A través de un nuevo decreto, el Gobierno dispuso cambios en los aranceles para la importación de productos textiles, confecciones y calzado, en el marco de los acuerdos comerciales vigentes en el MERCOSUR. La medida que ya había sido anunciada y rechazada por la industria, busca bajar los precios de un rubro que, sobre todo en 2024, tuvo aumentos por encima del índice general de inflación.
El decreto está firmado por el presidente Javier Milei, junto con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo y establece modificaciones en el Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.) para determinadas posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.).
El Arancel Externo Común (A.E.C.) del MERCOSUR para estos sectores sufrió modificaciones a lo largo de los años. Inicialmente, en 1994, se establecieron niveles del 14% para hilados, 18% para tejidos, y 20% para confecciones y calzado. Posteriormente, en 2007, Argentina y Brasil incrementaron estos aranceles al 26% para tejidos y 35% para confecciones y calzado, mientras que Paraguay y Uruguay mantuvieron sus valores previos. En 2009, se aplicó un nuevo aumento, llevando el arancel de hilados hasta el 18% o 26%, según el caso.
De acuerdo a un comunicado oficial de la Secretaría de Comercio, justificaron la medida: “esta suba de aranceles establecida en 2007 se fijó como una medida transitoria, sujeta a estudios posteriores que nunca se realizaron. En consecuencia, la normativa sigue vigente desde hace 18 años, generando un impacto directo en el precio de la indumentaria en Argentina. Un relevamiento comparativo de precios con otros nueve países con PBI per cápita medio-alto (como España, México, Brasil, Chile y Estados Unidos) demuestra que Argentina tiene la ropa más cara de la región. Por ejemplo, una remera de una marca internacional cuesta un 310% más que en España y un 95% más que en Brasil. Una campera, en tanto, es 174% más costosa que en España y 90% más que en Brasil”, explicaron.
Ahora, se oficializó la baja en donde los aranceles de ropa y calzado pasarán de 35% a 20%, los de telas del 26% al 18%; y de los distintos hilados de 18%, a 12%, 14% y 16%”. Con los cambios introducidos ahora, el Gobierno busca ajustar los gravámenes para mejorar la competitividad interna y reducir los precios.
La visión del Gobierno para bajar los aranceles a la ropa, calzado e hilados
El Ejecutivo confía en que estas reformas permitirán reducir los precios de la indumentaria en Argentina, facilitando el acceso de los consumidores a productos más competitivos en el mercado.
Desde el Gobierno sostienen que esta medida se enmarca en una estrategia más amplia para impulsar la competencia y reducir la inflación en el sector textil y del calzado. Durante 2024, la Secretaría de Industria y Comercio ya había implementado acciones en esta línea, como la eliminación del control aduanero del etiquetado de productos textiles y de calzado, la supresión del estampillado obligatorio, la flexibilización del canal rojo normativo y la eliminación de la Declaración Jurada de Composición de Producto (DJCP) y las licencias de importación.
“Esta decisión se suma a los esfuerzos de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía durante 2024 para alentar la competencia y la baja de precios textiles en Argentina y la baja de la inflación”, concluyeron.
La queja de los industriales por la baja de aranceles
La Unión Industrial Argentina (UIA) expresó su preocupación por la decisión de la administración de Javier Milei, en cuanto a la baja de aranceles a las importaciones de productos textiles.
En el escrito, detallaron: “Es preocupante que la agenda de integración comercial no esté acompañada de una agenda de competitividad dentro del país. En los últimos meses la UIA ha advertido sobre la necesidad de atender las cuestiones que dificultan la competencia desleal y propuesto un camino en pos de nivelar la cancha frente a las desigualdades generadas por el llamado costo argentino”.
“La industria textil, de indumentaria y calzado se encuentra entre los principales empleadores en provincias como Buenos Aires, Catamarca, CABA, Santiago del Estero y Tucumán, y se estima que de los 30 mil empleos industriales perdidos durante el último año, más de 10 mil corresponden a esa cadena. Esta pérdida del empleo, sumada a un aumento de la informalidad, podría acelerarse frente a una apertura indiscriminada sin antes equilibrar las condiciones locales”, agregaron.
Remarcaron que en enero, el rubro textil registró un aumento de precios del 0,6% mientras que la indumentaria de producción textil aumentó un 1%. A raíz de esto, el aumento de prendas de vestir y calzado en IPC en febrero dio 0,4%, muy lejos del incremento de precios de otros sectores de la economía.
“Adicionalmente, los sectores textil e indumentaria están especialmente afectados por los problemas de comercio ilegal, contrabando y falsificación marcaria, entre otras. Del último relevamiento del CEU-UIA, un 33% de las empresas relevadas afirmaron que el contrabando las afectaba negativamente, llegando al 80% en el caso de las empresas del sector textil, indumentaria y confecciones”, explicaron.
Y cerraron: “Finalmente la UIA insistió en la necesidad de tener una coordinación entre la agenda de competitividad y la integración comercial para no seguir profundizando la caída de la producción industrial y el empleo, en especial mediante la baja de impuestos nacionales, provinciales y municipales”.