Sin embargo, en abril finalmente la Nación no renovó los contratos a más de seiscientos profesionales de la salud que trabajaban desde hace seis años en 12 provincias para brindar consejería en salud sexual en escuelas secundarias y espacios comunitarios y garantizar el acceso a métodos anticonceptivos de larga duración y a ILE/IVE en centros de salud.
“El 27 de marzo nos pagaron el mes de marzo. Y no tuvimos ninguna comunicación más sobre la renovación de nuestros contratos y la continuidad del Plan y dejamos de trabajar”, contó a Página12 la médica generalista Elena Meyer, que integraba los equipos territoriales del Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia en el departamento de San Pedro, al sur de Jujuy. Esa misma situación se está dando en otras provincias.
El Plan ENIA se venía desarrollando en Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy y provincia de Buenos Aires. Empezó en las jurisdicciones con indicadores más altos de embarazo en adolescentes.
En diciembre, la Nación había extendido los contratos del personal del Plan ENIA por tres meses, de enero a marzo. “Pero en marzo no tuvimos ningún referente como interlocutor para saber sobre nuestra situación”, contó Meyer.
En Jujuy, donde se registraba la tasa de embarazo en adolescentes del país supera la media nacional, en los últimos años se redujo a más de la mitad: “En 2018, al inicio del Plan ENIA, en Jujuy el 15 por ciento de los nacidos vivos fueron hijos de madre adolescente. Tres años más tarde, en 2022 ese porcentaje bajó al 7 por ciento. Es decir, en 4 años logramos bajar 8 puntos”, destacó Meyer y lamentó la desarticulación del programa. Hoy la tasa jujeña está por debajo de la nacional, subrayó Meyer.
“Es un gran retroceso. No podemos creerlo. Las consecuencias las vamos a observar en los próximos años”, lamentó. “Hemos pedido que se provincialice pero no tuvimos respuesta”, agregó Meyer.
Carlota Ramírez, directora de Equidad de Género en Salud bonaerense confirmó la misma situación en la provincia de Buenos Aires. “El Plan está parado. La Nación no renovó los contratos a 85 personas”, señaló. “No hay interlocutor en el Ministerio de Salud con quien hablar del tema”, apuntó.
Meyer destacó que “la clave del ENIA”, más allá de los insumos como anticonceptivos subdérmicos, de larga duración, que enviaba el Ministerio de Salud, eran las asesorías en salud sexual, con asesores que coordinaban las acciones y que tenían a su cargo dos o tres escuelas secundarias y eran el nexo para que adolescentes recurrieran a un centro de salud.
En números absolutos, la reducción de embarazo en adolescentes en Jujuy, fue la siguiente, según cifras oficiales de la provincia que proporcionó Meyer: En 2018, se registraron 1818 partos de madres de 15 a 19 años y 43, en menores de 15 años; en 2021, 1325 y 26; y en 2022, 589 y 20, respectivamente.
Como se informó en el diario Página, no era un programa caro. Prevenir cada embarazo no intencional en adolescentes le costaba al Estado apenas unos 60 dólares al año.
“Era un ejemplo para la región”, destacó a Página 12 Fernando Zingman, exjefe del Área Salud de Unicef Argentina, y ex coordinador Nacional de Salud en Adolescentes del Ministerio de Salud. Zingman fue integrante del consejo consultivo del Plan ENIA.
“Ha tenido muy buenos resultados. Es muy preocupante que no continúe. Cuando algo funciona no hay por qué eliminarlo. Se puede corregir o mejorar si hace falta. Esperemos que continúe”, consideró a este Marisa Graham, defensora nacional de Niños, Niñas y Adolescentes.
El Plan se puso en marcha durante el gobierno de Mauricio Macri y continuó en la gestión de Alberto Fernández. Según evaluaciones de su impacto, permite ahorrar 0,16 por ciento del PBI si se contabilizan los costos asociados a la atención de una gestación y el parto en chicas de 10 a 19 años, y las contribuciones que se pierde el Estado porque estas mujeres – está estudiado y probado – terminan en menor proporción la escuela secundaria y en su adultez estarán más desempleadas que aquellas que no tienen hijos a edades tempranas, según el estudio Milena, realizado por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).
El desguace del Plan se concreta en un Gobierno que rechaza la Educación Sexual Integral y ataca permanentemente a la Ley de IVE y el derecho al aborto.
Página 12