La reforma, que debía comenzar a aplicarse el próximo 11 de agosto en Comodoro Py, quedó en suspenso luego de que el Ministerio Público Fiscal advirtiera que aún no están dadas las condiciones necesarias para abordar investigaciones complejas en esa jurisdicción.
Mediante un comunicado oficial, la cartera de Justicia explicó que, a pesar del retraso, el Gobierno considera irreversible el proceso de transformación judicial que implica esta reforma, diseñada para reducir los tiempos de los procesos penales y mejorar la eficacia en la persecución del delito. Según el texto, el sistema ya cuenta con los recursos adecuados para su implementación, aunque persisten trabas institucionales que dificultan su despliegue pleno en Capital Federal.
“El Poder Judicial debe adecuarse a un país sin privilegios ni estructuras corporativas que frenen el cambio”, subraya el documento difundido por el ministerio, que también hace referencia a la asistencia técnica, financiera e institucional que el Ejecutivo viene brindando para compensar años de abandono del sistema judicial.
En esa línea, la cartera enfatizó que las falencias edilicias o tecnológicas no deberían ser motivo para seguir demorando la puesta en marcha de una legislación que fue sancionada hace más de diez años. No obstante, y ante los planteos reiterados por parte del Ministerio Público Fiscal respecto de su falta de preparación para enfrentar causas complejas bajo el nuevo esquema, se resolvió extender el plazo de implementación de manera “excepcional e improrrogable” por tres meses.
El objetivo de esta prórroga, aclara el comunicado, es “remover obstáculos de índole política y corporativa” y lograr una coordinación efectiva entre los tres poderes del Estado en esta etapa clave de la reforma judicial. También se menciona que el sistema ya fue puesto en marcha exitosamente en otras jurisdicciones del país, como Rosario, Mendoza, General Roca, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata.
La entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal implica un cambio estructural: desplaza el eje de la instrucción penal hacia los fiscales, que pasan a tener el control de la investigación, mientras que los jueces asumen un rol más centrado en garantizar el cumplimiento del debido proceso. Se trata de una modificación profunda en la dinámica del sistema penal federal, que busca mayor agilidad, transparencia y eficacia.
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