Respecto al primero, señala que mediante el artículo 74 de la Ley N° 26.895 y su modificatoria se autorizó al Ejecutivo “a crear y/o constituir y/o participar en fideicomisos, destinado al otorgamiento de avales para la facilitación del acceso al crédito a los beneficiarios del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (PRODAF)”.
En esa línea, argumentan que “el fideicomiso que instrumentó el Programa antes citado ha cumplido con su objeto, según lo informado por la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA”.
La ley 27.078 declaró de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las Telecomunicaciones. Mediante la misma, se creó el Fondo Fiduciario del Servicio Universal “financiado con los aportes de inversión realizados por los licenciatarios de servicios de TIC, equivalente al uno por ciento (1 %) de los ingresos totales devengados por la prestación de los Servicios de TIC (…)”.
El decreto señala que la duración del contrato sería de tres (3) años “a contar desde la fecha de suscripción del mismo, renovable tácitamente por iguales plazos en caso de que ninguna de las partes notifique a la otra su voluntad de extinguir el contrato”. Y asegura que “se ha puesto de manifiesto la existencia de casos de proyectos aprobados” en los que “no se pudo fundamentar dicha condición, en tanto de las actuaciones no surge con claridad el cumplimiento de los requisitos establecidos normativamente para su inclusión en los beneficios”.
En tercer lugar, el decreto indica que a través del artículo 59 de la Ley N° 27.341 se creó el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social “el cual tiene por objeto principal financiar los programas vigentes de vivienda social e infraestructura básica, con fondos públicos, privados y de organismos internacionales, multilaterales o trilaterales”.
En ese sentido, remarcan que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) expresó que “no se acreditó la devolución de las sumas aportadas por el FONDO FIDUCIARIO PARA LA VIVIENDA SOCIAL respecto de obras que se encuentran rescindidas y que, por otro lado, en el marco de los programas “Reconstruir” y “Casa Propia” se verificaron obras culminadas que no cuentan con rendición final por parte de los entes ejecutores”.
Por ese motivo, consideran como oportuno avanzar con “la disolución del FONDO FIDUCIARIO PARA LA VIVIENDA SOCIAL, del FONDO FIDUCIARIO DEL SERVICIO UNIVERSAL y del Fideicomiso “Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar” (PRODAF), derogando sus normas de creación particulares”.
La desintegración de los fondos se respalda en el artículo 5° de la Ley N° 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos en la que “se autorizó al PODER EJECUTIVO NACIONAL a modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos de conformidad con las reglas que allí se establecen, y las que surjan de sus normas de creación, instrumentos constitutivos u otra disposición aplicable”.
Motosierra a los fondos fiduciarios
El gobierno de Javier Milei profundiza el ajuste sobre el sector público con una nueva disolución de fondos fiduciarios. Luego de eliminar el PROCREAR, ahora dispuso dejar sin efecto cinco fideicomisos vinculados a la promoción de capital emprendedor, asistencia a víctimas de trata, competitividad del sector azucarero en el NOA, refinanciación hipotecaria e inversión estratégica.
Desde el inicio de su gestión, Milei lleva adelante una auditoria sobre los fondos fiduciarios que derivaron en su disolución. Uno de los primeros en ser eliminado fue el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, creado por el Gobierno de Alberto Fernández para el fortalecimiento bonaerense con recursos obtenidos a partir de la revisión de los montos otorgados a la Ciudad por el traspaso de la Seguridad.
El mismo día también ordenó modificar el Impuesto PAÍS para reducir al mínimo el reparto que recibía, hasta ese momento, el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), la herramienta fiduciaria utilizada por el gobierno anterior para la urbanización de barrios populares. El FISU, que antes de la modificación recibía la tercera parte del 30% recadado por el impuesto, vio reducido su financiamiento a la mínima expresión ya que apenas recibirá un 1%.
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