En línea con el cierre de organismos públicos clave para alcanzar la eficiencia fiscal, el Gobierno eliminó de un plumazo la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), una entidad con representación multisectorial y federal que cumplía un papel importante en las regulaciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial sobre los alimentos que consumen las y los argentinos. Lo comunicó comunicó este martes a través del Decreto 538/2025, publicado en el Boletín Oficial.
La CONAL había sido creada en 1999 por el Decreto 815, como parte del entonces nuevo Sistema Nacional de Control de Alimentos (SNCA). Su función era articular y asesorar en la elaboración, revisión y actualización del Código Alimentario Argentino (CAA), la norma que establece qué puede comercializarse como alimento en el país y bajo qué condiciones. La comisión estaba integrada por representantes del Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también por expertos provenientes de sectores académicos, científicos, industriales y agropecuarios.
En términos prácticos, la CONAL servía como una instancia técnica colegiada que promovía el consenso federal y multisectorial en torno a decisiones sobre qué ingredientes, procesos y productos podían ser habilitados, prohibidos o modificados en el mercado alimentario. En síntesis, por éste carácter interdisciplinario, cumplía un rol clave: garantizar que las decisiones sobre seguridad alimentaria se basaran en evidencia científica y no exclusivamente en criterios político-administrativos. Pero en la era Milei, las prioridades pasan por otro lado.
A través del DNU que lleva la firma del Presidente y su gabinete, se resolvió la disolución de la comisión, y se transfirieron sus principales funciones a dos organismos nacionales: la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), que depende del Ministerio de Salud; y el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), bajo la órbita del Ministerio de Economía. Ambos entes ya tenían participación activa en el sistema de control de alimentos y ahora pasarán a concentrar plenamente las tareas de actualización normativa.
Como viene haciendo desde el inicio de su gestión, el Gobierno justificó esta decisión en el texto por la necesidad de “agilizar procesos”, “eliminar estructuras intermedias” y “modernizar” el Estado.
“La dinámica actual de la producción, industrialización y comercio de alimentos exige mecanismos de respuesta más ágiles y directos, que pueden verse innecesariamente ralentizados por la intermediación de un cuerpo colegiado de carácter asesor como la Comisión Nacional de Alimentos”. En ese marco, el Ejecutivo sostuvo que “las funciones de coordinación y propuesta de actualización del Código Alimentario pueden ser asumidas de forma más eficiente por los organismos sustantivos”.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró en un posteo de su cuenta de X la decisión, y aseguró que la normativa “agilizará los trámites, facilitando la operatoria de la industria”.
“En definitiva se trata de reducir instancias burocráticas focalizando la intervención en los organismos competentes”, consignó el funcionario.
En ese sentido, el texto del DNU, el Gobierno argumentó además que la disolución de la CONAL no implicaría un debilitamiento en el control de los alimentos, sino una mayor concentración de responsabilidades técnicas. Y remarcó que la actualización del Código quedará en manos del Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía, que podrán recurrir a asesoramiento técnico externo con plazos acotados: “los expertos tendrán un plazo máximo de 15 días hábiles administrativos para presentar sus informes desde el acto de designación”.
La medida supone una transformación profunda en el modo en que se definen las reglas del consumo alimentario en Argentina. Hasta ahora, la participación de las provincias, CABA y distintos sectores científicos e industriales dentro de la CONAL garantizaba un sistema federal y plural en la toma de decisiones. Con su disolución, se centraliza el poder normativo en el Gobierno nacional, lo que podría generar tensiones o cuestionamientos en relación a la transparencia y legitimidad de futuras modificaciones al CAA.
Además del cierre de la CONAL, el DNU derogó otros artículos del Decreto 815, como el que creaba las cabinas sanitarias únicas para controlar alimentos en tránsito entre jurisdicciones, un esquema que el Gobierno consideró obsoleto ante la digitalización y el accionar aduanero.
También se eliminaron disposiciones sobre campañas de prevención, criterios de coordinación y referencias a los municipios, que ya no participan en el sistema de registro de productos. Según el DNU, estas decisiones responden al objetivo de alcanzar “una gestión más austera, eficaz y orientada a resultados, en beneficio del interés público”.
En síntesis, la nueva arquitectura institucional plantea un modelo más concentrado, en el que ANMAT, SENASA y las autoridades sanitarias provinciales y de CABA operarán con acceso exclusivo a una base de datos centralizada, bajo control de la ANMAT. Mientras tanto, el Ministerio de Salud y el de Economía podrán resolver las actualizaciones del Código Alimentario mediante resoluciones conjuntas, y solo si lo consideran necesario, consultar a expertos. El Gobierno aseguró que este rediseño permitirá “facilitar el comercio sin desatender la protección de la salud pública”.
Página/12