El gobierno de Javier Milei está a horas de asestarle un golpe letal a la investigación científica en Argentina, bajo el amparo del plazo de un año que le da Ley Bases (votada por el Congreso a mediados del 2024) para intervenir en organismos del Estado con la excusa de la emergencia económica.
La administración libertaria tiene “zona liberada” hasta junio de 2025 para ejecutar modificaciones o fusiones en organismos estatales y eso es lo que va a hacer apuntando al sistema de ciencia y tecnología (otra vez).
El plan del Gobierno es traspasar áreas de organismos como el CONICET a las provincias, algo que dejaría en las administraciones regionales a varios de los 330 institutos de investigación que tiene el máximo organismo científico del país.
Provincializar el CONICET
En los años ´90 el ex presidente, Carlos Menem, lo hizo con la Educación, y ahora Javier Milei busca hacerlo con la ciencia. La medida afectaría directamente a la estructura de la ciencia y la tecnología otra vez bajo el amparo de lograr el déficit público 0 y la reducción del gasto del Estado.
Esto, pasando por alto que se está afectando un organismo clave para impulsar el desarrollo con incorporación de alto valor agregado a los procesos productivos.
Nada de eso vale para la administración de Javier Milei, ni para su representante en el CONICET, Daniel Salamone.
El decreto buscaría reducir el presupuesto del organismo, limitar la cantidad de nuevos ingresos a la carrera de investigador y modificar su esquema de financiamiento.
Claro que esto, golpea directamente al desarrollo de proyectos de investigación en múltiples disciplinas, y afecta tanto a investigadores consolidados como a los científicos jóvenes que se están formando y que piensan seguir su carrera en la Argentina.
A pesar que la Ley Bases impide al gobierno realizar reestructuraciones, si pueden derogar el estatuto de la Carrera de Investigador Científico (CIC) y de Personal de Apoyo (CPA) por decreto.
Si derogan el estatuto, pueden hacer una modificación de los regímenes de compatibilidades. Con esto se plantea que los investigadores puedan tener otras actividades para que el Estado deje de otorgar remuneraciones completas o exclusivas.
Esto desincentivaría la carrera científica en Argentina, obligando a los investigadores a buscar trabajos complementarios para obtener ingresos acordes, lo que afectaría la dedicación a la investigación y la calidad de los proyectos.
Fusionar al INTA (Agro) con el INTI (Industria)
En el decreto se habla de la fusión de organismos que son claves para impulsar la actividad productiva mediante el agregado de conocimiento. Allí, el Inta, el Inti y la Conae aparecen en la ojiva libertaria para reducir la planta.
El Conicet tiene más de 26.000 trabajadores incluyendo investigadores de planta, personal técnico/profesional y administrativos. Entre los científicos temen que una descentralización podría generar la pérdida del abordaje de problemas nacionales y estratégicos, fragmentando la capacidad de respuesta del organismo.
Los científicos también sospechan que Milei buscará sacar las ciencias sociales y humanas de la órbita del Conicet y traspasarlas a las universidades nacionales. Estas disciplinas representan aproximadamente el 25% del organismo. En el mundo científico creen que ese desguace impediría un abordaje integral de los problemas de la agenda nacional.
El golpe al sistema científico sería letal, e implicaría miles de despidos. El INTA, el INTI y la CONAE en la mira, entre otros 50 organismos estatales.
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