Desde la administración libertaria destacan que la reforma apunta a eliminar duplicaciones y superposiciones normativas e implementar mayores controles legales, presupuestarios y técnicos, e iniciar una comunicación institucional. Pero desde distintos sectores de la oposición cuestionaron tanto el contenido de la norma como su forma de promulgación, que evita el debate parlamentario.
Luego de que trascendiera que el gobierno de Javier Milei oficializaría en las próximas horas cambios importantes en la ley de Inteligencia Nacional, referentes de distintos sectores de la oposición se posicionaron públicamente en contra de esta medida, que se llevará a cabo mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), y reclamaron una respuesta del Congreso.
La medida que publica el Poder Ejecutivo este viernes en el Boletín Oficial le dará mayor poder a la SIDE, que concentrará información de todos los organismos especializados en inteligencia del Estado y de otras dependencias, creará un Centro Nacional de Ciberseguridad en la Secretaría de Innovación a cargo de la Jefatura de Gabinete y habilitará a los sistemas de inteligencia para solicitar apoyo técnico o logístico de Fuerzas Armadas, fuerzas federales y policías, entre otros puntos.
Una vez que trascendieron estos cambios que empezarán a regir en las próximas horas, la oposición expresó un contundente rechazo en las redes sociales, tanto por el contenido de la norma como por su forma de promulgación, evitando el debate parlamentario.
Fuerte rechazo de la oposición al DNU que modificará la ley de Inteligencia Nacional
El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro advirtió que la norma que promulgará el Gobierno es un “retroceso intolerable y de nulidad absoluta”. En primer lugar, señaló que el decreto “no tiene ni necesidad, ni urgencia” al explicar que “si el Presidente quería reformar la Ley, podía y debía haber enviado un proyecto al Congreso”.
Sin embargo, apuntó que al líder libertario “no le gusta gobernar según la Constitución porque para él es un obstáculo y prefiere siempre los atajos”. Además, remarcó que no se trata de una simple modificación sino una “reforma integral en una treintena de artículos de la ley que avanza sobre derechos y garantías constitucionales, debilita el control democrático y republicano, y concentra poder de manera peligrosa”.
Para concluir su publicación en X, el referente de la Coalición Cívica pidió a Martín Menem y a Victoria Villarruel, autoridades de la Cámara de Diputados y de Senadores respectivamente, que se regularicen y designen los nuevos miembros de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo “para que este DNU sea considerado y rechazado por el Congreso a la brevedad”.
Por su parte, el diputado peronista Agustín Rossi enumeró sus principales críticas al DNU del Gobierno y advirtió que el texto “fortalece la idea de un Estado represor, oscuro, con ausencia de derechos y garantías para la ciudadanía argentina”.
Al igual que Ferraro, cuestionó la forma en la que el Poder Ejecutivo decidió implementar esta reforma, reclamó que el Congreso lo rechace y que las eventuales modificaciones a la norma actual se hagan mediante una ley votada por el Poder Legislativo.
En la misma línea, el exministro de Defensa y actual diputado Jorge Taiana señaló que los cambios en la ley buscan darle un “marco legal a lo que ya hacen y a lo que quieren hacer” en materia de inteligencia. “La consecuencia será un Estado policial que recortará varios derechos y perseguirá y controlará a opositores”, alertó.
Respecto al área de Defensa, criticó la disolución de Diniem y la concentración el poder en la dirección estratégica militar del EMCO. De esta manera, sostuvo que “subordinan la inteligencia militar al área de seguridad, dando un paso más en convertir a las FFAA en un auxiliar de las fuerzas de seguridad”. Para concluir, consideró que “se avanza así en el objetivo de transformar las fuerzas armadas en una Guardia Nacional , como impulsan desde hace años desde el Comando Sur”.
En tanto, el diputado socialista Esteban Paulón también arremetió contra el DNU del Gobierno y enfatizó que “generaliza un estado de sospecha y transfiere competencias sensibles a las áreas bajo el control de Karina Milei”.
“La interna entre Karina y Santiago Caputo es un riesgo para la seguridad nacional y pone en riesgo la autonomía e independencia de la Inteligencia nacional”, advirtió.
Desde la Unión Cívica Radical, Ricardo Alfonsín cuestionó tanto el contenido y las formas del decreto de la administración libertaria y reconoció estar “preocupado”.
Al igual que otros integrantes de la oposición, remarcó que no había necesidad de promulgar la reforma mediante un DNU y dejó en claro que estos son cambios que deben ser “dialogados, debatidos, consensuados” en el Congreso. De esta manera, consideró que debería ser impugnado por la Justicia.
Por último, advirtió que Milei tiene “poco aprecio” por “los valores republicanos y democráticos” y deseó que “las fuerzas políticas se manifiesten” en contra de esta medida.
El diputado de izquierda Christian Castillo también se pronunció sobre el tema y sostuvo que “implica un salto en el espionaje a opositores políticos y periodistas y en la legalización de un estado policial. Debe ser anulado por el Congreso”.
Y el exdiputado y exmiembro de la Bicameral de Inteligencia del Congreso, Leopoldo Moreau, dijo, a su vez, que este texto es una “suma de aberraciones” por el “contenido y su alcance” al señalar que “viola la Constitución Nacional” y alertó que es un “claro retroceso democrático”.
“Es la segunda vez que Milei dicta un DNU para modificar la estructura y las normas que rigen el sistema de Inteligencia. En este caso, pasa descaradamente por encima de las facultades del Congreso. Obliga a toda la administración nacional y provincial a transformarse en delatores de la oposición política”, repudió.
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