La encargada de defender el proyecto insignia de Santiago Caputo fue su mano derecha, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy. La funcionaria negó que el proyecto escondiera una amnistía para las empresas sancionadas por operar en la zona de Malvinas, justificó el cambio de paradigma sobre la noción de “defensa nacional” y rechazó que la iniciativa avanzara contra la libertad de expresión.
La encargada de defender el proyecto insignia de Santiago Caputo fue su mano derecha, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy. Ante el faltazo del ministro de Defensa, Carlos Presti, y el canciller Pablo Quirno, fue Ibarzabal Murphy quien tomó la posta para explicar, ante las acusaciones de los diputados de la oposición, los motivos que llevaron al Gobierno a presentar la ley de “Defensa de la Soberanía Nacional”. La funcionaria negó que el proyecto escondiera una amnistía para las empresas sancionadas por operar en la zona de Malvinas, justificó el cambio de paradigma sobre la noción de “defensa nacional” y rechazó que la iniciativa avanzara contra la libertad de expresión.
El oficialismo está decidido a avanzar con el proyecto de ley que Javier Milei anunció en cadena nacional poco después de que la sociedad hiciera caer el capítulo de extranjerización de las tierras nacionales. Incómodo tras el fallo de la Corte Suprema, que habilitó el artículo del DNU que derogaba la Ley de Tierras, el Gobierno quiere esperar a que la oposición fracase en su intento de voltear el DNU 70/2023 y, recién ahí, llevarlo al recinto. El objetivo es dictaminar la iniciativa la semana próxima y aprobarlo en la Cámara de Diputados el 21 de octubre, pese a las resistencias que la ley genera en organismos de derechos humanos.
Ibarzabal Murphy fue al plenario de comisiones de la Cámara de Diputados con el objetivo de mostrar al Gobierno dispuesto a “armonizar” el proyecto de ley con las inquietudes de los bloques opositores. “Vengo con mucha humildad a escuchar. Mi propuesta es que podamos deponer las armas”, afirmó la funcionaria, entre las risas irónicas de varios diputados de la oposición.
El peronismo, la izquierda y la Coalición Cívica denuncian que, detrás de la propuesta soberanista de aumentar las penas para aquellas empresas que exploten recursos en la zona de las Islas Malvinas, se esconde una reforma mucho más profunda. En la oposición aseguran estar de acuerdo con avanzar con la primera parte del proyecto, que endurece las sanciones contra las compañías que operan sobre el Mar Argentino, pero cuestionan el resto de los títulos del texto, que refiere al rol de las Fuerzas Armadas y que crea el Consejo de Seguridad Nacional con facultades extraordinarias.
“Esto es un bodoque normativo y de reformas que debería tratarse por separado. Hay una preocupación por la militarización y concentración del poder en el Ejecutivo que es grave”, cuestionó el lilito Maximiliano Ferraro, que denunció que el proyecto le abría la puerta a una “amnistía” para aquellas empresas que habían participado de proyectos en las Islas Malvinas. “Incorporar un régimen de desistimiento va a permitir que, bajo determinadas condiciones, se dejen sin efecto consecuencias penales y administrativas. Es un gris peligroso”, aseguró Ferraro.
La cristinista Lorena Pokoik fue más allá y denunció que el proyecto incluía “un blanqueo del saqueo de los recursos naturales”. Ibarzabal, cuando tomó la palabra, ni se mosqueó: “Lo que necesitamos es que esos proyectos (en las Islas) no sigan, por eso necesitamos generar algún incentivo para que la única respuesta del estado argentino no sea la inhabilitación total. No creemos que sea un blanqueo o amnistía a empresas anteriores”, aseguró.
La mayor parte de las críticas de la oposición giraron sobre el capítulo referido al “fortalecimiento ante la influencia extranjera”. El proyecto incorpora un nuevo tipo penal que castiga con hasta 12 años de prisión a quien, actuando por cuenta o financiamiento de un Estado u organización extranjera, “procure alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”. “Nada tiene que ver con la defensa a la soberanía, sino que busca la persecución y el disciplinamiento del pensamiento crítico de la oposición y la prensa”, cuestionó Ferraro.
“El Presidente es respetuoso de la libertad de expresión”, respondió Ibarzabal y, como toda explicación, agregó: “En ningún momento del proyecto se busca afectar la libertad de expresión, sino solo impedir la injerencia extranjera en nuestro territorio”.
“¿Qué tiene que ver la situación geopolítica de la Argentina con la de Estados Unidos que es un país que está todo el tiempo en guerra en algún lugar del mundo? Nosotros tuvimos, en 200 años, un solo conflicto bélico que fue el de Malvinas. ¿Y vamos a crear un Consejo de Seguridad Nacional?”, la cruzó Agustín Rossi, ex ministro de Defensa, quien también cuestionó la habilitación de la ley de derribo en todo el territorio nacional. “Pido que se lo restrinja a una zona área determinada. Porque ley de derribo es una pena de muerte sin juicio previo y se han cometido errores que después que quedan sin reparar”, solicitó.
Ibarzabal, sin embargo, se negó. Hizo lugar a muy pocos pedidos, solo deslizó que el Gobierno estaba dispuesto a crear una bicameral de seguimiento del Consejo de Seguridad. “La definición de Defensa quedó obsoleta, este concepto de seguridad nacional es más abarcativo y cotidiano. No es solo excepcionalidad de la guerra, sino que las amenazas son permanentes. Por eso creemos que tenemos que actualizar nuestro régimen jurídico”, finalizó.
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