Erróneamente, o inclinados por otros intereses, medios nacionales daban cuenta este miércoles que, lo dispuesto por el ministro de Economía publicado este miércoles en el Boletín Ofical de derogar la resolución 684 del 11 de octubre de 2022 del entonces Ministerio de Transporte, dejaba sin efecto la normativa que pesaba anteriormente respecto al “seguro de responsabilidad civil de personas transportadas en servicios de transporte automotor interurbanos de pasajeros de larga distancia”.
Es decir, según estos medios, ”la normativa actual deroga la implementada durante el gobierno de Alberto Fernández, que había ampliado el seguro de responsabilidad civil para cubrir riesgos de muerte e incapacidad en accidentes de transporte automotor interurbano de pasajeros. Ahora, las empresas de transporte solo deberán ofrecer a los pasajeros los seguros básicos contratados, lo que podría reducir las tarifas al eliminar el costo adicional del seguro ampliado”.
Con lo cual, se infería que, los pasajeros ”podrían encontrarse en una situación más vulnerable en caso de accidentes”.
Algo totalmente falso, ya que los pasajeros siguen contando con el seguro de responsabilidad civil para pasajeros transportados y terceros, que obligatoriamente tienen cada una de las empresas de transporte desde el mismo momento en que comenzarona prestar sus servicios.
El fondo de la cuestión
En verdad, la Resolución 775/2024 que ahora adoptó la gestión de Milei viene a responder al sostenido reclamo que la Asociación Civil Cámara Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros (CATAP) realizara ante la Justicia tras la implementación de aquella otra Resolución – la N°648/2022 – que imponía la obligatoriedad de contratar un seguro adicional de responsabilidad civil para las empresas de transporte público de pasajeros de jurisdicción nacional incluídas en el Decreto 958/92, no obstante la existencia de otro seguro obligatorio que las mismas ya tenían contratado desde el inicio de sus actividades.
Es decir, se obligó a las transportadoras de pasajeros a aplicar un segundo seguro para cada pasajero de unos $250, en ese momento, cualquiera sea el trayecto que dicho pasajero realizara. Es decir, un ciudadano transportado por las empresas que iba de la Ciudad de Buenos Aires a Rosario, pagaba lo mismo que otro que se trasladaba a Jujuy. Y ese costo, lo pagaba el pasajero.
Claramente, el sobreseguro impuesto en la gestión de Massa para micros de larga distancia, desató la inmediata respuesta judicial de las empresas, pero la norma se siguió aplicando beneficiando la misma a cuatro aseguradoras.
Pese a que desde el mes de abril contaba con el aval de las áreas jurídicas de Economía y de la Secretaría de Transporte para darlo de baja, el ministro Caputo dilató más de la cuenta la derogación del sobreseguro que, según las empresas del sector, tenía como beneficiarias principales a las firmas Protección, Rivadavia, Garantía y Argos, las mutuales de seguros que concentran las pólizas de viajes de larga distancia.
Ahora, la derogación de este sobreseguro dispuesto por la Nación, además, se da en medio del escándalo por el negocio de las pólizas que jaquea al expresidente Alberto Fernández.
Propia/La Voz/Letra P