El Gobierno, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) avanzó con una reducción en los contratos de alquileres de oficinas que eran utilizadas por distintos ministerios en todo el país, con el objetivo de reducer el gasto público.
A través de la medida se dieron de baja 71 contratos de alquiler en todo el país, lo que representa un ahorro mensual de $191.518.251 y un ahorro anual de $2.298.218.220.
De este modo, se dieron de baja 23 contratos en provincia de Buenos Aires y 7 en CABA, además de sucesivos alquileres en Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y en Tucumán.
Qué oficinas funcionaban en los alquileres dados de baja
En dichas oficinas funcionaban más de 3.500 puestos de trabajo de la Secretaría de Turismo y Deporte, Superintendencia de Servicios de Salud, Secretaría de Industria y Desarrollo, ANSES, AFIP, Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), INADI, ENARGAS, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), Migraciones, Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Policía Federal Argentina, ENACOM, entre otras. En la mayoría de los casos, los trabajadores fueron relocalizados en oficinas y edificios de propiedad del Estado Nacional.
Según información oficial, el Gobierno nacional prevé la baja de 106 contratos de alquiler adicionales en el futuro cercano.
El ajuste fiscal de Luis Caputo representó casi 6 puntos del PBI en el primer semestre
El ajuste fiscal implementado por el gobiernod e Milei durante el primer semestre fue equivalente a 5,6 puntos del Producto Bruto Interno (PBI) si se lo anualiza. El resultado fue conseguido gracias a un desplome real del 32% en el gasto público, respecto de los primeros seis meses de 2023.
El presidente Javier Milei había anticipado a fines de mayo que en junio podría llegar a observarse el primer déficit primario de 2024 por los pagos del aguinaldo. En ese marco, algunos analistas consideraron que, para poder sostener el superávit financiero, el Gobierno retrasó pagos, específicamente a las generadoras de energía eléctrica.
Las caídas en el gasto más significativas, por su peso en la estructura general, se vieron en subsidios a la energía (-81,2% real interanual), inversión real directa (-65,5%) y programas sociales (-47,2%).
Fuente: Ámbito