiento del sistema de salud universitario”.
Salarios de docentes y nodocentes
Respecto de salarios, el artículo 5° fija una recomposición 2025 paga en 2026 para docentes y no docentes, con tres incrementos del 4,1% cada uno (marzo, julio y septiembre), calculados sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025 – en total, 12,3% – y ordena al Ejecutivo convocar paritarias obligatorias al mes de sancionada la ley, con periodicidad no mayor a tres meses. “Dicha convocatoria deberá ser abarcativa del personal docente y no docente”, expresa la norma.
Un punto técnico relevante: el mensaje oficial subraya que, a diferencia de la Ley 27.795, esta versión cumple con el artículo 38 de la Ley 24.156 al “prever expresamente las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”, y por eso evitaría la suspensión por el artículo 5° de la Ley 24.629, dado que autoriza gasto indicando su fuente.
En términos operativos, el Artículo 5° del proyecto (nuevo art. 9° de la 27.795) detalla que los gastos se afrontarán con las partidas Jurisdicción 88, Subjurisdicción 4, Servicio 330, Programa 26, Actividades 14, 15 y 16; y si el gasto excede esos créditos, el exceso se cubrirá con la Jurisdicción 91, Programa 99, Actividad 4.
Gastos y salarios, con subas limitadas por la inflación que imagina el INDEC libertario
El proyecto establece que el presupuesto destinado a cubrir los gastos de funcionamiento se ajustará en la medida en que la inflación observada supere el 14,3% promedio anual utilizado para la confección del proyecto de Presupuesto 2026”.
Este es el techo basado en el dato que elaboró el INDEC y que fue foco de cuestionamientos muy duros por no reflejar la suba real de precios. Cabe recordar que el escándalo explotó en enero con la renuncia de Marco Lavagna.
La controversia está centrada en el Índice de Precios del Consumidor (IPC) que detonó la salida de Marco Lavagna luego de que el Gobierno postergara un nuevo índice de precios, a la espera de una nueva metodología que no capta adecuadamente los recientes aumentos en tarifas y servicios, lo que ha generado acusaciones de manipulación estadística.
El criterio brinda previsibilidad contable al Tesoro, pero también traslada el riesgo inflacionario al sistema hasta cruzar el umbral, algo que universidades y gremios podrían cuestionar si el arranque de 2026 muestra variaciones de precios aceleradas.
El 12,3% escalonado sobre salarios básicos de diciembre 2025 es, por diseño, un reconocimiento acotado a cuenta del 2025 que se terminaría de pagar en 2026. La llamativa novedad es la obligatoriedad de paritarias con frecuencia trimestral como piso procedimental. En contextos de alta nominalidad, frecuencia no reemplaza magnitud: el debate político se desplazará a la mesa paritaria, donde los actores buscarán recuperar poder adquisitivo por encima del 12,3% inicial. El oficialismo, por su parte, introduce la periodicidad como garantía de revisión—una válvula institucional—sin comprometerse desde la ley a un sendero más agresivo de recomposición.
Hospitales universitarios
El incremento puntual de $80.072 millones al rubro de hospitales escuela separa la cuestión sanitaria de la masa de funcionamiento general, reconociendo su sensibilidad pública y su impacto territorial.
Es un gesto político hacia universidades con estructuras hospitalarias (UBA, Córdoba, La Plata, Cuyo, Nordeste, etc.), y una apuesta a contener tensiones en sistemas que combinan docencia, asistencia e investigación. Habrá que ver cómo se distribuye internamente ese refuerzo y si alcanza frente a costos hospitalarios empujados por insumos dolarizados.
Cumplimiento de la 24.156 y la 24.629
La explícita referencia a las fuentes de financiamiento y a la Jurisdicción 91 como respaldo busca evitar impugnaciones de ejecución. En otras palabras: el Ejecutivo intenta que, una vez sancionada, la norma no quede inmovilizada por trabas técnicas.
Si bien la ley 27.795 fijaba las fuentes de financiamiento, fue cuestionada por el Gobierno y ese es el argumento que utiliza ahora para elaborar una nueva norma.
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