Mediante el decreto 27/2026, el Gobierno actualizó la estructura y competencias del Ministerio de Salud de la Nación bajo el argumento de fortalecer su rol rector y de control sobre el sistema sanitario. Entre los cambios se creó la Secretaría Nacional de Discapacidad, en reemplazo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), disuelta a fines del año pasado. Además, también efectuó cambios sobre la política de drogas.
El cambio ministerial – preanunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni – se apoya en el informe final de intervención del organismo, que detectó irregularidades de gravedad en contrataciones, debilidades estructurales en los controles internos y un ecosistema tecnológico fragmentado que afecta la gestión del Certificado Único de Discapacidad, las pensiones no contributivas por invalidez y el Programa Federal Incluir Salud.
La nueva área continuará a cargo de la formulación de políticas vinculadas a discapacidad y de la conducción del proceso de otorgamiento de las pensiones por invalidez, pero dentro de la estructura de la cartera que conduce Mario Lugones, por lo que perderá su estado de organismo descentralizado.
La reforma tiene lugar luego del escándalo por presuntos hechos de corrupción en la gestión de Diego Spagnuolo en ANDIS, quien en audios que están en poder de la Justicia afirmó que las empresas proveedoras de medicamentos pagaban presuntas coimas a funcionarios nacionales, entre ellos Karina Milei, para quedarse con los contratos.
El cambio de estructura de la agencia y su transformación en secretaría dependiente de Salud apunta a mejorar la trazabilidad de los expedientes y robustecer las auditorías internas, según afirmaron desde el Gobierno. Mientras tanto, la investigación judicial sigue su curso.
Los objetivos de la nueva Secretaría Nacional de Discapacidad, exANDIS
La nueva Secretaría Nacional de Discapacidad tendrá como objetivo “entender en la elaboración, implementación, seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Inclusión para las Personas con Discapacidad, con eje en la igualdad de oportunidades y la plena integración a la sociedad de las personas con discapacidad”.
Además de atender cuestiones referidas al ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, la Secretaría también deberá presidir el Consejo de Articulación de Programas para Personas con Discapacidad y el Consejo Federal de Discapacidad.
Para lograr sus objetivos contará con dos subsecretarías: la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos, que se encargará de diseñar y coordinar programas que faciliten la inclusión y el acceso a derechos, y la Subsecretaría de Regulación, Certificación y Proyectos, que estará a cargo de la certificación de discapacidad, la regulación de prestaciones y la supervisión de proyectos específicos.
Ambas áreas apuntan a garantizar mayor articulación en la implementación de políticas públicas y mejorar la eficiencia en la atención de las personas con discapacidad.
Alejandro Vilches, médico especializado en gestión sanitaria, quedó a cargo de la nueva secretaría luego de la renuncia de Diego Spagnuolo. El Gobierno apunta a asegurar la continuidad en la gestión.
La absorción por Salud también incluye auditorías permanentes, criterios sanitarios en la administración de políticas de discapacidad y la eliminación de cargos políticos. Según Adorni, se efectuará la supresión de 16 puestos y habrá una caída de casi el 46% en la estructura jerárquica de la entidad.
La transformación no implicará la suspensión de pensiones ni recortes de prestaciones para personas con discapacidad, un dato que vale la pena subrayar en un contexto donde todo se reduce o se reorganiza con la etiqueta de “eficiencia”. En agosto pasado, Vilches había sido designado como interventor de la ANDIS, tras la renuncia del anterior titular, Diego Spagnuolo, involucrado en un escándalo por presuntos pagos de coimas.
Cambios en la política de control de drogas
La reorganización del Ministerio de Salud también incluye la transferencia integral de la gestión del Programa de Cannabis Medicinal a la órbita de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR). El objetivo es reforzar el enfoque sanitario, médico y científico del uso terapéutico del cannabis, conforme a la Ley 27.350.
El cambio en la estructura ministerial se complementa con la actualización de los requisitos de inscripción al Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), orientada a fortalecer la trazabilidad y prevenir desvíos de finalidad.
El proceso se alinea con la política oficial de reorganización interna y centralización de competencias, en búsqueda de mayor eficiencia y transparencia, según la cartera sanitaria. El Ministerio de Salud asume así un papel más protagónico en la administración de políticas públicas sanitarias y sociales, en especial en lo relativo a la discapacidad y a la regulación de prácticas terapéuticas emergentes como el uso del cannabis medicinal.
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