“Esto me mató porque ahora no tengo obra social y una de mis tres hijas tiene una enfermedad que necesita medicación… por suerte me la consigue gente amiga”, cuenta Marcelo Coronel, despedido del Ministerio de Cultura por el gobierno de Javier Milei que ahora se dedica a alquilar pantallas, luces y parlantes propios y de conocidos para eventos. Es una changa informal para complementar el bajo sueldo de su esposa en una casa de comidas. “La estamos pasando pésimo. Encima es complicado lo mío porque la gente no gasta un peso y menos en joda”, lamenta Marcelo.
Él es uno de los 50.000 empleados estatales echados a los que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tachó de manera indiscriminada de “ñoquis” en una entrevista con Luis Majul. Cuando este periodista le preguntó si no era cruel, Sturzenegger le contestó que interrogaba mal y que debía indagar sobre cuántos empleos había generado el sector privado gracias a que había bajado el gasto público y así también algunos impuestos. Majul le recordó que la desocupación subía, pero el ministro respondió que había 200.000 puestos de trabajo más que hace un año… se olvidó de aclarar que eran en negro, informales o no registrados, como se los prefiera llamar.
No es de extrañar: el gobierno de Milei promovió dentro de la ley Bases, aprobada por la oposición ahora no tan dialoguista, una reforma laboral que eliminó las multas por emplear sin aportes a la Seguridad Social. Se suponía que era una medida para abaratar el costo de despedir e incentivar así la formalización, pero al mismo tiempo constituyó una despenalización de los contratos sin registro. Lejos de lograrse una exitosa moratoria laboral en 2024, terminó ocurriendo una flexibilización laboral de hecho vía trabajo no registrado.
En el primer trimestre, los puestos de trabajo totales de la economía crecieron 1,1% interanual, alcanzando 22,7 millones. “El incremento de puestos por cuentapropistas/no asalariados (+4,7%) y, en menor medida, los asalariados informales (+0,8%) más que compensaron la caída de los puestos de trabajo asalariados formales (-0,6%)”, señaló la consultora Equilibra, que dirige Martín Rapetti. Esa “merma se concentró en los asalariados privados formales (-0,9%) ya que los del sector público cayeron mínimamente (-0,1%)”, continúa el análisis.
Los sectores que más empleos perdieron
“Los sectores donde más puestos de trabajo se destruyeron fueron industria (-3,1%) y servicios sociales y salud (-4,3%) mientras que los que más se crearon fueron en comercio (+3,8%), hoteles y restaurantes (+13,9%) y transporte (+6,1%)”, prosigue Equilibra. “Los puestos de trabajo creados, mayormente cuentapropistas e informales, están asociados a sectores donde abundan los empleos de plataformas, como pedidos de comidas o transporte de personas”, completa la consultora. Por eso, Rapetti tweeteó en la red X: “Se extingue el operario industrial y lo reemplaza el chofer de Uber y el repartidor de Rappi. El empleo privado formal sigue cayendo pero más que se compensa con aumento del cuentapropismo. Encima trabajan mas horas para compensar menos ingresos”.
Pero Daniel Schteingart, director de planificación productiva de la fundación Fundar, que elaboró un informe sobre informalidad laboral, aclara que los trabajadores de Uber y Rappi son formales porque facturan como monotributistas y, como tales, aportan a la Seguridad Social para tener cobertura sanitaria y futura jubilación. Esto es independiente de la discusión de si se trata de una relación de dependencia encubierta. “Son un porcentaje muy chico de la economía”, aclara Schteingart. En cambio, son empleados a quienes sus patrones no les aportan.
“Si pedís un aumento de $1.000 o 2.000 por hora, te echan, imaginate si vas pedir que te empleen en blanco”, comenta Yelenis Rojas, que emigró con sus tres hijos desde Venezuela en 2023, primero cuidó ancianos y ahora limpia casas particulares. “Me gustaría trabajar en blanco por los beneficios que tiene, para la salud, para tener a futuro una jubilación”, se ilusiona Yelenis.
“Un ejemplo es un empleado de un kiosco o una empleada doméstica”, explica Schteingart. Además están los cuentapropistas informales: “Manteros, feriantes, albañiles, que no están inscriptos en el monotributo. Son los que más crecen. Empleados industriales despedidos que ahora hacen changas, obrero de la construcción que estaba en blanco y ahora trabaja como albañil y cuentapropistas mujeres, que vienen creciendo desde hace años, que con la baja de la natalidad buscan trabajo y no encuentran y se arman, por ejemplo, su propio emprendimiento de elaboración de comida”, ejemplifica el experto de Fundar.
En la asociación De Puertas Abiertas, que apoya a microemprendedores, lo perciben. “Notamos desde el año pasado un aumento en la cantidad de personas que se acercan necesitando emprender”, cuenta el codirector de De Puertas Abiertas, Mateo Verrastro. “Necesitan activar una fuente laboral nueva para poder sobrevivir, ya sea porque no les alcanza o porque perdieron su trabajo. Además nos sorprendió notar que en una reunión de ingresantes a nuestro programa de capacitación la mitad contaban que habían tenido que cerrar su local y estaban viendo cómo reinventarse para sobrevivir”, cuenta Verrastro.
9 millones de trabajadores informales
“La informalidad laboral es uno de los grandes problemas del mercado de trabajo argentino”, advierte Fundar. “Suele estar asociada a malas condiciones laborales, bajos salarios y falta de derechos básicos. En el país, el 36% de los asalariados trabaja de manera informal. Si sumamos a los trabajadores independientes, la cifra asciende al 42%. Esto equivale a casi 9 millones de personas con empleo informal: 5,5 millones son asalariados y 3,3 millones, cuentapropistas. Entre los trabajadores independientes, la cifra sube al 57%”, continúa el reporte.
“Nueve de las doce provincias con mayor informalidad asalariada pertenecen al Norte Grande”, analiza Fundar por regiones. “En distritos como Salta, Santiago del Estero y Tucumán, más de la mitad de los asalariados trabaja en la informalidad. En el otro extremo, las seis jurisdicciones con menor informalidad son las cinco provincias patagónicas y la Ciudad de Buenos Aires, que no casualmente figuran entre las regiones más ricas del país. En esos casos, la informalidad asalariada es inferior al 30%, y en provincias como Tierra del Fuego y Santa Cruz, incluso menor al 20%”, prosigue la entidad.
“En general, existe una correlación clara entre el nivel de desarrollo económico —medido por el PBI per cápita o la densidad empresarial— y la informalidad laboral”, explica Fundar. “Además, su estructura productiva está concentrada en actividades con alta informalidad relativa, como el agro. A esto se suma el menor poder adquisitivo de la población, que empuja a una mayor informalidad en el consumo (para pagar menos, a costa de la evasión impositiva), lo cual también desalienta la formalización en sectores como el comercio.”
La informalidad está nueve puntos porcentuales por encima a los años 80. Pero este aumento no fue lineal: puede dividirse en al menos cuatro etapas, según Fundar. La primera fue de 1986 a 2003, cuando la informalidad asalariada saltó del 26,9% al 49,4%. “El proceso de desindustrialización iniciado en los 70 tuvo como contracara la destrucción de buena parte del entramado productivo que había caracterizado a la Argentina durante gran parte del siglo XX. Esto se tradujo en un crecimiento sostenido del empleo informal. Incluso en los 90, cuando la economía crecía con fuerza, la informalidad siguió aumentando. Mientras se destruían puestos registrados, crecían ocupaciones en sectores que históricamente funcionaban por fuera de la legalidad. A su vez, las instituciones encargadas de regular las condiciones de trabajo, como el Ministerio de Trabajo o, más adelante, la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), perdieron capacidad de respuesta: no fiscalizaban ni promovían activamente la formalización”, recuerda el estudio.
La segunda etapa comenzó tras la crisis de la convertibilidad. “La fuerte recuperación económica permitió reducir los niveles de informalidad, impulsada tanto por la reactivación como por un fortalecimiento institucional: se reintrodujeron convenios colectivos suspendidos en los 90 y los organismos de control comenzaron a intervenir con más fuerza. Entre 2003 y 2011, la informalidad bajó de forma acelerada. Entre 2011 y 2015 la baja continuó, pero de forma mucho más lenta. En ese período de estancamiento económico, la formalización fue casi exclusivamente producto del aumento del empleo público, y ya no del dinamismo del empleo privado formal, que había sido clave en los años anteriores”, rememora Fundar.
“La tercera etapa comienza en 2015, con un nuevo ciclo ascendente de la informalidad asalariada, aunque de menor intensidad que el del final del siglo XX”, continúa el informe. “Entre ese año y 2024, la informalidad volvió a crecer, pasando del 32,6% al 36%. La suba de la informalidad en la última década se explica sobre todo por el estancamiento económico. Desde 2011, el empleo asalariado formal en el sector privado prácticamente no creció. Y, contrario a lo que suele pensarse, es justamente este tipo de empleo el más sensible al ciclo económico. En cambio, el empleo informal asalariado y el trabajo no asalariado muchas veces crecen incluso en contextos de crisis.”
La tasa de informalidad entre asalariados del 36,2% es seis puntos menor al promedio simple de los países de América Latina (42,6%), pero es notoriamente más alta que en países como Uruguay (9,6%), Chile (14,8%) y Brasil (23,6%), aunque más baja que en Bolivia (53,7%), Perú (57,7%), Paraguay (58,6%), México (62,4%) o Guatemala (71,5%). “En líneas generales, se observa una fuerte correlación entre el PBI per cápita y los niveles de informalidad. No sorprende que Uruguay y Chile, entre los países más ricos de la región, tengan tasas de informalidad más bajas. Tampoco resulta extraño que los países centroamericanos, los más pobres de América Latina, estén entre los más informales. Sin embargo, aunque la relación entre ingresos y formalidad es clara, no lo explica todo. El caso de Argentina lo ilustra bien: si bien su informalidad es menor al promedio regional, es mayor que la de varios países con menor ingreso per cápita, como Brasil o Colombia”, señala Fundar.
“Un posible factor que explica esta brecha es la relativamente alta presión tributaria sobre el trabajo en Argentina, que encarece la contratación formal”, opina el informe curado por Schteingart. “La informalidad está asociada a las normativas que regulan el empleo asalariado. Esas normativas implican costos, como aportes jubilatorios y contribuciones a la seguridad social, que varían mucho entre países. En contextos donde las reglas son más laxas y los costos de registrarse son menores, es más probable que aumente la formalidad. Pero esta menor presión también tiene un costo: reduce la capacidad de los estados para financiar sus sistemas de seguridad social”, concluye Fundar, que preside el empresario Sebastián Ceria.
No obstante, estas afirmaciones también pueden discutirse. Países con bajos aportes patronales como porcentaje del salario, como Perú (9% al 10%) y Guatemala (13%), igualmente son reinos de la informalidad. Es cierto que Uruguay (15%) y Chile (4%) cobran poco por empleado. Pero en Brasil se tributa más (del 26% al 29%) que en la Argentina ( del 24% al 27%). Y en países donde predomina la registración como los europeos se paga más en Francia (del 25% al 35%), España (32%), eItalia (del 29% al 32%), aunque menos en Alemania (20%).
Por Alejandro Rebossio
elDiarioAR